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15mar19


El Gobierno no tomará medidas contra Torra pero cree que "debería retirar los lazos amarillos"


El Gobierno no tomará medidas contra Quim Torra por no haber retirado los lazos amarillos y las estelades de los edificios públicos, pese a que así se lo ha reclamado la Junta Electoral Central. "Tenemos que respetar las decisiones de la Junta, la decisión se ha de cumplir, el Gobierno insta a que se cumplan y estamos a disposición de la Junta", ha señalado la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

No obstante, Calvo no ha mostrado disposición a acudir a la Fiscalía para exigir a Torra que cumpla con ese mandato de los jueces, aunque sí ha reiterado que en opinión del Ejecutivo, "Torra debería retirar los lazos amarillos, porque estamos en periodo electoral y consideramos que se deberían cumplir las resoluciones de la Junta Electoral".

Torra desoyó a la Junta Electoral Central, que el lunes le dio un plazo de 48 horas para que retirase los lazos amarillos y las banderas estelades de todos los edificios públicos de Catalunya de cara al ciclo electoral que ya ha arrancado. Los jueces consideran que "el lazo amarillo y la bandera estelada son símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones".

En concreto, argumentan en respuesta a un recurso formulado por Ciudadanos que el lazo amarillo "se ha utilizado para recordar a dirigentes o candidatos pertenecientes a formaciones políticas que se encuentran en situación de prisión preventiva".

Y en el caso de la bandera estelada consideran que "también se utiliza como símbolo de determinadas formaciones políticas. Ambos son signos que pueden ser legítimamente utilizados por estas formaciones políticas en su propaganda electoral pero no por los poderes públicos ya que estos deben mantener una rigurosa neutralidad política".

De momento, la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, ya ha llevado la negativa de Torra a retirar estos símbolos ante la Fiscalía. Arrimadas considera que en de la actitud del presidente de la Generalitat podrían derivarse sendos delitos de desobediencia y delito electoral.

[Fuente: Por Leonor Mayor Ortega, La Vanguardia, Barcelona, 15mar19]

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