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17may07


Citan a sindicalista en un proceso por desvío de fondos de un crédito del Banco Mundial


Quienes estudian en profundidad las fortunas argentinas afirman que hay 3 sindicalistas entre los 10 argentinos más millonarios. La administración de las obras sociales ha sido, desde el acuerdo de Augusto Vandor con Juan Carlos Onganía, durante la llamada Revolución Argentina, el origen de las fortunas. Luego apareció el Pami, el ANSeS y otras posibilidades de 'hacer caja'. Por 1ra. vez citan a 200 sindicalistas a declarar, en este caso por irregularidades cometidas con un préstamo del Banco Mundial.

Jorge Urso tuvo la posibilidad de investigar a prominantes sindicalistas comprometidos con $ 60 millones aportados por 500.000 monotributistas a una cuenta del Estado, sin que nadie los reclamara como propios (denuncia de noviembre de 2001 de la Oficina Anticorrupción en la que declararon como imputados Gerardo Martínez, Gerónimo Venegas, Juan José Zanola, José Santa María, José Segalotti, Angel García y Luis Cejas (Federación Unica de Viajantes de la Argentina). El fiscal fue Carlos Stornelli. Urso terminó sobreseyéndolos, y hoy ya es no juez federal.

Ahora es la oportunidad del juez federal Norberto Oyarbide, otra vez con Stornelli como fiscal, y se decidió citar a declaración indagatoria a 200 sindicalistas, por un presunto desvío de un millonario crédito concedido por el Banco Mundial para reconvertir las obras sociales gremiales.

Las citaciones no tienen aún fecha porque los imputados aún deben presentar distintos recursos de prescripción y nulidad.

Oyarbide tomó la decisión luego de analizar una extensa pericia contable incorporada a la causa, que instruyó el fiscal federal Carlos Stornelli, según la agencia de noticias Télam.

Allí habría "semiplena prueba" del desvío dado a US$ 350 millones de un crédito del Banco Mundial entre 1996 y 2000.

Oyarbide ya había convocado a algunas indagatorias: ArmandoCavalieri, Omar de Napole y Alberto Mansilla, de Osecac, entre otros.

Pero ahora todo se aceleró, probablemente luego del escándalo en que aparece envuelto Stornelli en su relación con el Ejecutivo Nacional y la campaña de Daniel Scioli.

La causa comenzó por una denuncia sobre el destino dado al crédito que debía usarse para mejorar la calidadde las prestaciones de las obras sociales, como capacitación,reformas a los edificios, entre otros puntos.

Según la pesquisa, parte de ese dinero habría sido usado para financiar a empresas allegadas a nivel familiar a los gremialistas.

El Banco Mundial dijo no haber auditado el préstamo de US$ 285 millones del plan de reconversión de obras sociales y del PAMI otorgado en 1996, sino que esa función correspondía al gobierno argentino.

Las fuentes del Banco Mundial explicaron que hay 2 tipos de préstamos: de "ajuste" y de inversión. El 1ro. es para la ejecución de políticas, como era este caso por tratarse de cambios en el sistema de salud sindical y "no es auditado por el propio banco", subrayaron las fuentes. En cambio, los préstamos de inversión para obras públicas, por ejemplo, sí son controlados por esa entidad.

De esta forma, el control quedaba entonces en los funcionarios que integraron el llamado Programa de Reconversión de las Obras Sociales (PROS) durante el menemismo y el gobierno de la Alianza y los secretarios de Salud del cual dependía esa oficina. Por eso el fiscal Stornelli acusa a éstos ex funcionarios de incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.

Entre otros, quiere indagar como sospechosos a Gabriel Vidart, Jaime Saiegh, Jorge Becerra, Lelio Mármora (hijo), Luis Ceriani, Saúl Rossi, Walter Hondarre, Gerardo Casarello y Guillermo Cobián.

El fiscal denunció maniobras de sindicalistas que son socios de empresarios beneficiados con los créditos como el caso del titular del sindicato de Obras Sanitarias de la Capital, Luis Lingeri. También descubrió a contratistas habituales de las obras sociales que luego aparecen con nuevas consultoras para llevarse contratos millonarios como en la obra social de los mercantiles.

Una 3ra. modalidad fue el pago de deudas posteriores a la firma del préstamo en 1996 lo que estaba prohibido por el acuerdo entre la Argentina y el Banco Mundial, según el fiscal.

[Fuente: Urgente24, Buenos Aires, Arg, 17may07]

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