07mar11
Informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras entre enero de 2010 y enero de 2011
INDICE
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
LIBERTAD DE EXPRESION
SITUACION DE DEFENSORES
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
IMPUNIDAD
MEDIDAS CAUTELARESNota Documental: Este informe se encuentra aún en proceso de redacción. Las secciones que restan por completar serán incorporadas al mismo próximamente.
I. PRESENTACIÓN
Un balance de 2010 en materia de derechos humanos no favorece a la vida, libertad individual, integridad física y moral, ni los derechos económicos, sociales y culturales.
El país continúa con el Estado de Derecho roto por el golpe militar de junio 2009, sin reparación constitucional.
Excesivas evidencias ubican al Estado en condición fallida en territorios y regiones donde sicarios, narcotraficantes y corruptos ejercen poder en colusión directa con “autoridades”.
La opinión pública mundial está atraída por la muerte violenta de 10 periodistas en el período que se documenta y, en general, por la cifra de 16 homicidios diarios que ubican a Honduras en situación de emergencia.
Las víctimas son hombres y mujeres del campo y de la ciudad-- la mayoría jóvenes --,y los victimarios nadie da con su paradero; los protege la impunidad.
Y de nuevo el país enfrenta la tortura y la desaparición forzada como figuras delictivas que pertenecían al pasado; hay casosdocumentados.
Desde las entrañas del tejido social se resiente la violencia, estimulada por los criminales organizados y el deterioro de las condiciones económicas, el desempleo, la negación del acceso a tierra, vivienda y la regresión de derechos y conquistas sociales de gremios clave para la gobernabilidad.
Todos los sectores de la comunidad internacional parecen conscientes de esa situación, aún aquellos que han dado soporte ideológico, político y económico al golpismo, pero lamentablemente el régimen que conduce los escombros del Estado no actúa en coherencia.
El plan propuesto en julio por la Organización de Estados Americanos para superar la crisis fue cumplido en términos formales en todos sus numerales, peroen ninguna de los casos cambió la situación que contenía los supuestos.
La incorporación del ex presidente Manuel Zelaya al Parlamento Centroamericano y la finalización de los juicios políticos abiertos en su contra tras su derrocamiento por las armas, que aseguren su retorno al país en goce pleno de sus derechos. Cumplido e incumplido.
Adopción de políticas públicas para la protección de los derechos humanos y la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad. Cumplimiento: cumplir y mentir.
Conformación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación con representatividad y mandato fuertes para documentar lo ocurrido antes, durante y después del golpe de estado. Cumplimiento.
Instalar un Diálogo Político pro constituyente. Instrumentado para promover el Plan de Nación que profundiza el modelo de desigualdad neoliberal.
Reformar la Constitución para fortalecer la Justicia y la gobernabilidad política.
Cumplimiento.
No obstante el déficit de cumplimiento, confirmado severamente todos los días con hechos lamentables, es pertinente destacar que 2010 tuvo elementos positivos en materia de derechos humanos, al menos cinco.
El primero es la decisión de las víctimas o sus parientes de divulgar los hechos al público y a las organizaciones no gubernamentales de protección, sin permitir que les paralice el miedo y el terror infundidos por los victimarios y su sistema de protección institucional.
El interés directo de un sector influyente de la Comunidad Internacional, que es políticamente serio y éticamente coherente, por demandar el cese de las violaciones a los derechos humanos en Hondurasy la sanción a los responsables, como condiciones imprescindibles para el regreso a la institucionalidad.
La presencia en el terreno, en distintos momentos, de varias misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos de trabajo especializados de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales internacionales especializadas en la materia, procurándose información directa y consolidando elementos para el litigio en derechos humanos.
La integración de la Comisión de Verdad con respaldo de la conciencia crítica del país, integrada por reconocidos profesionales del mundo y apoyada por las víctimas, para situar las graves violaciones a los derechos humanos de 2009 – 2011 en el contexto de inequidad estructural, violencia institucional e imperialismo.
El reconocimiento del trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos en el contexto post golpe de estado en tres capitales: Washington (Premio Letelier-Mofit), San Salvador (Premio Herbert Anaya) y La Haya (Premio Tulipán).
II. CONTEXTO
Contexto Nacional en Materia de Derechos Humanos
La Situación General de DerechosHumanosen Honduras durante el año 2010 continúo siendo seriamente preocupante, subsisten problemas políticos originados por el golpe de Estado y estructurales que limitan el pleno disfrute de los derechoshumanos, particularmente en relación con, el derecho a la Vida, la participación política, la disidencia, libertad de expresión y emisión del pensamiento, exclusión, la marginalidad, la pobreza, la inequidad, la tenencia de la tierra, la impunidad y la falta de acceso a la justicia.
Las actividades de los comandos armados de operaciones clandestinas, el empoderamientos de las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, incrementado a partir del 2009, continuaron teniendo un impacto gravemente negativo sobre los derechos humanos. Se aterroriza a la población a partir de la lucha contra el narcotráfico y, en realidad, lo que se observa en este momento en Honduras es una guerra social: Es una guerra del poder contra las organizaciones de resistencia, contra una juventud que está siendo aniquilada en las calles que se han convertido en campos de batalla de esta guerra contra todo lo que se mueve; ahí el paramilitarismo |1| tiene una función qué cumplir. Los valles de Santa Barbará son el mejor ejemplo de la práctica. Este actor político “independiente” “libera” al Estado de la responsabilidad en actos criminales orquestados por el gobierno contra disidentes la imposición del terror político.
Los defensores de derechoshumanos, como resultado de sus actividades en pro de los derechos fundamentales y derechoshumanos, y grupos de la sociedad civil, incluyendo, defensoras de derechos de mujeres, sindicalistas, periodistas y miembros de ONGs, han enfrentado el riesgo y ataques de grupos clandestinos y criminales. De esta forma el ámbito en el cual las organizaciones de la sociedad civil operan se ha estado agravado, debido a los mensajes, a menudo provenientes de funcionarios de alto nivel gubernamental, que equiparan el trabajo por los derechoshumanoscon el apoyo a las organizaciones terroristas |2| , poniendo así sus vidas en riesgo. No obstante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visito el país en el mes de mayo de 2010 demandó del Estado asegurar que los defensores de derechos humanos fueran adecuadamente apoyados y protegidos. Fue especialmente preocupante el robo de información relacionada con un caso de torturas a una abogada del Cofadeh por personas desconocidas. En algunas ocasiones, la información obtenida de forma ilegal por la fuerza de seguridad pública fue utilizada por algunas de las Fiscalía para abrir procesos judiciales contra defensores de derechos humanos y activistas sociales |3| .
De especial preocupación ha sido para la comunidad nacional e internacional de derechos humanos la situación que enfrentan personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas y la realidad de las organizaciones que promueven sus derechos (LGBT),estas organizaciones han registrado 25 asesinatos en el año 2010 y, del mismo modo es motivo de especial de preocupación, la situación de quienes defienden derechos etnoterritoriales de comunidades afrohondureñas y pueblos Indígenas, que enfrentan desde amenazas a muerte hasta ataques sistemáticos contra sus bienes y los bienes de sus organizaciones.
La impunidad continúa siendo un serio problema las investigaciones en temas claves de derechos humanos enfrentan la parálisis de la institucionalidad. Los riesgos para el ejercicio de los derechos sindicales, gremiales y el ejercicio del periodismo independiente y critico continua siendo peligroso. Los riesgos y dificultades expuestos en el 2009, se incrementaron en el 2010. Así como los asesinatos sistemáticos contra jóvenes presuntos infractores de la ley se elevaron en el año en curso. En el 2010 los asesinatos violentos registrados sobrepasaron 16 muertes diarios. Algunas de estas víctimas son dirigentes o integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), o jóvenes con ideas democráticas asesinados de forma selectiva.
A partir del proceso que desencadenó el golpe de Estado de junio 2009, se produjo el cambio más notable en la actuación histórica |4| de las Fuerzas Armadas, la militarización ha sido un factor fundamental y determinante en el grado de debilitamiento de la institucionalidad estatal y por ende del Estado democrático de Derecho. Ha sido un soporte de la impunidad y ha incidido directamente en la falta de confianza que la población en general siente con respecto a las instituciones públicas. En 18 meses se manifiesta principalmente a través de las estructuras del poder Ejecutivo como un control paralelo, semi visible, de bajo perfil pero de alto impacto en la vida nacional. Los civiles que ocuparon el poder a partir de enero de 2010, ratificaron los puestos para el ejército en las estructuras del ejecutivo La empresa pública de telecomunicaciones, Hondutel, se encuentra bajo la dirección del militar, autor material del golpe de Estado. Del mismo modo Migración, Marina Mercante, estructuras desde donde se hacen análisis de información obtenida de los servicios públicos como el telefónico. En los últimos 10 meses al menos cuatro instituciones |5| fueron militarizadas y dos decretos de militarización geográfica fueron emitidos. El Gobierno acordó, además, desplegar más de mil efectivos en las calles con el supuesto objetivo de combatir la violencia, a los cuales se sumaron otros dos mil 500 militares y policías en el norte del país, donde también se inauguro una base naval.
Este informe no tiene por objeto entrar al campo de un debate político, sin embargo es necesario apuntar algunas variables que se relacionan directamente con los derechos humanos, se observa el fracaso de la democracia como consecuencia de la fragilidad institucional, ingobernabilidad y crisis de legitimidad. Son los hechos concretos los que hablan con mayor dureza del déficit democrático, el excesivo formalismo jurídico, uno de cuyos contenidos es la legitimación política por la vía electoral, fue el gran motor del proceso electoral convocado por el Gobierno de Facto en el 2009 y que dio inicio sin garantías democráticas y legitimas.
El segundo periodo del Golpe de Estado comenzó el 27 de enero de 2010, después de las “elecciones generales” realizadas entre los fusiles del Ejército, sin libertad de expresión y sin observación internacional. La expresión más visible de esta nueva fase de rompimiento institucional fue el aumento drástico de la represión y nuevas formas de control de la oposición. El régimen cívico militar dictatorial asienta su estilo sobre la impunidad de los actores políticos del 28 de junio de 2009, concediéndoles puestos estratégicos de la administración pública, profundizando así la crisis de legitimidad del Estado y las elites. La obsesión por el reconocimiento internacional del régimen sucedáneo aumentó la represión selectiva contra líderes sociales de la resistencia popular; los primeros en sufrir la ofensiva fueron los movimientos sociales de carácter intermedio, el movimiento obrero, lo mismo que los movimientos campesinos que enfrentaron la oferta armada del Ejército y la Policía, además de las presiones de los agroindustriales y del terrorismo mediático, que frenaron las reformas agrarias integrales que habían sido proyectadas a principios de 2009.
El golpe de Estado ancló en el país los antivalores del autoritarismo, la intolerancia, la negociación con garrote, el incumplimiento de la palabra empeñada y el irrespeto a las diferencias, que se tradujo hasta la fecha en métodos violentos para enfrentar la conflictividad social y política con grupos privados radicales y cuerpos militares represivos, desdibujando aún más los escombros del Estado de Derecho. Esto es ingobernabilidad, con agravantes de fundamentalismos religiosos y terrorismo mediático que no solamente imponen dogmas y prejuicios, sino que desconocen, insultan o descalifican a la oposición social y política, generando lógicas de guerra psicológica e inclusive ataques sectoriales, removiendo las heridas subyacentes en el tejido social.
La ruptura del régimen democrático profundizó la impunidad de las décadas anteriores hasta convertirla sin rituales en política de Estado, lo que resquebrajó hasta la médula la débil e incipiente institucionalidad levantada después de los regímenes cívico militares golpistas anteriores. A la vez, esta involución democrática también se expresa en corrupción de la justicia, desconfianza por la deficiencia y negligencia de la policía y el Ministerio Público, cada vez más percibidos en su proximidad con las élites golpistas y bandas del crimen organizado, que violan la vida, la libertad y depredan los recursos naturales. No hay duda que en Honduras está instalada una dictadura. En este contexto, los derechos civiles y políticos sufren su peor embestida desde el Estado, y algo peor ocurre a los derechos económicos, sociales y culturales, sometidos a la regresión por la vía administrativa del Ejecutivo y del Congreso Nacional, donde se legisla contra la progresividad.
El sector privado y político que dio el golpe y que lo continúa en el régimen sucedáneo porfía en mantener vivo el modelo neoliberal fracasado. Reducir el Estado a la mínima expresión y conceder la iniciativa a los mismos grupos empresariales que controlan las instituciones. Privatizar o concesionar es la orden del día. Eliminar subsidios a los pobres. Exonerar a los grupos con poder y aumentar sacrificios fiscales a los asalariados. No aumentar salarios a los empleados públicos e irrespetar la ley del Salario Mínimo al pretender cambiar el aumento anual obligatorio por un bono inferior a los mil dólares.
En el agro, los conflictos por el recurso tierra y agua, se agudizan. Hay muertos y heridos en esta confrontación creciente. En la Zona del Aguán la negociación con militarización caracteriza el escenario: entre abril y septiembre han sido asesinados 11 campesinos por autoridades y paramilitares, mientras se cumple parcialmente un acuerdo de distribución de tierras entre el Movimiento Unificado del Aguán (MUCA) y el señor Porfirio Lobo. En la zona prevalece un clima de terror.
Por otro lado las cargas tributarias aprobadas por el Congreso Nacional, en marzo de 2010, se convirtieron en una nueva fuente de conflicto al generar descontento aparente entre los propios empresarios y, desde luego, en la población trabajadora. El paquete fiscal denominado “medidas tributarias” y la declaratoria de una emergencia financiera y fiscal está dirigido a los contribuyentes de los impuestos sobre ventas, renta y selectivos al consumo, de igual forma a la importación de vehículos, los pasajes aéreos, e impuesto gradual al servicio telefónico, abonados de energía eléctrica antes subsidiados por acto administrativo de órganos desconcentrados pagarán tarifas de 200 Lempira o más.
Mientras los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas sociales, opositores políticos y resistentes al golpismo sufren acechanzas y persecuciones, las organizaciones internacionales (OEA, ONU, UE) y sus órganos políticos fracasaron en restaurar el orden institucional y estimularon la violencia generalizada y el crimen organizado al proponer inútilmente un pacto de élites, que desconoce al sujeto social, al pueblo organizado. Sin duda que el crimen organizado avanzó sobre los escombros del Estado de Derecho y penetró a través de organizaciones de fachada.
El país tras el parteaguas del 28 de junio 2009 está representado en la Unión Cívica Democrática, que agrupa a los empresarios y políticos responsables del golpe de Estado, y el Frente Nacional de Resistencia Popular, que propone la restauración del orden democrático por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente.
En este panorama, la clase política dominante perdió el control de las fuerzas y movimientos sociales que en el pasado manejó. El equilibrio político se resquebrajó. El bipartidismo se auto golpeó. Pero el Frente Nacional de Resistencia nació y creció con campesinos, sindicatos, pobladores, profesionales, maestros, estudiantes, jóvenes, mujeres organizadas, indígenas, vendedores ambulantes y enfrenta, en respuesta, una cruenta represión con crímenes de persecución política y crímenes de odio.
No obstante que el país continuó bajo la mirada de los organismos internacionales de derechos humanos, Porfirio Lobo Sosa, poco después de asumir la Casa Presidencial, firmó un Decreto de Amnistía, tal como lo habían venido exigiendo desde julio de 2009, para favorecer únicamente a las fuerzas que gestaron, organizaron y ejecutaron el golpe de Estado |6| . Decreto que firmó en medio de su discurso de toma de posesión |7| . Así mismo sancionó los Decretos de Plan de Nación 2010 – 2038 y Visión de País 2010 – 2022, destinados a ejecutarse durante los próximos siete periodos de gobierno. El plan de continuidad del neoliberalismo salvaje.
Este último documento que se comenzó a trabajar el 25 de noviembre de 2009, carece de consulta, legitimidad y participación, de igual forma no tiene como objetivo la reducción de las desigualdades sociales y el desarrollo económico de la población, por el contrario mantiene seguros los intereses de los grupos de poder en el largo plazo.
Tres días más tarde de la toma de posesión, el 30 de enero suscribió un convenio en materia de seguridad con el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, convenio que entró en vigencia el 15 de febrero de 2010. En esa fecha, Oscar Arturo Álvarez Guerrero, Secretario de Seguridad de Lobo, se reunió en Colombia |8| , con el Canciller de ese país, el vicepresidente Francisco Santos, el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), Felipe Muñoz, y el director de la Policía Nacional, General Óscar Naranjo. La cooperación de Colombia estaría orientada a la creación de unidades de inteligencia, contrainteligencia, antinarcóticos, terrorismo, antisecuestros, trata de personas, abuso de menores de edad sometidos a la prostitución, delitos cibernéticos, y otros, a través de diferentes instituciones, entre las que figuran la Fiscalía de Derechos Humanos, las secretarías de Seguridad y Defensa, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y el Poder Judicial.
El 27 de mayo de 2010, Porfirio Lobo suscribió un Convenio con el Perú, sobre la cooperación en materia de producción, prevención del consumo, rehabilitación, control de tráfico ilícito de drogas, sustancias sicotrópicas y delitos conexos. Y el acuerdo de cooperación para la prevención, represión y lavado de activo derivado de cualquier actividad ilícita.
El 14 de abril de 2010, Honduras y Estados Unidos firmaron un convenio por 4.4 millones de Dólares para apoyar la lucha contra el crimen a través de entrenamiento y equipo para la Policía, a fin de incrementar su capacidad para combatir el narcotráfico, las maras, los secuestros y el tráfico de armas. Millones que serán canalizados por el proyecto Barrio Pobre |9| . Este convenio fue firmado en la Colonia San Miguel de Tegucigalpa, en presencia del Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez; el director de la Policía Nacional, José Luis Muñoz Licona, el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, miembros de la Policía y líderes comunitarios. La estructura de fortalecimiento de los aparatos de inteligencia y represión.
En el mes de Julio, el Embajador estadounidense Hugo Llorens informó a la prensa que Fiscales y miembros de la Unidad Antisecuestros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) participarían en un programa de varias semanas, que permitirá mejorar su nivel profesional.
El 13 de abril de 2010, Profirió Lobo inauguró junto al Embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, la nueva base militar naval en la Laguna de Caratasca, en el departamento de Gracias a Dios. Esta unidad militar tendrá supuestamente la misión de reforzar la lucha contra el narcotráfico de esa región hondureña. Las instalaciones fueron construidas por miembros del Ejército estadounidense y del Comando Sur, a un costo de dos millones de Lempiras. Constan de un edificio multifuncional y un centro de operaciones, lo que contribuye al aumento en la capacidad para albergar más personal, así como un nuevo muelle para el anclaje de lanchas interceptoras y de patrullaje |10| . En el 2009, Estados Unidos entregó en Puerto Castilla cuatro lanchas interceptoras con un valor de 2,6 millones de dólares.
El 18 de junio de 2010, el portal Infodefensa.com informó que Estados Unidos había decidido reanudar la ayuda militar a Honduras con la donación de 25 camiones al ejercito que fueron entregados por el subjefe del Comando Sur General Ken Keen, al Secretario de Defensa de Lobo, Marlon Pascua y al Jefe del Estado Mayor Carlos Cuellar. La donación asciende a 812,000 Dólares |11| .
En el mes de julio el Secretario de Relaciones Exteriores de Porfirio Lobo, informó a la prensa que construirán una nueva base militar que se ubicará en Guanaja, isla del Caribe hondureño, con el propósito de combatir el crimen organizado, tráfico de drogas y controlar todo el sector atlántico.
Según la información oficial en la base además de Estados Unidos, tiene interés Guatemala, El Salvador y México.
En este ambiente de creciente militarización y la involución hacia un Estado policiaco, que genera alertas de riesgo social a sectores completos, para allanar ilegalmente la residencia de los ciudadanos que habitan los sectores más pobres.
El Cofadeh conoció diferentes denuncias de víctimas de violaciones a derechos humanos que han revelado que fueron interrogados por personas que tenían acento suramericano durante su cautiverio en centros de operaciones clandestinas |12| . Al mismo tiempo que se difundían denuncias de secuestros y el asesinato de sindicalistas, Porfirio Lobo encargaba al guatemalteco Eduardo Stein, la coordinación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación, que indagaría los hechos relacionados al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
El 30 de abril de 2010, fue publicado el Decreto PCM -011-2010, que creó la Comisión de la Verdad |13| , a la que le falta componentes esenciales de verdad y justicia, autonomía, independencia y profesionalismo en derechos humanos; en su momento los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos le apuntaron que su mandato no contemplaba la investigación en materia de violaciones a los derechos humanos; y que sus hallazgos no tienen consecuencias jurídicas, así mismo no incorpora la adopción de medidas de no repetición.
Todo proceso de justicia, que en el caso de Honduras no puede llamarse transicional porque todavía nos encontramos en el conflicto político, debe de reunir tres principios básicos: la satisfacción del derecho a la verdad, la satisfacción del derecho a la justicia, la satisfacción del derecho a la reparación, supuestos que en la comisión oficial de la verdad y reconciliación no se cumplen.
El artículo primero del Decreto 011-2010 establece como objetivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación “esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio del 2009 a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”. Este enunciado repite el numeral seis del Acuerdo Guaymuras que es un acuerdo político, por lo tanto excluye las satisfacciones en materia de derechos humanos.
Por si a la población le quedaba alguna duda sobre los alcances de esta comisión, el Señor Porfirio Lobos Sosa, declaró a los medios de comunicación “esta comisión no es para juzgar a nadie sino para buscar la reconciliación del pueblo hondureño”. Las declaraciones de Lobo no dejan lugar a dudas que las estructuras armadas estatales y para estatales, que están generando graves violaciones a los derechos humanos no serán desmanteladas. Los altos funcionarios implicados en violaciones a los derechos humanos e implicados en el golpe de Estado no serán separados de las estructuras de la administración pública.
Así las cosas, el 04 de mayo de 2010, se instaló la Comisión de la Verdad |14| , en presencia de José Miguel Insulza, Secretario de la Organización de Estados Americanos |15| . Esta Comisión presuntamente presentara su informe en enero de 2011.
Ante las debilidades que exhibe la Comisión de la Verdad gubernamental, que no reúne los estándares Internacionales formulados a lo largo de las décadas anteriores para investigar crímenes políticos, las organizaciones de Derechos Humanos de Honduras impulsaron, conformaron e instalaron el 28 de junio de 2010 la Comisión de Verdad, integrada por comisionados nacionales e internacionales: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980 de Argentina; sacerdote François Houtart, de Bélgica; Luis Carlos Nieto, de España; Craig Scott de Canadá; Nora Cortiñas, de Argentina; Elsy Monge de Ecuador; Mirna Perla Jiménez, de El Salvador; Francisco Aguilar, de Costa Rica; Hellen Umaña y el Padre Fausto Milla, de Honduras. Con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos, el Reconocimiento moral de las víctimas de violaciones de derechos humanos y la presentación de recomendaciones que garanticen la no repetición de las violaciones de derechos humanos. Los comisionados presentaran su informe en el término de un año y los avances en noviembre de 2010.
Como apuntábamos al inicio, Honduras continuó bajo la mirada de los organismos internacionales de derechos humanos, en marzo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) concluyó en su informe que “El Golpe de Estado dio lugar a violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes. Además, reveló y exacerbó problemas estructurales existentes que afectan a los derechos humanos, intensificó una atmósfera política y social difícil y tensa, y profundizó la polarización dentro de la mayoría de las instituciones del Estado y la sociedad en general. Las medidas impuestas con arreglo al estado de excepción facilitaron la represión de los que se oponían al Golpe y dieron lugar a la restricción arbitraria de derechos fundamentales”.
Por su parte la Comisión Interamericana en su visita de seguimiento de mayo 2010, constató que “se mantiene en Honduras un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía agrupado en la Resistencia. El número de víctimas fatales, personas amenazadas y exiliadas por la represión política no se precisa con exactitud. La huelga de hambre de los jueces despedidos por mantener un pensamiento contrario al Golpe de Estado confirma que ni la Corte Suprema de Justicia ni el Ministerio Público están cumpliendo con su mandato constitucional. Sus actuaciones no sólo han respaldado y fortalecido la ilegalidad sino que además se ha dejado a un sector de la población en total indefensión jurídica. Mientras tanto, en lo que atañe a la violencia común (crimen organizado, delincuencia, inseguridad ciudadana) la situación va en aumento y el país ya tiene un promedio de 66.8 homicidios por cada cien mil habitantes (la OMS reconoce una tasa promedio mundial de 10 por cada cien mil habitantes)” |16| .
El comisionado Nacional de derechos Humanos, Ramón Custodio López, calificó el Informe de la CIDH como manipulado y cuyo objetivo es dañar a Honduras, con el propósito de ahuyentar la inversión extranjera. Custodio calificó a la CIDH como instrumento de los países que controlan la OEA, porque está presidida por una ciudadana venezolana y el secretario ejecutivo es un argentino. Custodio afirmó que en Honduras hay completa libertad de expresión, no hay presos políticos, los medios de comunicación abusan de libertad de expresión13. Esta reacción está relacionada con el comunicado de prensa de la CIDH donde incluye a Honduras, como uno de los países latinoamericanos donde no se respetan los derechos civiles.
La profunda crisis que sacude al sistema educativo hondureño es otro de los grandes problemas que enfrenta el gobierno de Lobo Sosa. Durante el año, las protestas, huelgas generales y jornadas de protestas de los estudiantes y profesores han puesto al desnudo la intervención negativa del golpismo en los asuntos educativos y durante las manifestaciones de reclamo magisterial los choques entre educadores, estudiantes y la policía han causado numerosas detenciones, lesionados y heridos. Los alumnos exigen la derogación de una ley de educación introducida en el Congreso Nacional por el dictador Roberto Micheleti y el magisterio el respeto al estatuto del Docente, el aumento al salario mínimo y la devolución de más de 4 mil millones de lempiras a las arcas del Instituto de Previsión del Magisterio.
Entre la crisis política continua, la bancarrota fiscal del Estado y la agitación social por múltiples carencias humanas básicas – incluyendo comida y seguridad humana --, la Organización de Estados Americanos mantiene fuera de su seno al Estado de Honduras, que realiza supuestamente acciones para su regreso, todas vinculadas al respeto de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad, el regreso del ex presidente Manuel Zelaya y el diálogo político pro constituyente, como lo establece el Informe de la OEA de fecha 29 de julio de 2010. El tiempo pasa… pero la crisis se agudiza.
Asimismo en el mes de noviembre A través de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se examino mediante el procedimiento del Examen Periódico Universal )EPU( |17| al Estado de Honduras en materia de derechos humanos el grupo de relatores )troika( para facilitar el examen de Honduras: estuvo conformado por Tailandia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Federación de Rusia.
La delegación |18| de Honduras expuso sobre los resultados de las elecciones de noviembre de 2009, también se refirió que Honduras ha cumplido con todos los compromisos emprendidos en el marco del Diálogo Guaymuras, de Tegucigalpa-San José Acuerdo, entre los cuales fue el establecimiento de una comisión de verdad y reconciliación.
La delegación informó de que El Congreso Nacional estaba considerando la posibilidad de abolir la legislación sobre los estados de emergencia, ya que era incompatible con la Constitución. El artículo 209 del Código Penal, que regulaba el delito de tortura, estaba siendo revisado con miras a su armonización con las normas internacionales de derechos humanos. Otros proyectos en la actualidad el proyecto de siendo estudiado por el Congreso Nacional incluyó el proyecto de ley sobre el poder judicial, el Consejo del Poder Judicial y la Ley de Servicio Judicial. la incorporación de nuevas instituciones jurídicas en el marco jurídico nacional, incluido la incorporación en el nuevo Código Penal de los crímenes reconocidos bajo las leyes humanitarias internacionales. También informo que Desde el 28 de junio de 2009, la Oficina del Fiscal Especial para los Derechos Humanos se ha ocupado con seis casos de abuso probado contra los medios de comunicación por la policía y las autoridades militares. Otros casos estaban siendo investigados. El Estado estaba planeando una estrategia para proteger a los periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos con el fin de proteger sus vidas y la integridad física, así como garantizar la efectiva investigación de tales delitos. Honduras había solicitado la asistencia de otros países para apoyar las funciones de investigación. No obstante los argumentos de la delegación del Estados y su renuencia a aceptar que las violaciones a los derechos humanos son estructurales y de naturaleza política además de la falta de voluntad de combatir la impunidad. 21 naciones emitieron 129 recomendaciones de las que aceptó 5, planteo que 112 están en proceso y 12 las respondería en marzo 2011. Durante el examen se plantearon entre otras las siguientes recomendaciones:
“Adopte las medidas necesarias para la investigación y castigo de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante y con posterioridad al golpe de estado”. Que adopte medidas efectivas para proteger a las y los periodistas, defensores de derechos humanos y comunicadores sociales, incluidas las radios comunitarias. “Y cuando existan ataques, llevar a cabo investigaciones efectivas para prevenir, investigar y castigar las agresiones que tienen lugar dentro de su jurisdicción”. “Que garantice la pluralidad y diversidad particularmente en los medios de comunicación audiovisual”. Asimismo, que establezca un marco jurídico e institucional que proteja la libertad de expresión, a través de la despenalización la difamación y otras restricciones a los contenidos; así como de la adecuada implementación de la ley de acceso a la información.”
El Estado de Honduras obvio referirse al golpe de Estado y sus consecuencias para los derechos humanos, de igual forma evito referirse a la falta de investigación en los casos de asesinatos, torturas, secuestros y detenciones ilegales por razones políticas y la existencia de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado que actúan con su aquiescencia y tolerancia. Así como la emisión de una Ley de Amnistía que favorece la impunidad de civiles y militares vinculados al golpe de Estado y la incorporación de militares de alta graduación en las estructuras civiles del aparato Ejecutivo. De igual manera no informo que se discutía en el Congreso Nacional un anteproyecto de Ley que criminaliza la protesta social y el trabajo de los defensores de derechos humanos. Y que Fiscalías del Ministerio Publico no instruían la investigación y se basaban para acusar a defensores y activistas sociales en la información obtenida de forma ilegal por la policía preventiva que en la mayoría de los casos había participado de su captura y agresiones a su integridad física |19| .
Las autoridades que gobiernan el Estado de Honduras continuaron aprobando leyes que afectan los derechos humanos de amplios sectores de población no organizada, sectores especialmente comunales sindicales y gremiales. La profunda crisis que sacude al sistema educativo hondureño se agravo durante el segundo semestre de 2010. Las protestas, huelgas generales y jornadas de protestas de los estudiantes y profesores han puesto al desnudo los fallos del modelo educativo. Durante las manifestaciones los choques entre los estudiantes y la policía han causado numerosas detenciones, heridos y criminalizados.
Uno de los últimos puntos de discrepancia lo constituye El ante proyecto de Ley General de Educación un instrumento que consta de más de 100 artículos y que fue elaborado a través del Foro Nacional de Convergencia (FONAC) entre el 2004 y 2009, La propuesta que sustituye la Ley de Educación de 1966, ya había causado tensión entre el magisterio y el Secretario de Estado en el despacho de Educación del Presidente Zelaya. En el 2009, el proyecto no se introdujo al Congreso porque los colegios magisteriales argumentaron que no había terminado de ser consensuada. No obstante en el mes de mayo de 2010 el régimen de Porfirio Lobo retomo el proyecto y lo remitió al Congreso Nacional para su discusión. Las organizaciones magisteriales cuestionan entre otros puntos álgidos de la propuesta de Ley la obligación que tendrían los docentes de alcanzar un nivel académico universitario para poder ingresar al sistema educativo. Así como la creación de un Consejo Nacional de Educación que se encargaría de definir las políticas educativas de Honduras, incluida la educación superior.
Este punto ha venido siendo discutido por diversos sectores ante la incongruencia con la normativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), institución que por años se ha encargado de definir las políticas de la educación superior en el país.
Al finalizar el 2010, El Congreso Nacional emitió un Decreto Legislativo que por su redacción suspendió el Estatuto del Docente. El 28 de diciembre se público en el diario oficial la Gaceta el Decreto 136-2010, Literalmente el artículo 136 del decreto establece “a partir de la fecha de vigencia del presente Decreto, quedan en suspenso el Decreto Legislativo número 174-2000, de fecha 30 de Octubre de 2000, que contiene la Ley del Estatuto del Docente Hondureño |20| y el Acuerdo Ejecutivo número 0021-P.E.-2009, de fecha 20 de Noviembre de 2009 y Decreto Legislativo No.151-2009, de fecha 26 de Diciembre del 2009, contentivo de la Ley de Sistema Nacional de Gestión de Riesgos )SINAGER(. El decreto debería de contener La desindexación de los estatutos profesionales del aumento al salario mínimo, la Ley aprobada el 27 de octubre de 2010 contemplaba la redacción siguiente “Adoptar medidas transitorias de emergencia consistentes en que el salario minino que se fije, no deberá ser utilizado como referencia para el incremento de manera automática y directa de los salarios contemplados a servidores públicos regulados por leyes especiales o estatutos profesionales”. en el artículo 3: “Dejar en suspenso durante la vigencia de este decreto los regímenes económicos establecidos en los diferentes estatutos profesionales”. Al cierre de este informe el Congreso Nacional a través del Presidente de la Comisión Legislativa de Educación Luis Berrios Segovia |21| argumento que se trato de un error y que se enmendaría con la publicación de fe de erratas |22| que se remitiría el 24 de enero de 2010. El Decreto Legislativo número 174-2000, contiene la indexación del salario Mínimo al Estatuto del Docente al salario mínimo, el Estatuto del Docente fue aprobado mediante Decreto 136-97 del 11 de septiembre de 1997. Los colegios profesionales se manifestaron públicamente en San Pedro Sula y Tegucigalpa en contra de la redacción del Decreto, manifestaciones que fueron reprimidas, y criminalizados cuatro docentes.
El 07 de junio el Presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández Alvarado, presento el Programa Para Activar el Trabajo y la Oportunidad (Pacto) El programa contiene seis iniciativas de Ley: Ley Régimen para la Inmigración Legal de Trabajadores, Ley de Empleo por Horas, Ley de Generación de Empleo Rural en Zonas Urbano Marginales, Ley Reguladora del Régimen de Participación Público Privada, la aprobación de los contratos de energía renovable, Ley de Promoción y Protección de Inversión. La aprobación se llevaría a cabo bajo la modalidad de emergencia. El programa fue respaldado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio Industrias de Tegucigalpa |23| .
En el marco de esta iniciativa se aprobó en el 04 noviembre del año en curso la Ley de Empleo por Horas, el que tendrá una duración de 36 meses prorrogable, Las tres Centrales Obreras |24| se manifestaron desde el mes de agosto en contra de la Ley porque lesiona los derechos laborales de los trabajadores y los derechos sindicales. La OIT manifestó que esta leyes violentan el convenio 98 y 87 sobre la libertad sindical y la organización colectiva, además violenta la estabilidad laboral el salario mínimo", La OIT presento en octubre recomendaciones sobre la necesidad de añadir al proyecto de Ley una disposición que señalara claramente que los trabajadores cubiertos por el programa gozaban de los derechos y garantías fundamentales establecidas en la Constitución Nacional y en los Convenios de la OIT ratificados por Honduras.
Que según los proyectistas del nuevo instrumento fueron incorporados en su totalidad, las centrales obreras difieren sobre el punto y son de la opinión que las opiniones del organismo internacional fueron manipuladas.
a. Modificar la contratación permanente mediante el artículo 3 de la misma propuesta .al sustituirles por contratos de tiempo limitado, para obras o servicios determinados, por horas o medias jornadas,
b. El artículo 2 establece mínimos de garantíatendrán derecho a vacaciones, aguinaldos, séptimo día, decimo cuarto mes, periodo pre y post natal, lactancia, prestaciones, horas extras y puede el patrono imponerle. podrán hacer uso del derecho de libertad sindical, de contratación colectiva
c. Se vulnera la estabilidad laboral garantizada en el artículo 47 del CT.
d. Otro derecho y garantía fundamental que violenta, es la establecida en el Código del Trabajo en su “Artículo 3. Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes del trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo y en virtud de trabajo u otro pacto cualquiera”.
e. De igual forma se vulnera la garantía fundamental es el contenida en el “328. Los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patronos laboren menos de cuarenta y cuatro (44) horas en la semana, tienen derecho de percibir integro el salario correspondiente a la semana ordinaria diurna” y en el “ículo 319. La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes, o falta de convenio la máxima legal.”.
f. El Artículo 6. REMUNERACION. Al utilizar el término de remuneración, se desnaturaliza el concepto de salario. esa remuneración estará integrada por dos conceptos, siendo uno de ellos “una compensación no habitual”. El horario será el que imponga el patrono |25|.
En el marco del Programa Para Activar el Trabajo y la Oportunidad, el Congreso de Honduras aprobó Ley para la Promoción de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, una ley que tiene incidencias ambientales, sociales y económicas en el país,el 01 de Junio de 2010. El Congreso aprobó en debates únicos 47 Contratos de Aprovechamiento de Aguas Nacionales para la Generación de Energía Mediante proyectos Hidroeléctricos. Las organizaciones ambientales y las organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos étnicos denunciaron que comunidades no fueron tomadas en cuenta durante la concesión de los ríos ( 47 proyectos de concesión) de los cuales, el 70% fueron licitados por empresarios que son los mismos dueños las industrias de energía térmica. Por otro lado la Ley no toma en consideración la categorización del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, reglamento que también es seriamente cuestionado por el Instituto de Derecho Ambiental, contra el que se interpuso un recurso de Amparo que no fue admitido por la Corte Suprema de Justicia. Los 47 contratos aprobados |26| utilizaran el recurso hídrico por treinta años, la Ley señala que los consecionamiento de los ríos pueden ser de 10 a 50 años.
De igual forma se aprobó durante el primer Semestre La Ley de Promoción de Alianzas Público-privadas que otorga derechos sobre bienes patrimoniales: áreas protegidas y zonas arqueológicas en modalidades concesiones. En este mismo escenario y teniendo como telón de fondo la declaración de crisis financiera y el Programa Para Activar el Trabajo y la Oportunidad, la Secretaria de Relaciones Exteriores abrió un portal WEB Honduras open for Business",(Honduras está abierta a los negocios), el portal muestra información sobre el marco jurídico nacional para la inversión entre estas Ley de Alianza Pública y Privada. Más adelante y antes de que el régimen de Lobo cumpliera sus primer año en el gobierno, el Congreso aprobó la ley de las Regiones Especiales de Desarrollo, popularizada como las ciudades modelos que serán instaladas en la Sierra de Agalta en Olancho, frontera con Nicaragua; Ocotepeque, frontera con El Salvador y Guatemala; Amapala en la costa sur y Trujillo en la costa norte.
Se registra, entre otros temas, importantes y violatorios de derechos humanos como los derechos de asociación, culto, comunicación y de petición, la aprobación. El 30 de septiembre de 2010, de la Marco de la Iglesia Evangélica |27| de Honduras, mediante el Decreto Legislativo 185-2010, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de noviembre de 2010, La ley faculta a la Confraternidad Evangélica a solicitar personalidad jurídica para las entidades religiosas no católicas de no seguir este trámite no se les otorgara como entidades religiosas y se les considerara ONGS. La Ley Marco exonera del pago de impuestos, tasas, sobretasas, tales como tributo sobre la renta, impuesto sobre ventas, impuesto de tradición, las cargas relativos a la importación de bienes y servicios […]”, según dispone textualmente el artículo 4, fr. 11. E. La ley Marco convierte a la Confraternidad Evangélica en la representación legal de todas las iglesias evangélicas, en una clara violación de los derechos fundamentales y derechos humanos reconocidos por el Estado de Honduras, El artículo 6 de la Ley Marco establece además que la Confraternidad Evangélica de Honduras “es el medio de representación y comunicación con las autoridades de la República, ya sea cualesquiera de sus poderes, entes autónomos, instituciones descentralizadas, así como con la sociedad civil, empresa privada y organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles y de cualquier otra naturaleza”. Así las cosas bajo este presupuesto legal, toda comunicación o petición de las iglesias evangélicas con las autoridades civiles, sociales, privadas y, en general, de cualquier naturaleza, tiene que realizarse a través de la Confraternidad.
Durante el 2010 se Fortalecieron las medidas de desarticulación de las organizaciones sociales el 188 de noviembre de 2010, el Congreso Nacional aprobó la Ley contra el financiamiento del Terrorismo. Conocida como la Ley Terrorista, que contiene 83 artículos, orientada a incrementar los controles en aduanas terrestres, aéreas y marítimas. De igual forma, obligará a las organizaciones no gubernamentales a reportar ante el Estado cualquier donación o apoyo superior a dos mil dólares |28| , esto incluye concesiones de vehículos o equipos. La ley también Contempla multas de 2000 salarios mínimos, la prohibición de realizar actividades hasta por cinco años o la disolución de la asociación Las disposiciones contenidas en esta nueva ley no cumplen con lo parámetros internacionales en materia procesal.
El ataque y la impunidad que rodea la muerte de periodistas ha colocado a Honduras en el segundo lugar más peligroso para el ejercicio del periodismo crítico, después de México. Pero también revela signos de la aplicación de los modus operandis de los comandos de operaciones clandestinas, muy similares al modelo Colombiano, hasta antes del 2010, el asesinato de periodistas no era un patrón de ataque a la libertad de Prensa, expresión e información, desde marzo de 2010, diez periodistas fueron asesinados, La violencia y las amenazas, así como la política de información del actual gobierno, y la autocensura han convertido a Honduras en un país con un déficit informativo. El 2010, también incluyo la detención arbitraria de comunicadores sociales y la criminalización de las mismos por el ejerció de su trabajo.
La impunidad también permitió la intimidación y el espionaje generalizado a otros actores incluyendo defensores de Derechos Humanos. Las acciones ilegales incluyeron interceptaciones de teléfonos y correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información e ingresos ilegales a oficinas y domicilios.
Esto provocó un clima de miedo e inseguridad y, en algunas ocasiones, sabotaje y descrédito del trabajo de los defensores y las defensoras de Derechos humanos. Las acciones contra las mujeres incluyeron amenazas directas contra sus hijos e hijas, en ocasiones con manifiesto contenido sexual violento.
Después de observar las diferentes modalidades de violaciones los derechos humanos fundamentales podemos señalar que se concentran en repetir el Modelo colombiano. “Política de Seguridad Democrática” que incluye militarizaciones geográficas, Estigmatización de sus oponentes. Por ejemplo, acusando a organizaciones de derechos humanos nacionales y internacionales de defender el terrorismo, fragmentar la sociedad, intimidar a los periodistas, emisión de leyes para combatir el terrorismo, incorporación de sistema de administración de justicia a la represión por razones políticas. Intimidación de los opositores políticos y organizaciones sociales atacando a sus familiares entre otros métodos finos de represión.
III. ESTADISTICAS
CUADRO RESUMEN ESTADISTICAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 31 DE ENERO 2010 A 31 DE ENERO DE 2011
El Estado hondureño avanza en su dinámica de desarticulación y muerte de los opositores al Golpe de Estado aglutinados en la Resistencia, los actores armados se consolidan en sus actuaciones de devastación y muerte. La falta de respuesta efectiva de la justicia aumenta ese círculo de impunidad y el panorama se agrava con el silencio y el terror que se ha impuesto en el país. Las cifras que se reportan están vinculadas a violaciones a Derechos Humanos por razones políticas en el período Enero 2010 a Enero de 2011.
Datos registrados por el COFADEH Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
DERECHO VIOLADO
Cantidad
OBSERVACIONES
DERECHO A LA VIDA
Asesinatos políticos
34
Asesinatos por conflicto de tierra
34
Homicidios por abuso de autoridad
28
Muertes por autoría sospechosa
309*
Atentados contra personas y bienes
23
Amenazas a Muerte
274
133 amenazados son defensores de derechos humanos
Intimidación y persecución
77
Agresiones sexuales
2
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
Desaparición forzada
6
Detenciones ilegales y Detenciones arbitrarias
431
Secuestros
5
Secuestros en su grado de tentativa
7
DERECHO A LA INTEGRIDAD
Lesiones y Golpes
96
Torturas
26
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO
Allanamientos
23
Barrios y colonias objeto de cateos en horas inhábiles
24
Barrios y colonias perfilados por las fuerzas de seguridad como Resistentes
LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA
Desplazamiento interno por reiteradas amenazas
52
Personas que han cambiado de ciudad por sentirse amenazados al ser miembros de la resistencia
Cambio de domicilio por inseguridad
45
Personas que han cambiado su domicilio por sufrir amenazas a su integridad
Exiliados por razones políticas
150
Personas que no han podido retornar al país
Exiliados por razones políticas
36
Personas exiliadas durante el período enero 2010 a enero 2011
DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL
Medidas cautelares CIDH*
160
Personas a las que la CIDH ha otorgado medidas cautelares.
Medidas cautelares CIDH*
19
Organizaciones a las que la CIDH ha otorgado medidas cautelares
Solicitud de información CIDH *
33
Casos sobre los que la CIDH ha solicitado información al gobierno.
Robo informático
11
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Periodistas asesinados
10
Atentados contra periodistas
1
Amenazas contra Periodistas y comunicadores sociales
22
Detención ilegal de Periodistas y comunicadores sociales
4
Agresiones a Periodistas y comunicadores sociales
5
Periodistas exiliados
6
Programas cerrados
1
Radios comunitarias cerradas
2
Atentados contra medios de comunicación
6
DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA Y ASOCIACIÒN
Represalias
10
Cuatro colegios magisteriales y seis sindicatos
TOTAL
1972
Cuadro elaborado por el CED-COFADEH
* Según el observatorio de la violencia de la UNAH y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En Honduras se producen entre 10 y 15 asesinatos diarios, se sumaron en 2010, 6236 asesinatos, 1240 más que el 2009.
IV. SECCIONES:
El Derecho a la vida es inviolable, El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley |29| . Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. A pesar de los precepto el irrespeto a la vida sigue siendo un tema altamente preocupante, un tema pendiente de la agenda pública, y que debiese ser de la agenda del Estado, el irrespeto a la vida es el de las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, que se manifiesta día a día, en el último año se registró un promedio de 16 ejecuciones diarias. Que se mostraron en asesinatos políticos, ejecuciones arbitrarias y sumarias, abuso de autoridad, ejecuciones sospechosas y muertes precedidas de torturas, asesinato por la tenencia de la tierra, y el feminicidio. Todos son temas sin resolver por parte del gobierno, a todos estos casos se aúna la impunidad y a severos problemas de acceso a la justicia. De acuerdo a los registros se han producido 34 asesinatos por razones políticas; es evidente durante el periodo examinado, las muertes de civiles causadas por miembros de la policía y el ejército; muertes de personas bajo la custodia de agentes del Estado; uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad.
DERECHO A LA VIDA
Asesinatos
2009
2010
2011
Total
Asesinatos por razones políticas
38
18
1
57
Asesinatos autoría sospechosa visos políticos
16
2
18
Asesinatos autoría sospechosa participación de agentes del Estado
309
309
Asesinatos de periodistas
1
10
11
Asesinatos de personas por la tenencia tierra
20
20
Asesinatos de pueblos étnicos derivados por la tenencia tierra
14
14
Homicidios por abuso de autoridad
28
28
* Desapariciones forzadas (secuestros y detenciones)
6
6
Totales por año
39
421
3
463
Nota: casos registrados por Cofadeh
* Derecho a la libertad, derecho a la integridad, derecho a la vidaASESINATOS POR RAZONES POLITICAS Los asesinatos han sido cometidos principalmente en contra de líderes y sociales y campesinos que defienden el derecho a la tierra. personas fueron ejecutadas por razones políticas, en los meses que comprende este informe. El mayor número de estos asesinatos se perpetró en los meses siguientes a la ascensión de Profirió Lobo a la jefatura del Ejecutivo, es bastante difícil hasta ahora tener los registros exactos de cuántas muertes se han producido por razones políticas desde enero a diciembre 2010, los asesinatos situaciones se han dado en todo el país. Han ocurrido en ciudades, pequeños pueblos y zonas rurales apartadas. En todos los casos hay una constante: se trataba de personas desarmadas, que no ejercían ningún tipo de violencia y que fueron muertas mientras transitaban a sus casas o permanecían en ellas. Muchas de las víctimas eran personas formadas como dirigentes de masas y poseían condiciones personales que les daban un fuerte ascendiente sobre la población. La represión imperante permite que la mayoría de estas muertes queden en la penumbra. En casi todos los casos el silencio prevalece y las autoridades se apresuran a informar es que por delincuencia común o actividades del crimen organizado.
Blas López. Maestro de Educación Media, dirigente indígena Pech, miembro activo de la Resistencia contra el golpe de estado fue encontrado muerto con disparos, en la aldea El Carbonal, departamento de Olancho, el 30 de enero de 2010.
Vanesa Zepeda. Miembra activa de la Resistencia contra el golpe de estado, sindicalista del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, su cuerpo fue arrojado de un vehículo en marcha en las inmediaciones de la Colonia Loarque al sur de Tegucigalpa, el 02 de febrero de 2010.
El 15 de marzo de 2010, agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal capturaron al médico Rafael Amador por suponerlo responsable de la muerte de la sindicalista. |30| La madre de la Victima Veis Alonzo, oficial de Investigación de la DNIC declaró estar satisfecha con los resultados de la investigación.
Julio Fúnez Benítez, 50 años.Miembro activo de la Resistencia contra el golpe de estado, miembro del Sindicato de Trabajadores del SANAA, y dirigente comunal, fue asesinado el 15 de febrero de 2010, de dos disparos, en la acera a tres casas de la suya, por hombres que se conducían en una motocicleta.
Dara Gudiel, 16 años. Apareció muerta asfixiada en circunstancias poco claras el 17 de febrero de 2010. Previo a su muerte fue secuestrada durante dos días luego fue liberada. Dara es hija de Enrique Gudiel que tiene un Programa de Radio de la Resistencia en la Radioemisora Atlantis denominado “Siempre al Frente, con el Frente”, su compañero de programa Carlos Valladares había recibido amenazas a muerte.
Claudia Larisa Brizuela, 36 años, hija del dirigente social y miembro activo de la Resistencia Pedro Brizuela. Fue asesinada el 24 de febrero de 2010 en su casa de habitación, cuando un sujeto desconocido que había permanecido vigilando la vivienda toda la mañana tocó a la puerta preguntó por la joven y le infirió 3 balazos, en la frente, cuello y brazo, delante de sus dos menores hijos. Pedro Brizuela dirige un programa radial de la Resistencia en Radio Uno y es columnista de Diario Tiempo, fue miembro del buró político del Partido Comunista de Honduras.
Nahúm Palacios Arteaga, de 36 años de edad, Periodista de profesión, director de la televisora del Aguán, en la cual trasmitía dos programas de noticias. Fue asesinado el 14 de marzo de 2010, frente a su casa de habitación en el Barrio Los Pinos, hasta donde llegaron cuatro sujetos desconocidos. Nahúm, cubría el conflicto agrario en el Bajo Aguán, actividades de la Resistencia y actualmente organizaba una asamblea de periodistas para analizar y enfrentar la inseguridad que sufre el gremio en la zona. Palacios era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, luego de agresiones sufridas por elementos de la Fuerza Naval al mando del Capitán Tercero. En el atentado resulto gravemente herida su prometida Yorleny Sánchez, médica de profesión, quien falleció 15 días más tarde, su sobrino Kely Zelaya de 17 años también resultó herido.
Francisco Castillo, de 50 años de edad, el día 17 de marzo de 2010 a las 5:30 de la tarde fue asesinado en La Residencial Las Uvas de Comayagüela, por un desconocido que le disparó por la espalda. Fue miembro activo de la Resistencia contra el golpe de Estado. El 22 de septiembre de 2009, fue detenido durante el desalojo violento que ejecuto el Ejército y la Policía en los alrededores de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, luego lo detuvieron ilegalmente en las instalaciones del complejo deportivo Chochi Sosa.
José Manuel Flores Arguijo, dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular y miembro del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH). Fue asesinado el 23 de marzo de 2010 las tres de la tarde cuando verificaba que todos los alumnos de la jornada vespertina, del Instituto San José del Pedregal de Comayagüela regresaran a sus aulas una vez finalizado el recreo, dos desconocidos que se cubrían el rostro con pasamontañas le dispararon, el profesor Manuel se encontraba en una terraza y se fue al vació, desde arriba los asesinos volvieron a disparar. El 30 de julio de 2009, fue golpeado durante el desalojo violento perpetrado por policías y militares en la zona del Durazno salida al norte de Tegucigalpa.
Jorge Adalberto Orellana, de 48 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza el día 20 de abril de 2010, en el barrio los Andes de San Pedro Sula, cuando salía del Edificio donde se encuentra el canal de televisión Honduras TVH, empresa para la que trabajaba desde octubre de 2009, dirigiendo el Programa en “En Vivo con Georgino”. Georgino como se le conocía, también era catedrático universitario y profesor de ballet. Generalmente los invitados de Orellana eran miembros del Frente Nacional de Resistencia |31|.
Miriam Yaneth Romero Domínguez, de 44 años, maestra de Educación media, residente en la Colonia San Carlos de Sula de San Pedro Sula, fue asesinada el 29 de abril de 2010, frente a su residencia cuando se disponía a cerrar el portón. Un sujeto desconocido le aguardaba escondido en poste del tendido eléctrico. Le disparo en dos ocasiones y huyó.
Gilberto Alexander Núñez Ochoa, de 29 años de edad fue asesinado de 17 balazos, el 13 de mayo de 2010, a las 6:30 p.m. en la colonia Cruz Roja de Comayagüela. Junto a un amigo suyo identificado como Andrés Oviedo. Alexander Núñez era miembro del comité de Seguridad de la Resistencia desde el 29 de junio de 2009, el 22 de septiembre se incorporo a la seguridad del presidente Zelaya en la embajada de Brasil, donde permaneció hasta el 10 de octubre, fecha en la que el Ministerio publico tramita su salida y lo entrega al Cofadeh, Núñez Ochoa se quejo de haber sido registrado y filmado al salir de la sede diplomática, en el mes de noviembre fue acusado por el coordinador de Fuerza policial Paz y Democracia de insurrección y exhibió su fotografía. Alex, como era conocido en el frente de resistencia había contribuido a identificar agentes del Estado infiltrados en las marchas de la resistencia.
Olayo Sorto Hernández: Fue asesinado de 3 disparos que impactaron en el tórax, rodilla y espalda, y una herida de arma blanca en la cabeza, hecho ocurrido a las 6:00 pm del 21 de mayo de 2010, deja 5 hijos menores de edad y su esposa que anteriormente había sido detenida por la policía, acusando a su esposo Olayo de poseer armas para la resistencia. Olayo era miembro del COPINH, se desempeñaba como Secretario del Comité Comunal del Frente Nacional de Resistencia Popular de Pueblo Nuevo, Colomoncagua.
Roger Antonio Fúnez Flores, fue asesinado en la calle principal de la Colonia 18 de septiembre, a las 6:00 de la mañana del 04 de julio de 2010, cuando se dirigía en bicicleta a la Feria del Agricultor. Dos sujetos que se conducían en motocicleta le dispararon primeramente en una pierna, luego en el suelo, le hicieron cuatro disparos en la cabeza. Roger era el Presidente del Patronato y coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular en su colonia, la última actividad que había organizado fue la presentación de la obra de teatro "El Generalito", del colectivo teatral Memorias de Tegucigalpa, en el marco del aniversario del nacimiento del FNRP. Era conocido como Toño, le sobreviven dos hijas.
Santos Remigio Ávila. Secretario General de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras ANACH en el departamento de Francisco Morazán, fue asesinado el 28 de agosto de 2010, por un desconocido que le infirió un disparó en la cabeza cuando se aprestaba a guardar su vehículo en su casa de habitación
Efraín López. Vendedor de Lotería nacional que se encontraba en el parque central de San Pedro Sula, el 15 de septiembre de 2010, cuando fue reprimida una manifestación de la Resistencia que iniciaría con un concierto realizado por varios grupos musicales nacionales. Murió a consecuencia de la inhalación de gases lacrimógenos lanzados indiscriminadamente por elementos de la Policía y el Ejército nacional.
Juana Bustillo. Presidenta del sindicato de trabajadores del IHSS fue asesinada en emboscada que le tendieran desconocidos, el 17 de septiembre de 2010 a las 7:15 de la noche, cuando salía de una reunión con directivos del IHSS, le acompañaban 4 sindicalistas más entre ellos Héctor Escoto que fue herido pero sobrevivió al atentado. Los desconocidos que se transportaban en un vehículo pick up, portando armas de grueso calibre.
José Luis Sanabria. Maestro de Educación Secundaria, miembro del COPEMH, y del Frente Nacional de Resistencia, desapareció el 30 de diciembre, su cuerpo fue encontrado el 01 de enero 2011, en la comunidad del Manacal, en Naco, Cortés, presentando una herida de bala en su cabeza.
Ricardo Domínguez. Miembro del Frente Nacional de Resistencia, fue asesinado el 15 de enero de 2011 con arma corto punzante, su cuerpo fue encontrado en la Colonia el Sitio de Tegucigalpa. En febrero de 2010, fue testigo presencial del secuestro de dos periodistas, ese mismo día fue objeto de detención ilegal por agentes de la Policía Nacional Preventiva, junto a otra persona.
Asesinatos por autoría sospechosa con visos políticos:
Desde febrero 2010, se observó una nueva forma de ataque a las bases de la oposición al régimen que asumió el control del Estado en enero de 2010, la individualización de la víctima y la labor de inteligencia parece ser la clave de la impunidad en una serie de casos. Los ataques violentos se dirigen a personas vinculadas por razones de parentesco a activistas públicos de la Resistencia pero no al activista mismo, en algunas ocasiones las victimas no han tenido participación política. De esta forma el régimen esta suavizando el impacto público que tendría el ataque directo al blanco de sus preocupaciones: los activistas sociales, aspecto que mide desde el espacio geográfico en el que la víctima se desenvuelve. De esta forma se produjeron el asesinato de dos hijas de comunicadores sociales, el allanamiento a la residencia de otra, el secuestro y torturas al hijo de un activista sindical, malos tratos infligidnos a la hija de una activista de la Resistencia.
Esta capacidad de actuar con impunidad, producto de las políticas de tolerancia y apertura al crimen que mantiene el Estado de Honduras ha provocado la muerte de al menos seis personas colaterales de miembros del Frente Nacional de Resistencia y ex funcionarios del Gobierno del Presidente Zelaya, en los que no quedaron claras las circunstancias ni las motivaciones.
Pedro Antonio Durón Gómez (24) y Oscar Tulio Martínez (38), murieron el 26 de mayo de 2010, después de haber sido acribillados a las 5:30 de la tarde, por desconocidos en la Colonia La Travesía de Tegucigalpa, la Capital de Honduras. Testigos oculares informaron que cuando las victimas entraron a una calle de tierra a bordo del vehículo en el que se conducían, individuos que se transportaban en un vehículo tipo turismo color negro y en una motocicleta, dispararon contra las víctimas. Luego los criminales dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo |32| . Pedro Antonio Durón, es hermano de Arcadia Gómez, ex Ministra de Asuntos Sociales del Presidente Zelaya, quien refirió que su hermano era miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular que rechaza el golpe de Estado que derrocó a Zelaya en 2009.
Luis Roland Valenzuela Ulloa (41). Médico Cirujano, ex Ministro del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Pronaders), en el gobierno del derrocado ex presidente Manuel Zelaya, murió de un disparo en la cabeza el 15 de junio a la 1:00 a.m. de 2010. Presuntamente como consecuencia de una discusión sostenida con el Empresario Carlos Yacamán |33| . La Dirección Nacional de Investigación Criminal descartó, previo a iniciar las investigaciones que el crimen tuviera motivación Política.
El 30 de abril de 2010, Roland Valenzuela había brindado declaraciones a un periodista de radio sobre quiénes y como se había planificado el Golpe de Estado del 28 de junio de 2009. En la entrevista implicó a la ex agente del escuadrón de la muerte 3-16, Jacqueline Flogia Sandoval |34| , a seis empresarios nacionales y al Embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa Hugo Llorens.
Marco Tulio Amaya (45). fundador del Frente Nacional de Abogados contra el golpe de Estado, que se organizó para defender a las personas criminalizadas por manifestarse contra el golpe de Estado, se desempeñaba como coordinador de materia penal en el frente. Fue asesinado, el 20 de julio a las 4:30 p.m., con otras 2 personas, cuando regresaba de un juicio particular celebrado en la ciudad oriental de Danlí, en donde participó en la audiencia inicial como defensor. Fue objeto de persecución cuando se trasladaba en su vehículo, de lo cual se percató a la altura de la comunidad Ojo de Agua, por lo que cambió ruta hacia la Villa de San Antonio (calle de tierra), en donde les dieron alcance desconocidos conducidos en otro automotor, quienes les dispararon con armas de grueso calibre, muriendo en el acto el Abogado Amaya y dos de sus clientes |35| , otras dos personas resultaron heridas, de las cuales una falleció en el hospital Escuela de Tegucigalpa.
El Abogado Amaya llevaba en calidad de abogado defensor las causas iniciadas contra personas que se manifestaron contra el Golpe de Estado, especialmente las presentadas por la Fiscalía el 22 de septiembre de 2009. Coadyuvaba la defensa de los 56 campesinos desalojados del Instituto Nacional Agrario (INA) el 30 de septiembre de 2009 y llevaba la causa de los miembros del SITRAUNAH, despedidos de la Universidad Nacional Autónoma.
Jorge Alberto Castro Ramírez. El día miércoles 07de julio a las 11:50 a.m., cuando se encontraba vendiendo refrescos de horchata fue asesinado por dos desconocidos que se conducían a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon por la espalda, recibiendo los impactos en la parte posterior de su cabeza. Castro era miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, quien participaba en las reuniones que se celebran en la Plaza la Libertad.
Miguel Ángel López. Presidente de la Asociación de taxistas de Catacamas, y miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular. López organizó a los taxistas de la localidad para protestar contra el golpe de estado. El día 14 de julio, en horas de la tarde, frente a la Jefatura de Policía, fue asesinado por dos desconocidos.
Teresa de Jesús Flores Rivera. Miembra de la vía Campesina, coordinadora del grupo campesino Nuevo Amanecer. Fue encontrada muerta, con heridas de arma blanca, con una de sus manos cercenada, en la Cuesta del Burro. Fue reportada su desaparición cuatro días antes, cuando se bajó de un autobús en Siguatepeque, proveniente de Tegucigalpa, en donde participó en reuniones de la Vía Campesina en Tegucigalpa
Eduardo Antonio Hernández. Maestro del COPEMH, fue asesinado con 10 heridas de puñal. Recibió una llamada telefónica que le citaban a cierto lugar, no regresó a su hogar.
Wilmer García Alvarado. Miembro de la comunidad Lésbico Gay de Honduras y del Frente nacional de Resistencia Popular en la zona norte del país, fue asesinado en el interior de su vivienda. Wilmer trabajaba como educador del Centro de Desarrollo Juvenil SEDEJURH, en el sector de la Rivera Hernández. El día de su muerte, debió participar en una capacitación ofrecida por la Federación Luterana Mundial en la ciudad de Comayagua, pero por razones de trabajo no pudo asistir.
Modesto Melgar. El 20 de Noviembre del 2010 fue asesinado Modesto Melgar delegado de la palabra de Dios, era miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, participaba en la movilizaciones que se realizaban en la zona del occidente del país y en las tomas de carreteras exigiendo la pavimentación de la carretera.
Inés Oseguera. Líder del FNRP en su comunidad, Presidente del Patronato de la Colonia Villa Cristina, desapareció el 04 de enero luego de salir de su casa de habitación. Dos días después apareció muerto en la cuesta del Barrio El Chile, envuelto en una bolsa plástica negra, amarrado con cabuya. Trabajaba como vigilante en la Escuela Gabriela Núñez de la Colonia La Laguna, Comayagüela. Un hombre desconocido respondió su celular diciendo que se encontraba dormido.
José María Turcios. Médico, residente en Santa Crúz de Yojoa, miembro del FNRP, fue acribillado a balazos cuando se conducía a una reunión de Santa Crúz de Yojoa a Quimistán, Santa Bárbara.
ASESINATOS POR ABUSO DE AUTORIDAD En el marco de esta tipología se recibieron múltiples denuncias por parte de la comunidad que aseguraba haber sido víctima de abuso de autoridad por agentes policiales. Este tipo de denuncias aumentó en el 2010, la mayoría de los expedientes abiertos son contra dependencias de Seguridad Pública, policías municipales y unidades del ejército que realizan operativos conjuntos. La policía estatal implemento desde enero de 2010, dispositivos en barrios y colonias presuntamente para disuadir el delito en comunidades ubicadas en zonas de conflicto, sin embargo los reportes de las victimas indican que la policía ha enfocado toda su logística en disuadir la protesta social, la articulación y organización de base sobre esta línea la Secretaria de Seguridad inició indagatorias detalladas referente a los líderes locales utilizando diversos métodos. Los testimonios recibidos dan cuenta de que los efectivos policiales habían actuado a veces sin uniforme ni identificación, otras veces plenamente identificados y portando sus armas de reglamento. Muchas personas fueron detenidas y llevadas a delegaciones policiales pero luego sus cuerpos aparecieron en parajes solitarios o en la Morgue Judicial. La policía preventiva y las fuerzas agregadas como la policía municipal exhiben un notorio empoderamiento que profundiza el irrespeto a los derechos humanos y faltas a los deberes de los funcionarios.
ASESINATOS LUCHA POR TENENCIA DE LA TIERRA El Cofadeh señala con preocupación los asesinatos de campesinos sin tierras y de afiliados y dirigentes de las cooperativas que son sus Defensores y representantes, así como la impunidad de que disfrutan los perpetradores de estos crímenes, las autoridades no solo no investigan hechos, se niegan a recibir las denuncias de los familiares de las víctimas |36| . La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes dirigentes de base del movimiento campesino y jefes de las familias que viven actualmente en zonas recuperadas a empresarios agrícolas, en viviendas inadecuadas sin abastecimiento de agua suficiente, sin instalaciones de saneamiento y en alta inseguridad, que se expresa en la posterior persecución a los familiares de los dirigentes asesinados y en amenazas al resto de la estructura de dirección que enfrentan intentos de secuestro ordenes de captura, militarización de sus comunidades y la presencia del paramilitarismo. El Estado no Emprendido todavía una auténtica reforma agraria |37| para afrontar efectivamente los problemas de la pobreza y las disparidades económicas en las zonas rurales.
En los últimos 12 meses 19 líderes campesinos han sido asesinados, estas violaciones fueron atribuidas a guardias privados de seguridad, policías preventivos y comandos de operaciones clandestinas. La pasividad e ineficacia del gobierno y del Ministerio Público de Honduras, que no han llevado a cabo las investigaciones ni han iniciado los procedimientos necesarios, para que los responsables de estas violaciones de los DDHH respondan ante la justicia multiplica la vocación del crimen durante todo este tiempo el Cofadeh ha recibido denuncias de amenazas a muerte desde diferentes puntos de la geografía campesina hondureña e indígena particularmente de amenazas contra dirigentes de las organizaciones sociales del Aguan y otras organizaciones que luchan por el derecho a la tierra, por los derechos indígenas y el respeto de los DDHH en general y el cumplimiento de los Acuerdos de abril de 2010. Entre los hechos irreparables se documentaron el asesinato de 14 indígenas Tolupanes y los asesinatos de dirigentes campesinos, son casos demostrativos los siguientes:
El universo de víctimas de delitos cometidos en el contexto del conflicto por la tenencia de la tierra en el Valle del Aguan, incluye el asesinato de niños y jóvenes. El pasado mes de Abril se militarizó todo el Departamento de Colón, dos mil (2,000), efectivos militares y 1,500 policías fueron destacados al departamento, bajo el mando de 15 oficiales, que instalaron 15 retenes militares en diferentes puntos estratégicos del Departamento de Colón, especialmente en las carreteras de acceso a las cooperativas campesinas.
La militarización de la zona no ha bajado los niveles de ataques contra los campesinos, por el contrario la innecesaria presencia de los cuerpos de seguridad ha provocado mayores niveles de inseguridad, no solo para los campesinos, también para los periodistas que han denunciado los abusos cometidos en los retenes donde los ciudadanos fueron sometidos a enérgicos registros corporales y de sus pertenecías.
Sobre esta línea, el pasado 20 de junio elementos del Batallón Cobras, Policías Preventivos y guardias de la seguridad Privada ORION que brinda servicios al Empresario Miguel Facusse, ingresaron a la Cooperativa Campesina Aurora |38| , agrediendo a los campesinos con bala viva, resultando muerto el niño Oscar Geovany Ramírez de 17 años. En el mismo acto capturaron a cinco campesinos, entre ellos a un niño de 16 años, a quienes acusaron de asociación ilícita y aportación ilegal de armas.
Uno de los detenidos se encontraba herido, otro presentaba fracturas en las costillas, los otros presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo. Al cuerpo del niño Oscar Geovanny no se le practicó la autopsia, el médico forense que levantó el informe en el lugar de los hechos afirmó que las heridas fueron provocadas por armas rápidas.
Juan Ramón Mejía (60). Bajo Aguán Colón. Miembro del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, fue asesinado el 31 de enero de 2010.
Francisco Montes (45) e Isidro Cano (45). Margen izquierda del Río Aguán, Tocoa, Colón. Campesinos miembros de la Cooperativa Buenos Amigos, fueron asesinados el 04 de febrero de 2010, les persiguieron en vehículo hasta darles alcance y asesinarles, en la margen izquierda del rio Aguán.
Feliciano Santos. Campamento, Bajo Aguán, Colón. Miembro del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, fue asesinado cuando se dirigía de su casa de habitación al Campamento, un hombre que se transportaba en motocicleta le disparó, causándole la muerte de inmediato, otra persona que le acompañaba resultó herida.
José Antonio Cardoza (50) y José Concepción Carías (60). Aldea Carbonales, Bonito Oriental, Colón. Fueron asesinados el 17 de marzo de 2010, cuando salían del sembradío de frijol, a las 12 del meridiano, por un sujeto desconocido que les vigilaba, les disparó con escopeta causándoles la muerte inmediata. Cardoza era miembro de la empresa campesina Brisas de Cohdefor, que han tomado posesión de 60 manzanas de tierra desde hace 4 años, las cuales son reclamadas por el terrateniente Carlos Díaz.
Miguel Alonso Oliva (22). Margen Izquierda del Rio Aguan. Miembro de la cooperativa Guanchías, asesinado el 01 de abril de 2010, por un disparo en la espalda calibre R15, en la margen izquierda del rio Aguán.
José Leonel Álvarez Guerra. Barrio Manga Seca, Tocoa, Colón. Dos sujetos en motocicleta color rojo, le dispararon mientras se encontraba en el patio de su casa, recibiendo cuatro disparos que le impactaron en el abdomen, tórax y brazo, falleció en el hospital de Tocoa, Colón, le sobreviven cuatro hijos menores de edad. Leonel era miembro de la Cooperativa La Confianza integrada en el MUCA.
Rodbing Omar Villegas (14 años) y Sergio Magdiel Amaya (17 años), Víctor Manuel Mata (50 años), fueron asesinados el 17 de agosto de 2010, cuando las hoy víctimas se trasportaban en un vehículo a cargar frutas, le salieron al paso varios policías y sin mediar palabra les comenzaron disparar en varias ocasiones en la Esquina del Naranjal en el Aguan Tocoa Colón
Ciriaco de Jesús Muñoz, Raúl Castillo, Teodoro Acosta, Ignacio Reyes, José Luis Sauceda Pastrana. El día quince de noviembre 2010, se encontraban en el desvió el Tumbador en una manifestación de protesta por el desalojo que se había realizado en la Finca El Tumbador, en donde fueron víctimas de asesinato por parte de guardias de seguridad del empresario Facusse, quedando un saldo de cinco muertos y un herido de nombre Pedro Deras.
Arick Adelson Díaz Estévez: El 29 de noviembre de 2010, Arick Adelson se encontraba pescando en el río en compañía de un niño que era su cuñado, cuando de pronto fueron atacados por varios agentes de la seguridad privada Miguel Facusse, quienes les dispararon muriendo al instante el jovenAdelson Díaz,y quedando herido el menor quien posteriormente fue hospitalizado, los familiares se apersonaron a las oficinas del DNIC, y a la policía.
MUERTES POR AUTORIA SOSPECHOSA Las ejecuciones, de acuerdo con el axioma del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyen un crimen de lesa humanidad entendido como la privación arbitraria de la vida de una o varias personas, por parte de Agentes estatales o con la tolerancia de estos.. Igualmente, se ha establecido que para que con rigor pueda hablarse de este crimen internacional la muerte de la víctima ha de ser deliberada e injustificada.
En las ejecuciones por autoría sospechosa perpetradas en Honduras se presentan modalidades que corresponden a un patrón común de actuación, muchas de las victimas previo a ser asesinadas eran conocidas por las fuerzas de seguridad del Estado o porque habían sido detenidas o amenazadas. O eran reconocidas en la comunidad. Las victimas se caracterizan por ser jóvenes, muchos residentes en barrios populosos estigmatizados por violentos o la presencia de pandillas o Barras deportivas. Muchas de las víctimas fueron ejecutadas desde motocicletas, en marcha sin placas o secuestradas en automóviles sin placas, con vidrios polarizados por hombres de contextura atlética, vestidos en forma deportiva jóvenes y el pelo recortado al estilo militar, fuertemente armados, la víctima es encontrada dos o tres días más tarde en solares baldíos o zonas conocidas como botaderos de cadáveres, con señales de tortura disparos tipo ejecución y atados de pies y manos.
No se preserva la escena del crimen ni las evidencias o pruebas existentes no recaudan los testimonios de los testigos o familiares de las victimas u otras personas que puedan contribuir a esclarecer las muertes. No se garantiza el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas. Los familiares de las víctimas y los testigos son amenazados para que se abstengan de denunciar o para que desistan de las acciones penales. Los miembros de la Fuerza de seguridad Pública implicados en casos de ejecuciones permanecen en servicio activo. Habitualmente el levantamiento de los cuerpos es realizado por las mismas unidades o delegaciones policiales implicadas en la autoría de los hechos.
AMENAZAS A MUERTE En algunos casos, las amenazas a muerte tienen un carácter sistemático e interrelacionado, produciendo una atmósfera general de incertidumbre y peligro para el desenvolvimiento cotidiano de las víctimas y sus familias. Este peligro aumenta si existe un alto grado de ineficacia del Estado para proteger al afectado y ausencia de investigación de los hechos. La sutileza de las amenazas adquiere mayor fuerza en procesos de reivindicaciones sociales, denuncias, movilizaciones masivas de la defensa de un derecho o las movilizaciones de la Resistencia, de igual forma se acentúan cuando se discuten proyectos de leyes adversas a la población en algunos se materializan en atentados, se constató un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a través de mensajes de texto y correos electrónicos contra defensores y Defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunitarios y miembros de otros grupos sociales. La mayoría de las amenazas permanecen en la impunidad y en ocasiones las autoridades rápidamente las descalificaron, sin una investigación previa. Algunas amenazas incluyen la instalación de paramilitares a inmediaciones de la residencia de la víctima, los agresores se transportan motocicletas, tanto en el área urbana como rural de igual forma se ha identificado la utilización de taxis |39| para vigilar a las víctimas en las zonas urbanas.
Las amenazas e intimidación también se implementan en contra de testigos de violaciones a los derechos humanos, es uno de los mecanismos utilizados para dejar en la impunidad la comisión de crímenes. Así, a través de la amenaza y la coerción en contra de testigos, los perpetradores reducen el acceso a la justicia para las víctimas. En el periodo examinado el Cofadeh ha registrado 278 amenazas a muerte de estas 138 son dirigidas a defensores de derechos humanos, 56 a testigos, 26 a familiares de líderes sociales de perfil nacional y en resistencia y 62 a lideres intermedios de proyección local u operativa. El propósito de las amenazas es desmovilizar a los actores sociales, acallar las denuncias y destruir los movimientos de base, al acatar a los líderes en sus residencias u oficinas.
Se registran casos operativos de hostigamiento y persecución en los que se utilizan hasta tres automóviles varios vigilantes que se relevan en forma periódica y uso de equipo de fotografías y escuchas. Las cifras y los móviles demuestran que En el marco de acciones de inteligencia del gobierno se ha producido una ola de amenazas de muerte a líderes sindicales, campesinos y estudiantiles y periodistas lo que provoca que la población organizada se encuentre en un estado de alarma debido a los índices de amenazas, intimidación y acoso que se han registrado en el año en referencia.
ATENTADOS CONTRA PERSONAS El Cofadeh observa que existe un patrón de abusos graves que han sido cometidos contra diversos sectores de la sociedad civil que se ven afectados por la violencia selectiva, incluyendo ex funcionarios del Estado. Algunos grupos, como los dirigentes sindicales, las minorías étnicas, magisterio, organizaciones de mujeres miembros de la Resistencia se han visto más afectados que otros. El incremento de los ataques violentos perpetrados en contra de estos sectores se acentuó a partir de marzo de 2010. Abusos graves o patrones no sólo no han cesado, sino que se han recrudecido con respecto al 2009, lo cual muestra que las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales de Derechos Humanos no solamente no han sido implementadas sino que el Gobierno ha actuado en contra de las mismas.
Las operaciones de inteligencia ofensiva consistentes en llevar a la práctica diferentes ataques, montajes, amenazas de muerte repetidas y continuadas a los familiares más cercanos de la victima principal, incluidos los hijos menores de edad, configurando una situación de ataques generalizados y sistemáticos. Han sido ataques típicos del 2010, sabotajes a los automóviles, disparos contra personas, simulacros de ataque con armas, intentos de secuestro, asaltos violentos, disparos contra sedes, ingreso ilegales, robo de información. Interceptaciones y registros de comunicaciones telefónicas y de correos electrónicos realizados en contra de instituciones tales como Grupo Sociedad Civil, Cesadeh, Intentos de atropellamiento |40| espionaje sistemáticos a ONGS, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y figuras público de oposición. Por las modalidades empleados hay cierta confusión y dificultades para diferenciar un atentado de crimen común con crimen político no obstante se observan en los ataque documentados algunas tendencias que revelan la motivación política, ejemplo la víctima es una figura sobresaliente del grupo, por lo general los atacados son blancos simbólicos, miembros de estructuras de respuesta social o política, de igual forma atacan a blancos operativos con fines de enviar mensajes a las estructuras de dirección. No se identifica al agresor ni se inician procesos de investigación, cuando se logra identificar se facilita la fuga del presunto atacante, las armas utilizadas por lo general son de alta velocidad o de uso prohibido, en el periodo examinado documentamos 26 atentados de estos 12 fueron contra sindicalistas.
El 09 de agosto de 2010, Renato Rodríguez Zavala responsable de la movilización del equipo técnico del Movimiento de Mujeres fue víctima de un atentado criminal en el centro de Tegucigalpa, cuando el policía Luís Enrique Pineda vestido de civil porque andaba de franco |41| le disparo presuntamente porque le rayo el carro que estaba mal estacionado a inmediaciones del desnivel conocido como el hoyo de Merrian, Renato perdió el riñón izquierdo producto del impacto de bala que también le daño el intestino y colon. El policía fue detenido por una patrulla policial pero luego se le libero en las instalaciones de la Policía Metropolitana 1. Renato fue una de las dos personas que fue detenida con Merlyn Eguigure el 26 de noviembre de 2009.
JOSE LUIS BAQUEDANO HERNANDEZ: Secretario General de la Confederación Unitaria de Trabajadores CUTH, el 12 de junio del 2010. Recibió un atentado cuando se dirigía junto a su familia en el Boulevard de las Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia San Ángel, días después un vecino le manifestó que unos hombres en moto lo había abordado y le había preguntado cuál era su casa, sus hijos han recibió amenazas vía mensaje celular.
ELSY ONEYDA ARTICA ALVAREZ: Miembro del Frente Nacional de Resistencia, desde el mes de octubre del 2010, empezó a darse cuenta que era objeto de persecución, hasta que en fecha 23 de octubre fue objeto de un atentado, donde sujetos armados a bordo de un vehículo le dispararon en varias ocasiones, posteriormente en el mes de Diciembre recibió una llamada telefónica donde le decían que se había salvado pero que tenía deuda pendiente.
PEDRO VICENTE ELVIR: El 03 de noviembre del 2010, a las 6:15p.m., Pedro Elvir, Presidente del Sindicato del Patronato Nacional de la Infancia SITRAPANI, procedía a ingresar a su casa de habitación, cuando un sujeto desconocido que se transportaba en una motocicleta color roja, se acercó solicitándole que lo auxiliara con una dirección desconocida, enseguida le apuntó con un arma de fuego, por lo que Pedro se lanzó al suelo, dando vueltas para protegerse de los disparos que le hacía el desconocido, quien se marchó enseguida.
Pedro Elvir había participado horas antes en la manifestación pública convocada por las centrales obreras en protesta por el anquilosado aumento al salario mínimo y en contra del ante proyecto de la ley de trabajo temporal.
Notas
1. Alfredo Jalife, geopolitólogo mexicano define los paramilitares como una creación de los gobiernos totalitarios que están en guerra. Explica que, de esta manera, “el Estado disfraza sus peores intenciones”, que ejecuta a través de estos cuerpos paramilitares que son ex milicianos o ex criminales, o personas que sirven precisamente a los intereses aviesos. [Volver]
2. El día 14 de diciembre de 2010, se publicó en el diario “El Tiempo” de San Pedro Sula, una nota periodística señalando que: el Secretario de Seguridad Oscar Álvarez responsabilizó a organizaciones de derechos humanos como el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) de prestarse a desestabilizar el actual gobierno y apoyar estos grupos armados del Bajo Aguán, por lo que fiscales y jueces están listos para encarcelar a los organizadores de la toma. afirmaciones también circularon en medios de comunicación radial [Volver]
3. Caso Defensores y periodistas de Coyotito Zacate Grande 15 de diciembre de 2011. Maestros criminalizados 20 de agosto de 2010 [Volver]
4. Durante los años ochenta la Doctrina de la Seguridad Nacional constituyó el marco teórico y político que sustentó el fenómeno de la militarización mediante el cual se propugnó la intervención y control militar sobre la vida social y política civil. A lo largo de los años esto produjo la subordinación efectiva del poder civil al poder militar y la invasión por éste último de las diversas esferas de lo público, económico y social, que en una democracia debe ser estricta competencia de civiles [Volver]
5. Agosto de 2010, la UNAH, Agosto de 2010, INPREMAH, Noviembre de 2010, El Instituto Nacional Agrario en Sinloa y Las instalaciones del COPEMH en Tegucigalpa. [Volver]
6. Decreto Legislativo 2-2010 [Volver]
8. Canciller de Colombia Jaime Bermúdez, firmo el nuevo acuerdo, por medio del cual se compartirá "la exitosa" experiencia en materia de seguridad y contra la delincuencia organizada en el marco de la cooperación sur-sur. [Volver]
9. Honduras y Estados Unidos firmaron en enero de 2009 el convenio de la iniciativa por medio del cual se le concedieron al país 3.6 millones de dólares de los 10 millones destinados a la región, a los que se sumaron los 2.8 millones concedidos en abril de 2010 por EE UU. [Volver]
10. Lobo Sosa agradeció al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, “por este magnífico aporte, que es un gran paso al combate del narcotráfico y al crimen organizado”. [Volver]
11. Los camiones se asignaron a Batallón de las Fuerzas Especiales en la Venta y la BREA. [Volver]
12. Al menos en el Distrito Central operan cuatro centros de operaciones clandestinas, donde las víctimas son vejadas interrogadas y luego abandonadas [Volver]
13. Diario Oficial la Gaceta del 30 de abril de 2010. año CXXXIII, Número 32,200. [Volver]
14. Coordinador, Ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, Diplomático Canadiense Michell Kergin, la ex Magistrado Peruana Maria Amadilla Zavala Valladares. Julieta Castellanos, Rectora de la UNAH, Omar Casco ex Rector de la UNAH, Sergio Mmbreño como técnico, Subsecretario de Estado Craig Kelly y la Subsecretaria para Asuntos de América Latina y el Caribe Julissa Reynoso. [Volver]
15. La asistencia técnica de la OEA es encabezada por el boliviano Victor Rico, con rango de embajador. [Volver]
16. Según datos del Observatorio de la Violencia, en el 2009 hubo 8,154 muertes violentas y de ellas 5,265 fueron homicidios. Las tasas más altas por 100 mil habitantes se registran en los departamentos de Cortés: 111.2, Atlántida: 106 y Colón: 84.0 [Volver]
17. Herramienta del nuevo Consejo para vigilar y evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. La evaluación se basa en la información aportada por el Estado evaluado, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros actores interesados, donde se incluyen las organizaciones de la sociedad civil. El resultado final del EPU es un informe con conclusiones y recomendaciones, éstas pueden abarcar o referirse a cualquier obligación que el Estado haya asumido en materia de derechos humanos. [Volver]
18. Ministra de la Presidencia, María Antonieta de Bográn, El Secretario de Relaciones Exteriores, Mario Canahuati; del Interior, Áfrico Madrid; del INAM, María Antonieta Botto; La Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Alejandrina Pineda; los diputados Orle Solís y Welsin Vásquez; las fiscales Sandra Ponce (de Derechos Humanos), Yani del Cid (de las Etnias), Nora Urbina (de la Niñez), y Grisel Amaya (de la Mujer). Y El Subprocurador General de la República, Ricardo Rodríguez. [Volver]
19. Acusaciones en contra de 127 personas durante el 2009, por los Delitos de Sedición, Terrorismo, Incendio Agravado, Asociación ilícita y Manifestaciones ilícitas. [Volver]
20. El Decreto que contiene el Estatuto del Docente es el 136-97 emitido el 11 de septiembre de 1997. [Volver]
21. Diario tiempo página 10 del 22 de enero de 2011. [Volver]
22. fe de erratas sólo deben referirse a pequeños errores en el texto (por ejemplo, errores de escritura, de ortografía o de puntuación). En cambio si se detecta un error importante en la construcción de una oración, o si la construcción es tal que la idea transmitida por la oración es oscura o distorsionada al punto que la misma es confusa o errónea, este error debe ser corregido dentro del libro o documento y no mediante una fe de errata. [Volver]
23. Diario la Tribuna del 08 de junio de 2010. [Volver]
24. Comunicado del 13 de agosto de 2010, San Pedro Sula . 13 de agosto de 2010 CONFEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES DE HONDURAS (CUTH) CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE HONDURAS (CTH) CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES (CGT) y comunicado del 03 de noviembre de 2010. [Volver]
25. Carta Abierta al Congreso Nacional de las Centrales Obreras el 03 de noviembre de 2010. e) Porque bajo el pomposo nombre de “PLAN NACIONAL SOLIDARIO DE EMPLEO ANTICRISIS”, se esconde la desregulación definitiva del mercado del trabajo y como consecuencia la derogación del Código del Trabajo; f) que es falso que la OIT haya dado luz verde a la aprobación de dicho Plan y también es falso y perverso que se exprese por la comisión de dictamen que en el mismo se hayan incorporado las recomendaciones de la OIT y g)Finalmente expresamos que el Plan objeto de la presente impugnación al violentar los derechos y garantías fundamentales, nuevamente coloca al Estado de Honduras como violador de los derechos humanos, puesto que las garantías y derechos fundamentales aquí expuestos han sido elevados al rango de derechos humanos por la comunidad internacional. [Volver]
26. DECRETO No. 46-2010.- Del 01 de Junio de 2010. CONTRATA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL SUEÑO II, suscritos entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la Empresa Hidroeléctrica Energía BLUS S.A. DE C.V. la Contrata de Aguas tiene como propósito el aprovechamiento de Aguas Nacionales del cauce natural del Río Palaja, ubicado en el Municipio de El Míspero, Departamento de Santa Bárbara. (SERNA) (ACTA 26) DECRETO No. 47-2010.- Del 01 de Junio de 2010. CONTRATA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MEDIANTE EL PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA “MORJA”, ubicado en el Municipio de El Paraíso, Departamento de Copán, entre la Sociedad Mercantil INGENIERÍA TÉCNICA, S.A. DE C.V. (SERNA) (ACTA 26) DECRETO No. 48-2010.- Del 01 de Junio de 2010. CONTRATO DE OPERACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA INSTALACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA “LAS VENTANAS”, ubicado en l Cuenca del Río Uluita del Municipio de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá, suscrito en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 4 días del mes de Diciembre de 2009, entre la Sociedad PROVEEDORES INTERNACIONAL, S.A. (PROINTER). (SERNA) (ACTA 26). [Volver]
27. El artículo 3 de la Ley Marco contiene “no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, por Dios han sido establecidas”(art. 3, fr. 7). [Volver]
28. Ccapítulo XIII el Funcionamiento y obligaciones de las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro. artículo 58.1 [Volver]
29. Constitución de Honduras, Declaración Americana Artículo I. Convención Americana Artículo 4. (1) l Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.1; la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 6.1; y la Convención de Belém do Pará, artículos 3 y 4. [Volver]
30. Tiempo pág. 54 del 16 de marzo de 2010. [Volver]
31. Su último invitado fue Alejandro Deras, Presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. [Volver]
32. Un vehículo turismo color negro ha sido reportado por otras víctimas en atentados frustrados. [Volver]
33. El Empresario huyó de la escena del crimen dejando abandonada su camioneta, según información proporcionada por las autoridades de Investigación a la Prensa. [Volver]
34. Jackeline Foglia Sandoval, quien formó parte de la Estructura el 3-16 en el año de 1987, siendo nombrada como Jefa de la Sección de Análisis, según acuerdo No. 02-81 del 12 de enero de 1987. La tarea de la Sección de Análisis, recopilar los perfiles de civiles a los que consideraban objetivos militares, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, quienes posteriormente fueron desaparecidos, asesinados o torturados. En las últimas horas Jackeline Foglia Sandoval, hace su trabajo silencioso a través de su sitio de internet desde donde hace llamamientos a sus colegas militares para que se sumen “a la defensa de la patria”. Organismos de Derechos Humanos registran que en 1987 fueron desaparecidos los hondureños Luis Antonio Rodríguez, Cosme Osorio Murillo, Martín Antonio Lazo M., Julio López, Marco Tulio Sosa, José Stanley Castellón y René McClellan Andino; sus familiares aún esperan justicia. Foglia Sandoval -en 1980- inició sus estudios en la Academia Militar de West Point, N.Y, en los Estados Unidos y de 1984 a 1995 fue oficial en el ejército de Honduras, desempeñándose en varias unidades militares. [Volver]
35. Emilio Herrera y Mara Leslie Hernández Alemán, acusados del delito de Lavado de Activos, habían sido detenidos junto a Sergio Elvir por la policía de Fronteras y la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación en la Aduana las Manos con 700,000 mil Dólares. Tiempo 21 de julio de 2009, pag. 53. [Volver]
36. Testimonio brindado al Cofadeh por la familia ARICK ADELSON DIAZ. [Volver]
37. La no-aplicación de la legislación vigente de la Reforma Agraria, contribuye a la situación de impunidad de los casos mencionados. Honduras es Estado Parte de los principales tratados de derechos humanos, entre éstos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo tanto debe respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos, y por ende también el derecho a la vida, la integridad física y el derecho a la tenencia de la tierra del campesinado basado en el Bajo Aguán [Volver]
38. El 14 de abril de 2010, El régimen de Porfirio Lobo y las 24 cooperativas campesinas afectadas, firmaron un acuerdo buscado una solución al conflicto, de esta forma las 24 cooperativas se retiraron de igual número de fincas y se concentraron en cinco, La Lempira, La confianza, La Aurora, La Concepción y Camarones. Acta de Compromiso firmada en el Fuerte Santa Barbara en Trujillo. [Volver]
39. Denuncia de Don Leo Valladares Lanza, Esly Banegas, Alvaro Calix, Ana Suyapa Rivera, Haydee Saravia, Lorena Rubí, José Serrano. [Volver]
