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22ago10
Cuenta regresiva para investigados por 'chuzadas'
Si no hay decisión rápida del procurador Ordóñez la investigación prescribiría y habría que archivarla. El proceso compromete a tres ex directores y cuatro ex subdirectores del DAS.
Una prueba de fuego deberá afrontar en los próximos días el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, debido a que se acerca el 'Día D' para los procesos disciplinarios contra altos funcionarios del Gobierno comprometidos, presuntamente, en las 'chuzadas' ilegales.
Y es que en septiembre empiezan a vencerse los términos que tiene la Procuraduría para pronunciarse en los casos de los implicados en este espinoso tema.
Entre los investigados están tres ex directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un ex funcionario de la Casa de Nariño, además de un ex director de la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf). De no haber un pronunciamiento pronto, los procesos deberán archivarse por prescripción y en el ambiente quedará un tufillo de impunidad.
En septiembre se cumplen los cinco años que tiene la justicia disciplinaria para fallar el caso de las interceptaciones y los seguimientos que sin orden judicial se hicieron a magistrados y políticos de oposición, que se originaron en 2005.
Así pues, en manos de la Procuraduría está el futuro de los ex directores del DAS Jorge Noguera, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado, al igual que del secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno.
De la misma manera, se deberá determinar la responsabilidad del ex director de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Mario Aranguren Rincón.
En la lista también están los casos de los ex subdirectores del DAS José Miguel Narváez, Carlos Alberto Arzayuz Guerrero, Fernando Alonso Tabares y Jorge Alberto Lagos.
Contra todos estos funcionarios el Procurador General, Alejandro Ordóñez, profirió pliego de cargos el pasado 22 de febrero, luego de haber encontrado pruebas suficientes que los involucran con las 'chuzadas'.
A diferencia de lo que ocurre en la justicia penal, en la que el término es de 20 años, en la jurisdicción disciplinaria tan sólo son cinco los años que pueden correr desde que se dan los hechos, independientemente, de la fecha en que se inicie formalmente la investigación.
Antes de octubre
En caso de vencerse los términos, los tres ex directores del DAS, Moreno, Aranguren y los cuatro ex subdirectores quedarían libres de toda responsabilidad disciplinaria, hasta tanto se allegue a la Procuraduría una prueba nueva y contundente que pueda ameritar la reapertura de la investigación.
Si esto ocurre, la única explicación posible, según el ex procurador general de la nación, Jaime Bernal Cuellar, será que la justicia "no actuó prontamente".
Ordóñez es consciente del riesgo que significa la posible prescripción, por eso asegura que antes de octubre habrá una decisión final.
"Dentro de las investigaciones disciplinarias los procesos están próximos a llegar a la etapa de alegatos de conclusión. Se advierte que los términos de prescripción, en el campo disciplinario, son mucho más acuciosos que en materia penal, por eso estaremos profiriendo la decisión del caso antes de octubre del presente año", afirmó el Jefe del Ministerio Público.
También agregó que eso se logra luego de seis meses de arduo trabajo y de una "prolija" e intensa investigación y de haber recaudado un "abultado número de elementos probatorios", explicó Ordóñez, al señalar este caso en particular como un compromiso de la Procuraduría que tiene competencias de carácter constitucional y legal.
"Somos la entidad que ejercemos la potestad sancionatoria del Estado en materia disciplinaria. Las conductas que realicen los funcionarios públicos que agravien el ordenamiento jurídico, el Código Único Disciplinario y que afecten el cumplimiento de los deberes funcionales, son materia de investigación", advirtió Ordóñez.
Las acusaciones
En una sola decisión, la Procuraduría abrió pliego de cargos contra Noguera, en su condición de ex director del DAS, cargo que ocupó entre el 16 de agosto de 2002 y el 22 de octubre de 2005, contra Andrés Mauricio Peñate, que fue director del organismo entre el 26 de octubre del 2005 y el 18 de agosto del 2007 y en contra de María del Pilar Hurtado, que ocupó la dignidad entre el 30 de agosto del 2007 y el 22 de octubre del 2008.
Según la Procuraduría, Noguera presuntamente permitió que el llamado Grupo de Inteligencia G-3 realizara ilegalmente interceptaciones de comunicaciones telefónicas y de correos electrónicos de periodistas, políticos, sindicalistas y miembros de ONG.
En cuanto a Peñate, al parecer omitió su deber de poner en conocimiento de las autoridades competentes las presuntas irregularidades cometidas por algunos funcionarios en torno a las interceptaciones ilegales.
Casos de los ex subdirectores
Narváez está siendo investigado porque, presuntamente, fue quien ordenó la recaudación de la información utilizando las conversaciones telefónicas y los correos electrónicos de algunas personas sin orden judicial.
Arzayuz Guerrero, al parecer, participó en las labores de interceptación telefónica y por correos electrónicos de forma ilegal. A
Tabares se le acusa de haber permitido a funcionarios adscritos a las subdirecciones, pertenecientes a la Dirección de Inteligencia, realizar labores de seguimiento a algunos ciudadanos.
[Fuente: El País, Colprensa, Cali, 22ago10]
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