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05ago18


Fiscalía pide inhabilitar a los ediles que abrieron el 12-O en Badalona


Fiscalía ha solicitado que los seis concejales investigados de Badalona por abrir las puertas de una oficina del Ayuntamiento durante la fiesta nacional del 12 de octubre en 2016 sean condenados a 15 meses de inhabilitación, durante los que no podrían ejercer de concejales o diputados en el Parlament ni ser escogidos para esos cargos. Además, pide que se multe a cada uno con unos 4.200 euros, a razón de unos 20 euros diarios durante siete meses.

La fiscal acusa de un delito de desobediencia grave a cuatro ediles de Guanyem Badalona en Comú (tres de ellos militan en la CUP y otra es independiente) y dos de ERC. Eran integrantes del gobierno municipal cuando abrieron las puertas del principal edificio de oficinas del Ayuntamiento en el del Día de la Hispanidad y atendieron a unos 200 vecinos, pese a la prohibición de un juez de que el Consistorio fuera accesible al público y los funcionarios coincidiendo con la simbólica fecha.

Uno de los encausados, el ex teniente de alcalde Jose Téllez, rompió ante la prensa una copia del auto judicial que denegaba la apertura. La anterior alcaldesa, Dolors Sabater, no se sumó a la acción porque se hallaba en un viaje oficial. En junio pasado, fue relegada por una moción de censura promovida por PP, PSC y Cs que ha entregado la alcaldía a los socialistas justificando, entre otros motivos, guiños al independentismo del ejecutivo anterior, incluida la polémica en torno a aquel 12 de octubre.

En 2016, el Ayuntamiento acordó un calendario laboral para sus trabajadores que daba opción a quienes lo quisieran a trasladar el día de asueto del 12-O a otra fecha en abril o diciembre, a cambio de ocupar su puesto durante la fiesta nacional española. Con el ofrecimiento, se pretendía exhibir el rechazo a una conmemoración que concejales del anterior gobierno con mayoría de soberanistas asociaron al "genocidio de América" y el franquismo.

La Abogacía del Estado recurrió contra la decisión y, a 24 horas de que el Ayuntamiento abriese, el Juzgado Contencioso 14 de Barcelona ordenó que se suspendiera cautelarmente la apertura de las dependencias. El gobierno municipal indicó a la cincuentena de empleados que había manifestado su intención de trabajar que se abstuviera para evitar ser denunciados. En cambio, los concejales de Guanyem y ERC que se hallaban ese día en Badalona sí acudieron a la oficina y se encargaron de que pequeños grupos accedieran a lo largo de cinco horas, por lo que el PP de Badalona los denunció. Según la fiscal, actuaron "con evidente desprecio" hacia la orden judicial que lo impedía y entraron "a sabiendas de que no podían en el edificio, acompañados de ciudadanos a los que atendieron personalmente, rellenando de su puño y letra, en algunos casos, instancias genéricas".

Durante el proceso, la defensa de los concejales ha alegado que no incumplieron la instrucción del juez y ha interpretado que no trabajaron el 12-O, sino que escenificaron una "acción política simbólica". Aún más, ha sostenido que se cumplió con el mandato judicial desconvocando a los trabajadores que iban a desempeñar su labor y no tramitando las instancias redactadas hasta el día siguiente, dado que no podían cursarse en día festivo.

El juez instructor llegó a archivar el caso, que definió como una "mera performance" de los concejales sin traspasar el límite del delito, pero Fiscalía apeló y la Audiencia ordenó reabrir la causa, que ahora se encamina hacia un juicio. El abogado de ERC ha solicitado la absolución de sus dos concejales, mientras que la letrada de Guanyem prepara el escrito de defensa. Uno de los investigados, Oriol Lladó, ha sido elegido para volver a encabezar la lista de Esquerra en la ciudad en las municipales de 2019.

[Fuente: Por Jordi Ribalaygue, El Mundo, Madrid, 05ago18]

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