Comision de Prensa
AAPDH - Asociacion Argentina pro Derechos Humanos
Madrid - Espana
Editor Responsable: Equipo Nizkor

Transcribimos el texto de la ponencia que sobre la situación en Chile y
Bolivia expuso el representante de Acción de Cristianos por la Abolicion de
la Tortura de Paris (Francia). Es un testimonio de primera mano sobre el
"estado de la cuestion" en ambos paises.


EL DESTINO DE LA IMPUNIDAD EN BOLIVIA Y EN CHILE:
¿QUE TEMORES Y QUE ESPERANZAS?

Por Yves MIGNOT
Responsable del Departamento Acciones Internacionales
de ACAT-Francia

¿Se estan reforzando de manera ineluctable en America Latina las practicas y
los dispositivos que aseguran la impunidad a los victimarios de Estado?
¿Pueden abrirse todavia ciertas brechas en este mal generalizado, capaz de
engendrar tantas nuevas violencias?

Actualmente, muchos signos hacen pensar que la respuesta a estas dos
preguntas pueda ser bastante negativa. Basta citar el caso del Peru, pais en
que, en junio ultimo, se voto una ley de amnistia que es sin duda la mas
eficaz hoy en dia para despojar a las victimas de toda esperanza de verdad y
justicia respecto a los crimenes de sus verdugos.

Pero, no es este pais el tema de este breve estudio. Chile y Bolivia viven
actualmente acontecimientos susceptibles de echar alguna luz sobre el
destino de la impunidad en America Latina, y de revelar ciertos temores y
esperanzas que se deben tomar en cuenta. Empezaremos con Chile.

En Chile, cuando el dictador, en marzo de 1990, tuvo que entregar a los
civiles el gobierno del pais, les entrego tambien una serie de herencias
obligatorias, entre las cuales se puede enumerar:

- el decreto de ley de amnistia 2191 del 19 de abril de 1978 en beneficio de
los responsables de las violaciones de los derechos humanos entre el 11 de
septiembre de 1973 (fecha del golpe militar) y abril de 1978;

- la presencia en el Senado chileno de nueve senadores "designados" -por
el-, entre 47 senadores en total, es decir un numero suficiente para impedir
que la mayoria elegida en las urnas sea efectivamente mayoritaria en la
Camara Alta, y por lo tanto hacer imposible que se vote toda ley nueva que
corrigiera las disposiciones impuestas por el General Pinochet. Entre estas
disposiciones esta en primer plano el decreto-ley que protege a los
torturadores de todos los grados, que hayan, baso su alta autoridad,
perpetrado crimenes de lesa humanidad;

- una Corte Suprema, cuyos jueces en su mayoria habian "prescindido", a lo
largo del periodo dictatorial, de ejercer su funcion de justicia con
respecto a los responsables de estos crimenes y a la proteccion de las victimas;

- una competencia exorbitante otorgada a 'a justicia militar, dandole
preferencia, en muchos casos, en relacion a la justicia civil, y haciendo
posible asi que militares y policias puedan escapar de la investigacion, del
juicio, del castigo

Por estas razones, y otras mas, despues de marzo de 1990, la impunidad ha
seguido siendo la norma mas general ¿Podia el nuevo gobierno no tomar en
cuenta la Constitucion de Pinochet? Las opiniones al respecto son diversas.

A pesar de todo, en la "ley de amnistia", quedaban unas brechas. Algunos
jueces valientes las han utilizado. A menudo, la Corte Suprema ha impedido
que la justicia democratica pueda funcionar, sobre todo por el hecho de
otorgar, en muchos casos, competencia a la justicia militar.

Algunas investigaciones se han podido llevar. ¿No habia declarado el mismo
Presidente Aylwin que, si la ley de amnistia impedia que los casos sean
tratados por la justicia, no impedia que se investigaran

Frente a estos obstaculos, solo quedaba la esperanza de que, en un futuro
impreciso, las reglas impuestas por Pinochet pudieran dar lugar a una
revision en el Parlamento y que se pudiera asi un dia hacer justicia.

Pero aqui ocurre que, el 22 de agosto de 1995, hace menos de seis meses, el
Presidente Frei manda al Senado un "paquete" de tres proyectos de ley. El
tema de uno de ellos es "el esclarecimiento de la verdad en torno al destino
de los detenidos desaparecidos y otros casos sobre derechos humanos". se
parece mucho a un proyecto de "punto final": es decir que se pondria un
punto final a la posibilidad de investigar y juzgar, despues de un tiempo
limitado en que jueces recogerian confidencialmente informaciones sobre el
destino de los desaparecidos, destruyendo al final los "cuadernos" en que
ellos hubiesen anotado dichas informaciones. Se precisa que "no se sometera
a proceso a los inculpados", "se dejaran sin efecto los mandamientos de
detencion o prision que se hubiera librado", y al final se decretara el
"sobreseimiento definitivo" de las causas.

A cambio de esta concesion mayor hecha a los militares y a la oposicion
pinochetista, los dos otros proyectos de ley proponen cambios en la
Constitucion y en las "leyes organicas constitucionales de las fuerzas
armadas y de carabineros de Chile". Asi se pondria fin a los senadores
"designados" y se restablecerian algunas prerrogativas tradicionales del
presidente de la Republica para el llamado a retiro de los generales.

Largas y multiples conversaciones se han desarrollado, desde fines de agosto
ultimo, entre los partidos politicos. En el mes de diciembre, parecia que
iba a existir una mayoria para votar el proyecto de ley, un poco reformado,
sobre derechos humanos. Pero, hada la mitad de enero, hace menos de un mes,
los mismos militares declararon su oposicion al proyecto de ley. Al mismo
tiempo el partido de derecha moderada "Renovacion Nacional" se dividio en
cuanto a la oportunidad de votarlo. Segun las ultimas noticias recibidas, no
se puede saber todavia lo que va a pasar al respecto.

Lo paradojico, es la situacion poco comun de un presidente
democrata-cristiano, del que no se puede sospechar simpatia por los
victimarios, que propone el mismo, apoyado por su partido y otros partidos
de la mayoria, un fortalecimiento de la impunidad impuesta por el dictador,
ignorando los compromisos internacionales ratificados por su pais, ignorando
tambien las responsabilidades que asumiria en relacion a las consecuencias
que tales medidas puedan tener en el futuro de las derechos humanos en
Chile, en America Latina, y aun mas alla. Sin contar, en Chile mismo, con la
responsabilidad respecto a la "salud" de una sociedad que pueda quedar
enferma de la justicia no hecha en relacion a crimenes, de los mas horribles
que los hombres puedan cometer.

Los argumentos que uno puede escuchar, generalmente en conversaciones
privadas de parte de los parlamentarios chilenos de la mayoria, que apoyan
el proyecto, muchas veces a disgusto, son, por una parte, que Chile no puede
seguir

con la democracia paralizada por ciertas disposiciones de la Constitucion
heredada del regimen anterior, especialmente los "senadores designados", y
por otra parte, que no puede soportar por muchas veces mas los
enfrentamientos con los militares, semejantes a aquellos ocasionados hace
unos meses por la condena y el encarcelamiento del General Contreras, exjefe
de la policia represiva de Pinochet. Este general fue reconocido responsable
del asesinato en los Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1976, de Orlando
Letelier, ex-ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Allende.

¡Que porvenir alentador para la impunidad de los victimarios, y para la
misma tortura, si los gobernantes y los parlamentarios "democraticos"
transan asi con las exigencias esenciales de verdad y justicia en la vida
nacional, y pueden hacer de ellas una moneda de cambio contra ganancias,
seguramente importantes para la democracia en un momento dado, pero
aceptando de socavar los valores y las exigencias que son los fundamentos
mismos de esta democracia!

¡Y que otra paradoja que el rechazo de los militares a tal proyecto de ley
pueda contribuir al fracaso del mismo!

En Bolivia, la situacion, en ciertos aspectos, es inversa. La esperanza de
abrir una brecha importante en la impunidad generalizada emana de los mismos
parlamentarios.

Esta esperanza no es bastante conocida ni apoyada, tanto por los gobiernos
democraticos del resto del mundo como por las organizaciones no gubernamentales.

Es cierto que, en Bolivia, continuan cometiendose en impunidad las torturas,
los encarcelamientos arbitrarios, etc., heredados de la dictadura.

Pero, es en otros puntos que cabe ahora insistir.

Bolivia tiene una particularidad importante en la materia que nos ocupa:
ella es, junto con el Paraguay, uno de los pocos ejemplos de un pais sin ley
de amnistia que limite la posibilidad de hacer un dia verdad y justicia,
despues de muchos anos de violencia de Estado.

De hecho, ciertos responsables de tales crimenes han sido juzgados. Y un
ex-dictador, Luis Garcia Meza, esta desde hace algunos meses tras las rejas
de la prision de alta seguridad de Chonchocorro, encima de La Paz, a mas de
4000 metros de altura.

Algunos dicen que puede que el no permanezca ahi mucho tiempo, y tambien
que, mas que el aun, otro dictador, Hugo Banzer, deberia haber sido juzgado
y condenado, en lugar de seguir con toda tranquilidad una carrera politica.
A pesar de esto, esta brecha en la impunidad de los dictadores puede hacer
pensar a aquellos que esten tentados a seguir la misma via.

Pero, la esperanza a la que hemos hecho referencia es otra. Y es tan
inusitada como la ausencia de ley de amnistia.

Entre 1989 y 1993, torturas han sido amplia y sistematicamente practicadas
contra prisioneros sindicados de "alzamiento agnado". Una denuncia conjunta
fue hecha ante la Camara de Diputados por la Conferencia Episcopal, las grandes 
centrales sindicales, y las principales organizaciones no gubernamentales de
defensa de derechos humanos y de familiares de detenidos

En consecuencia, el 15 de abril de 1994, la Camara de Diputados encarga a su
Comision de derechos humanos de investigar estas denuncias. La investigacion
es larga. Pero, el 13 de julio de 1995, hace siete meses, dicha Comision
publica SU informe, bajo la forma de un volumen de 250 paginas, titulado
"DENUNCIA DE TORTURAS A CIUDADANOS SINDICADOS DE ALZAMIENTO ARMADO".

Este documento es unico, en varios aspectos: la instancia de la que emana;
el hecho de revelar los nombres de los responsables presuntos de torturas o
de faltas que las permitieron, militares, policias, procuradores, jueces...;
el acuerdo de todos los diputados de la Comision, representando a todos los
partidos de la Camara, sobre el texto del informe. Se trata realmente de un
hecho nuevo, totalmente inhabitual en el contexto de impunidad generalizada
que reina en America Latina.

La proxima etapa tendra que ser la aprobacion de este informe por el
plenario de la Camara de Diputados. Solo entonces podran ser entregadas a
las Cortes de justicia competentes las listas de los responsables, ya
establecidas en los anexos del documento.

El problema es que las fechas fijadas para este examen del informe por el
pleno de la Camara son continuamente aplazadas. Finalmente, la fecha del 6
de diciembre pasado parecia poder ser respetada. Lamentablemente, poco
tiempo antes, por un motivo poco creible, la sesion fue anulada. Despues,
llego el tiempo de vacaciones, ahora el del Carnaval. Aparentemente, por el
momento, ninguna otra fecha ha sido fijada.

Tenemos naturalmente pocas informaciones acerca de las presiones ejercidas
sobre los diputados para que ellos no se pronuncien sobre el informe.
Presiones que vienen del interior de Bolivia y, sin duda, presiones que
vienen de los Estados Unidos de America, que ya habian hecho abortar un
proyecto de amnistia para los mismos torturados, cuyos procesos estan casi
todos sin empezar despues de varios anos de prision preventiva.

En cambio, empezo en Bolivia una campana de contrapresion, alentando a los
diputados para que lleven a cabo la importante tarea que han emprendido.
Ademas, bastantes ejemplares del informe fueron difundidos en el extranjero,
pero en numero aun insuficiente. Y la campana se amplio internacionalmente.
Ella es todavia demasiado pardal; pero al menos, los diputados saben que hay
miradas en el mundo fijadas en ellos con mucha expectativa. Se tiene que
continuarla y extenderla.

Es cierto que se pueden hacer criticas a este informe. Es cierto que tiene
el defecto de no denunciar sino las torturas cometidas bajo un gobierno
anterior. Pero, tal cual, en este contexto de impunidad en America Latina,
es una de las pocas esperanzas de una brecha de envergadura en este flagelo
de la falta de verdad y justicia, generador de una continuidad de crimenes
contra la dignidad de las personas y de los pueblos.

Se puede pensar tambien que se llevan negociaciones por lo bajo. por
ejemplo, cambiar la no-aprobacion del informe por la Camara de Diputados por
una amnistia de los "ciudadanos sindicados de levantamiento armado", y
quizas por una amnistia para todos, victimas de las torturas y culpables de
ellas. No es un temor vano: hay que acordarse de lo que paso en El Salvador
en 1993, donde apenas conocido el informe de la Comision de verdad, los
parlamentarios prefirieron votar inmediatamente una ley de amnistia.

Quizas podamos, como conclusion, insistir en tres puntos, comparando la
situacion de impunidad en Chile y Bolivia.

Los dos son paises donde los crimenes de la dictadura (o aun de
post-dictadura) gozan de una impunidad muy amplia.

Pero las diferencias son significativas. En Chile, la impunidad para una
parte importante de los victimarios corre el riesgo de salir reforzada y
definitivamente asegurada, por la iniciativa de gobernantes y parlamentarios
"democraticos" (Una Comision de Verdad y Reconciliacion es creada por el
Presidente Aylwin poco tiempo despues de su toma de poder. Pero el decreto
que la crea, el 29 de abril de 1990, solo le encarga que establezca la
verdad en los casos de violacion de los derechos humanos, prohibiendo
expresamente que se mencione ningun nombre de responsables presuntos de
estas violaciones). A la inversa, Bolivia es, por la iniciativa de
parlamentarios, una tierra en que existe quizas la suerte de que la
impunidad no sea mas una norma totalmente general.

Pero seria demasiado simple de separar asi los dos paises en cuanto a los
temores y las esperanzas para el futuro de la impunidad. Porque, en Bolivia
no es vano el temor de que la tension actual pueda desembocar en una ley de
amnistia a la que el pais ha escapado hasta la fecha. Y, en Chile, a pesar
de todo, existe la esperanza de que el proyecto de ley del Presidente Frei
no sea votado y que, por lo contrario, la discusion sobre el tema, relevada
en los medios de comunicacion todos los dias, haga crecer la toma de
conciencia en la opinion publica.

Si, en Chile, igual que en Bolivia, y en casi toda America Latina, existe
hoy dia, respecto a la impunidad, la ambigüedad de la esperanza y del temor.

Frente a esta ambigüedad, es tarea de los democratas del mundo no ubicarse
como observadores pasivos. Cuando uno va a estos paises de los que hablamos,
se da cuenta del peso que tiene la opinion del exterior sobre las decisiones
internas. El destino de la impunidad en America Latina esta parcialmente en
nuestras manos.