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11ene18


Jordi Sánchez declara al juez que no cree en la unilateralidad y que nunca llamó a la violencia


El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado electo de Junts per Catalunya Jordi Sánchez ha manifestado este jueves ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que nunca llamó a la violencia en las movilizaciones que se realizaron en relación con el "procés" en Cataluña y que no cree en la unilateralidad como vía para alcanzar la independencia.

Así lo han manifestado fuentes presentes en la declaración que comenzó a las diez menos cuarto en el alto tribunal y en la que por primera vez el líder social ha expuesto su versión sobre los hechos del denominado 'procés' que culminaron en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña el pasado 27 de octubre. Sánchez ha respondido a preguntas de los fiscales Fidel Cadena y Jaime Moreno, mientras que ha rechazado responder a las preguntas que le ha realizado el abogado de la acusación popular ejercida por el partido político Vox. A continuación ha comenzado el interrogatorio de las defensas.

La declaración de Sánchez se ha centrado en su participación en el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat que dificultó la realización de un registro judicial en esta dependencia el pasado 20 de septiembre. Estos hechos son muy relevantes porque el juez -Llarena ha citado junto a Sánchez al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn- decidió el 4 de diciembre mantener en prisión a todos estos investigados al considerar que sus aportaciones estaban "directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella".

"El riesgo de reiteración de sus conductas -añadía el magistrado- impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física", exponía el auto.

El exlíder de la ANC y número dos de la candidatura de Junts per Catalunya -de él se ha llegado a decir que podría ser el hombre de paja de Puigdemont en Cataluña mientras él dirige al Govern desde Bruselas- ha insistido en que tanto él como Cuixart y el diputado y cantante Lluis Llach pidieron a los concentrados que se fueran a casa desde un escenario instalado en el lugar, pero no encima de los coches de la Guardia Civil allí instalados.

Pero lo fundamental es que ha expresado su deseo de regirse por la Constitución, ha rechazado la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña y ha explicado que trataron de presionar a otros partidos no soberanistas para llegar a un acuerdo para celebrar el referéndum, que finalmente se celebró pero sin validez alguna, según el mismo ha reconocido. También ha admitido que desde 2015 existía una "hoja de ruta", cuyos objetivos compartían ANC, Omnium Cultural, ERC y CDC, y que viene a confirmar los datos extraídos por los investigadores del documento Enfocats, incautado al segundo de Oriol Junqueras, y por el que Llarena ha imputado al expresidente catalán Artur Mas y a la dirigente de ERC Marta Rovira, entre otros.

Tras su comparecencia, Sánchez ha pedido "in voce" su puesta en libertad y su defensa tiene previsto presentar hoy mismo un escrito solicitándolo formalmente. El exlíder de la ANC permanece en prisión desde el pasado 16 de octubre por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, ante la que apenas declaró. La juez le envió a prisión junto a Cuixart al asignarles el papel de "promotores y directores" de las concentraciones del 20 de septiembre, ya que ambos se mantuvieron al frente "durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes".

Lamela destacaba también que el 1 de octubre, desde las mismas cuentas de whatsapp utilizadas para promover el asedio a los agentes de la Guardia Civil que acompañaban a la comitiva judicial, "realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales". Con todo ello, según la juez, pretendían "impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución".

[Fuente: República de las ideas, Agencia, Madrid, 11ene18]

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