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16ene18


Roger Torrent de ERC presidirá el nuevo Parlament si el secesionismo logra imponer su mayoría


Este miércoles se celebra la sesión constitutiva del Parlament surgido de las elecciones del 21 de diciembre. El pleno arrancará a las once de la mañana y lo hará sin haber resuelto incertidumbres que definirán si la legislatura es la continuación de la anterior o si da un giro de 180 grados y un nuevo enfoque al conflicto catalán. La principal incertidumbre es sin duda si el independentismo logrará imponer el rodillo de una mayoría absoluta que ahora mismo está en el aire y que depende de decisiones que ha de tomar la Mesa de Edad que dirigirá la constitución de la Cámara.

La Mesa de Edad estará compuesta por el diputado más veterano -Ernest Maragall- y los dos más jóvenes -Gerard Gómez y Rut Ribas- y será, para empezar, la que decida si se acepta que los cinco diputados prófugos que no han cedido sus escaños -Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret- puedan votar por delegación desde Bruselas. Tanto el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra los cabecillas del 'procés' como los letrados del Parlament se han pronunciado en contra.

Es más, los letrados ni siquiera son partidarios de permitir que los dirigentes encarcelados puedan recurrir a esa fórmula, alegando que el reglamento no contempla la delegación ni para quienes están en la cárcel ni para quienes se encuentran en Bruselas con una orden de arresto en España. Ninguno de los dos supuestos se encuadraría en la "incapacidad" que sí regula la norma. Sin embargo, teniendo en cuenta que el juez Llarena sí está a favor del voto delegado para los presos -Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez- los letrados han dejado abierta una puerta al remitir la decisión a la Mesa de Edad o, en su defecto, a una ulterior reforma del reglamento, ya con la Mesa definitiva constituida, con el fin de ampliar los supuestos para delegar el voto.

En cualquier caso, el informe de los letrados, que coincide con el criterio de los juristas a los que el Gobierno encargó otro informe sobre el mismo asunto, le servirá de base al Gobierno para recurrir una decisión a favor de que voten los prófugos. Lo ha asegurado el presidente, Mariano Rajoy, en un encuentro informal con periodistas en Moncloa, en el que ha insistido en que actuará contra cualquier acto administrativo que no se ajuste a la legalidad. Además, ha subrayado la trascendencia de las decisiones que adopte la Mesa del nuevo Parlament, porque debe tener en cuenta las consecuencias de permitir, por ejemplo, una investidura de Puigdemont desde Bruselas, que el Ejecutivo también recurriría ante el Constitucional.

Ahora bien, si ERC mantiene la coherencia con declaraciones suyas previas en las que dijo que se atendría en todo momento a lo que plantearan los letrados del Parlament, la decisión de la Mesa de Edad debería ser contraria a la delegación del voto de los fugados puesto que sus tres miembros, el presidente y los dos diputados más jóvenes, militan en las filas republicanas.

En este caso, la mayoría soberanista que sobre el papel suma 70 diputados quedaría reducida a 65, mientras que los partidarios de seguir en España, incluyendo los ocho diputados de los Comunes de Xavier Domènech, alcanzarían la misma cifra, 65. Y esto puede complicar bastante la elección de una Mesa de mayoría soberanista. Tanto, que ha hecho concebir ciertas esperanzas a los líderes e Ciudadanos y el PP catalán, Inés Arrimadas y Xavier García Albiol, que se han dedicado durante todo este martes a presionar a los Comunes para que se muevan de su equidistancia y faciliten que haya un presidente/a constitucionalista del Parlament.

Los nuevos diputados electos ocuparán escaños provisionales hasta que la Mesa acuerde su ubicación: 36 serán de Ciudadanos, 34 de Junts per Catalunya (JxCat), 32 de ERC, 17 del PSC, 8 de Catalunya en Comù- Podem, 4 de la CUP y 4 del PP.

La equidistancia de los 'Comuns' y el 'no grupo' del PPC

La formación de Xavier Domènech, que con sus ocho diputados podría tener la clave para que la Cámara se defina ideológica y estratégicamente, sigue empeñada en no decantarse por ninguno de los dos bloques enfrentados. Y eso ha llevado a Arrimadas a dirigirle una sucesión de reproches: "Siempre aparece Podemos para echarles (a los soberanistas) un salvavidas"; "Hay una frase que lo resume todo: 'por culpa de Podemos volveremos a ver como una persona de un partido independentista preside el Parlament'"; "Podemos prefiere repetir la Mesa anterior y poner en peligro de nuevo el autogobierno de Cataluña"…

Albiol, por su parte, ha ahondado en el desafío: "Podemos tiene que decidir cuál es su posición en los temas importantes y si está del lado de los que quieren separar Cataluña del resto de España o de los que queremos evitar la fractura". Pero ni toda la presión de estas dos formaciones juntas ha conseguido convencer a los de Domènech. Elisenda Alamany, número dos de Catalunya En Comú Podem, ya les ha contestado: "Ciutadans sigue sin sumar. Es una fantasía numérica, corresponde a una ficción. No contribuiremos a juegos de mayorías adulteradas porque hay gente encarcelada".

La coincidencia en el discurso con el que se han dirigido a los Comunes no se extiende, sin embargo, a todas las actitudes de Ciudadanos y Podemos ante la nueva legislatura. De hecho, Arrimadas ha afirmado que su partido no cederá ningún diputado al PPC para que puedan formar grupo propio, aunque ha avanzado que presentará una iniciativa en la Mesa del Parlament para que los 'populares' puedan tener los mismos derechos que el resto de los grupos. El PPC tiene cuatro escaños cuando el mínimo exigido para constituir un grupo parlamentario es de cinco.

Albiol ha pedido ese diputado esgrimiendo que así los constitucionalistas tendrían más fuerza en la Cámara. Pero la líder del partido naranja se opone con el argumento, entre otros, de que la cesión de un diputado supondría que los 'populares' cobrarían la subvención íntegra que corresponde a los grupos por la campaña electoral, un coste que iría a cargo de los ciudadanos y que ha cuantificado en "casi un millón de euros".

Albiol, por su parte, ha planteado que C's, PSC, PPC y los Comunes presenten un candidato 'de consenso' para que sea un constitucionalista quien presida el Parlament. Arrimadas ha replicado que el único candidato no independentista posible debe proceder de su partido.

Desarrollo de la sesión constitutiva e investidura

En cuanto al desarrollo de la sesión constitutiva del Parlament, una vez formada la Mesa de Edad, se leerá el nombre de los candidatos a presidir la Cámara -con toda seguridad habrá uno de ERC y otro de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra- y se decidirá si se admite o no la delegación del voto para los diputados electos ausentes. Después, se procederá a las votaciones que serán tres y en urna: la primera para elegir al presidente de la Cámara y las otras dos para designar a los dos vicepresidentes y a los cuatro secretarios de la Mesa.

Las votaciones son secretas, por llamamiento por orden alfabético, y con papeleta: en ella cada diputado pone el nombre de su elegido. No es posible la abstención, aunque sí el voto en blanco o nulo. Si ningún candidato llegara a la mayoría absoluta, que son 68 votos, habrá una segunda votación para lo que solo hace falta la mayoría simple. Si los 'comunes' decidieran apoyar a Cs, podría haber empate. En caso de empate, el Reglamento de la Cámara catalana estipula que si tras la primera votación nadie obtiene la mayoría absoluta, la votación se repite entre los dos con más apoyos. Resultaría elegido el que tuviera más votos, pero si el empate persiste después de cuatro votaciones, será elegido el candidato del grupo parlamentario con más diputados.

Para elegir a los dos vicepresidentes, cada diputado escribe un nombre en su papeleta. Y serán elegidos, por orden correlativo, los dos con una mayoría de votos. Para la elección de los secretarios, el sistema es el mismo que para los vicepresidentes: resultarán elegidos los cuatro diputados con más votos.

La previsión es que ERC se haga con dos de los siete puestos de la Mesa, la presidencia y una secretaría; Junts per Catalunya ostentaría una vicepresidencia y otra secretaría y los otros tres cargos de la Mesa se repartirían entre Ciudadanos, que se quedaría con dos (una vicepresidencia y una secretaría), y el PSC (una secretaría). PP y CUP, relegados al grupo mixto, quedarían fuera de la Mesa. La CUP ha anunciado este martes que apoyará la constitución de una Mesa con mayoría independentista, sin pedir contraprestaciones, y ha descartado, al menos de momento, ingresar en este organismo porque "no se les ha ofrecido en los términos deseados".

El presidente del Parlament puede proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat tras reunirse con los miembros de las formaciones con representación en la Cámara. Tiene un plazo máximo de diez días hábiles, por lo que la primera sesión del debate de investidura tendrá que ser como muy tarde el 31 de enero. Le corresponderá a la Mesa decidir de forma colegiada cómo será el formato de la sesión de investidura. Es decir, podrá decidir si permite que haya intervención telemática, una decisión que sin duda será recurrida ante el Tribunal Constitucional como ya han anunciado Rajoy y algunos grupos del Parlament que ha exigido respeto para el informe de los letrados.

De producirse una situación así, se frenaría la investidura pero los tiempos para repetir las elecciones habrían ya comenzado a correr. Si se propusiera a un candidato que sí pudiera acudir a la investidura, los independentistas tendrían 62 votos asegurados, ya que faltarían los ocho que están en Bruselas o en prisión, frente a 57 del llamado bloque constitucionalista. La primera votación podría celebrarse ese mismo 31 de enero o el 1 de febrero. Para resultar investido, el nuevo presidente de la Generalitat necesitaría la mayoría absoluta: 68 votos. Si no consigue esos votos, la segunda votación tendría lugar a las 48 horas de la primera: el 2 o 3 de febrero. En esta segunda votación, el candidato solo necesita la mayoría simple de la Cámara.

Si aun así ningún candidato obtiene la mayoría simple, comenzará un plazo de dos meses para investir a otra persona. La fecha límite sería el 2 abril -en función de cuándo haya sido la primera y segunda votación-. Si llegada esa fecha no hay acuerdo, se convocarían elecciones autonómicas de nuevo, que se celebrarían entre mediados de mayo y principios de junio. Según el Estatut de Cataluña, los nuevos comicios se han de celebrar entre 40 y 60 días después de convocarlos, o según la ley electoral, tendrían lugar 54 días después.

[Fuente: República de las ideas, Madrid, 16ene18]

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