Equipo Nizkor - El juzgado 13 de Barcelona procesa a Sanchis, Gordillo y Altafaj entre otros treinta altos cargos.

El juzgado número 13 de Barcelona ha cerrado la instrucción de la macrocausa sobre la preparación del referéndum del 1-O y ha dictado auto de procesamiento contra 32 personas, entre las que se encuentran el actual director de TV3, Vicent Sanchis, el director de Catalunya Radio, Saül Gordillo, y el exdirector de la delegación del Govern de Catalunya a la UE, Amadeu Altafaj. En cambio, ha decidido archivar la causa contra el exjuez Santiago Vidal y el expresidente del Consell Asessor de la Transició Nacional, CarlesViver Pi i Sunyer.

Además, la magistrada Alejandra Gil ha decidido imponer una fianza por responsabilidad civil solidaria de casi seis millones de euros a los 17 procesados por malversación, el equivalente a los gastos públicos indiciariamente realizadas o comprometidas con la realización del referéndum declarado ilegal. Son 5.803.068,67 euros, de manera que no prestar fianza supondrá el inicio del proceso para embargar los bienes suficientes para disponer de dicha cantidad.

En el auto se definen los hechos que según la juez tendieron a organizar una seria de acciones que aseguraran la celebración de la convocatoria declarada judicialmente ilegal, "comprometiendo para ello presupuesto público".

En su detallada exposición, la magistrada instructora sostiene que "la independencia era el objetivo que pretendía alcanzarse, primero mediante un acuerdo pactado y, en caso contrario, de manera unilateral", y que se "reconocía, a su vez, que una eficaz declaración unilateral de independencia exigía disponer de estructuras de Estado". Así, justifica que "existió un plan común" y que cada uno de los procesados, dentro de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación, "contribuyeron de manera decisiva en la consecución del fin conjunto ya dicho". Y recuerda el acto celebrado el 21 de abril de 2017, cuando más de 140 altos cargos (secretarios generales, secretarios sectoriales y territoriales, directores generales y delegados territoriales) fueron convocados a un acto en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat con el que el Govern de Puigdemont quería ratificar su compromiso con la celebración del referéndum.

En el auto, la magistrada apunta al "firme propósito de la Generalitat, exteriorizado con intensidad creciente desde 2012", en celebrar un referéndum, que "se ensayó en noviembre de 2014", con la finalidad de ejercitar el derecho de autodeterminación y la constitución de un nuevo Estado, independiente de España, y que "tuvo su plasmación en el referéndum del uno de octubre de 2017 y su corolario en la declaración de independencia realizada" por el president Puigdemont en el Parlament el 27 de octubre.

Los imputados siguieron "las directrices marcadas por los distintos departamentos" de la Generalitat "con el firme propósito de celebrar el referéndum" hacia la independencia. Así, realizaron actuaciones y algunos dictaron resoluciones con las que dispusieron de fondos públicos para financiar el referéndum", sostiene el auto, a pesar de los mandatos constitucionales y "siendo conscientes de la ilegalidad de las actuaciones".

Tras la instrucción, la investigación de la magistrada señala conceptos concretos y actuaciones que "dieron lugar a la disposición, o compromiso, de fondos públicos" con la finalidad de financiar el referéndum del 1-O. El auto cita en concreto el registro de catalanes en el exterior, gastos de reparto (servicio de Unipost), el proyecto 'Conéctate al voluntariado', el papel del Diplocat y del Departament d´Afers i Relacions Institucionals i Exterior i Transparencia de la Generalitat; la - instalación de un call center, propaganda y cartelería y los 3.050 euros de la web pactepelreferendum.cat y la adquisición de los dominios pactepelreferendum.cat, referendumcatalunya.cat y catalanreferendum.eu.

Además, el auto dedica un apartado específico al hecho de que Frederic Udina, director de IDESCAT, cediera los ficheros con los datos del Registro de Población de Catalunya a Daniel Gimeno (jefe de Gabinete técnico de la Secretaria General del Departament de Vicepresidència de Economia i Hisenda, que era el encargado de la gestión de los datos del registro de consultas populares no refrendarias. Son "los datos con los que se elaboró un censo de votantes para el referéndum del uno de octubre", y cuya cesión "sólo estaba justificada en el ámbito de consultas populares no refrendarias y no podían usarse ni transmitirse para ser usados para el referéndum", asegura la magistrada instructora.

En cambio, la investigación no ha encontrado indicios suficientes respecto a 15 investigados, a los que la magistrada ha decidido no procesar, entre los que se encuentran Carlos Vives Pi i Sunyer o Santiago Vidal.

La lista de procesados por delitos de malversación, de desobediencia, de falsedad documental, de revelación de secretos y de prevaricación se completa con los siguientes nombres:

1. Antoni Molons García, secretario de Difusió i Atenció Ciutadana del Departament de Presidència de la Generalitat. Malversación y prevaricación.
2. Joaquim Nin Borreda, secretario general del Departament de Presidència de la Generalitat. Malversación, desobediencia y prevariación.
3. Jaume Clotet Planas, director general de Comunicació del Govern de la Generalitat. Malversación.
4. Josep Ginesta Vicente, secretario general de Treball, Afers Socials i Família. Malversación.
5. David Palanques Bonavia, responsable de l'àrea TIC del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Malversación.
6. David Franco Sánchez, responsable de l'àrea TIC del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Malversación
7. Francesc Sutrías Grau, director general de Patrimoni (vicepresidència, Economia i Hisenda), Malversación y desobediencia.
8. Aleix Villatoro Oliver, secretario general del Departament d'Afers i Relacions institucionals i Exterior i Transparència de la Generalitat. Malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación.
9. Amadeu Altafaj Tardio, director de la delegación del Govern de Catalunya a la Unió Europea, Malversación y prevaricación.
10. Albert Royo Marine, secretario general del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya. Malversación y falsedad documental.
11. Natalia Garriga Ibáñez, directora de Serveis integrada a la Secretaria General depenent de la Vicepresidència d'Economia. Malversación.
12. Pablo Raventós, director general d'Unipost. Malversación y desobediencia.
13. Rosa Maria Rodriguez Curto, directora general de Servei de T-Systems. Malversación.
14. Francesc Fabregas Bonet, administrador de El Vallenc. Malversación y desobediencia.
15. Josué Sallent, director de Estratègia i Innovació en el CTTI. Malversación.
16. Xavier Puig Farré, responsable del área TIC del Departament d'Acció Exterior, Relaciones Institucionals i Transparència. Malversación.
17. Rosa Vidal Planella, interventora general de la Generalitat. Malversación, desobediencia y falsedad documental.
18. Meritxell Massó Carbó, secretaria general del Departament de Governació. Desobediencia.
19. Nuria Llorach Boladeras, vicepresidenta y administradora única de la CCMC. Desobediencia.
20. Frederic Udina Abelló, director del IDESCAT. Desobediencia y revelación de secretos.
21. Montserrat Vidal Roca, área de Processos Electorals i consultes Populars. Desobediencia
22. Vicent Sanchis Llàcer, director de TV3. Desobediencia.
23. Saül Gordillo Bernárdez, director de Catalunya Ràdio. Desobediencia.
24. Martí Patxot, director corporatiu, comercial y de màrqueting de CCMA. Desobediencia.
25. Mercedes Martínez, encargada de supervisar las obras en una nave que debía de ser el centro de recogida de datos. Desobediencia.
26. Joan Manel Gómez Sanz, jefe de Riscos del Centre de Seguretat de la Informació del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya. Desobediencia.
27. Josep Masolivé Puig, trebajador de Fundacio.cat. Desobediencia.
28. José María Gispert Giménez, gerente de Indugraf Offset SA. Desobediencia.
29. Marta Garsaball Pujol, autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas el titular del cual era la Delegació del Govern de la Generalitat. Falsedad documental.
30. Daniel Gimeno Alcañiz, responsable del tratamiento del fichero de datos del registro de participantes en consultes no refrendarias. Revelación de secretos.

09abr19

El juzgado 13 de Barcelona procesa a Sanchis, Gordillo y Altafaj entre otros treinta altos cargos

[Fuente: Por Luis B. García, La Vanguardia, Barcelona, 09abr19]

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