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20ago10


Garantías para unos testigos


Continúa avanzando en la Fiscalía la investigación por las llamadas 'chuzadas' del DAS, algo que se podría catalogar de sorprendente, teniendo en cuenta que son muy pocas las ocasiones en que la justicia colombiana logra esclarecer hechos en los cuales está involucrada gente de tanto nivel jerárquico en el sector público.

Apenas anteayer, el ex jefe de contrainteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Alberto Lagos, dejó prácticamente listo un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Según la negociación, Lagos pagará la mitad de la pena que le corresponde por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. En vez de 16 años de prisión, Lagos pagará ocho, siempre y cuando el beneficiado se convierta en testigo contra los otros ex funcionarios públicos involucrados en los vergonzosos hechos.

También el ex jefe del Grupo de Observación Nacional e Internacional Goni Germán Ospina se ha hecho acreedor a beneficios procesales tras entregar información valiosa en el marco de la investigación que se adelanta en la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

La utilización de testigos protegidos, del nivel de los dos mencionados, no es nada nuevo en el proceder universal de la justicia. Recordemos que si algo se ha logrado en la guerra contra las drogas es a través de mecanismos que si bien han recibido objeciones de fondo y títulos peyorativos como 'El cartel de los sapos', han logrado concretos resultados a la hora de establecer rutas, y sobre todo nombres de 'peces gordos' de esa actividad.

En el caso de marras lo que se investiga es, ni más ni menos, el seguimiento ilegal, por parte de la inteligencia estatal, de magistrados, periodistas y otras figuras a las que el gobierno anterior consideraba una amenaza, como consecuencia de las revelaciones que estaban haciendo y de las investigaciones que se estaban adelantando por 'parapolítica', pago de prebendas a congresistas y conductas penales afines.

Ya esta semana, ante el fiscal octavo Delegado Misael Rodríguez, rindió declaración el ex secretario jurídico de Presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Edmundo Del Castillo, quien con Bernardo Moreno son los ex funcionarios de más alto rango del anterior gobierno en comparecer ante la Fiscalía dentro de este proceso.

Como se recordará, Del Castillo debe dar explicaciones sobre la reunión en la Casa de Nariño con Antonio López, alias Job, en lo que se ha interpretado claramente como un complot contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez.

También Del Castillo está respondiendo por las pesquisas que habría ordenado para relacionar al cuestionado Ascencio Reyes con magistrados, e incluso con el ex fiscal general Mario Iguarán.

La Fiscalía General de la Nación ha defendido hasta la saciedad su tesis de que tanto los funcionarios del entourage presidencial, como los del DAS, concertaron una "empresa criminal para desprestigiar a magistrados, políticos y comunicadores", desestimando explicaciones que han presentado los versionados en el sentido de que las 'chuzadas' fueron parte de una investigación para determinar una supuesta infiltración de narcotraficantes en la Corte Suprema de Justicia.

Entre tanto, continúan los llamados a declarar a otros ex altísimos funcionarios, algunos de los cuales simplemente se han negado, mientras que otros, como el nuevo embajador ante la Santa Sede, César Mauricio Velásquez, se cubren con el manto de su fuero diplomático.

Desde luego que lo que hemos visto ahora no es un fallo definitivo, ni mucho menos. Pero de cualquier manera es preciso anotar que lo que la Fiscalía General de la Nación adelanta en este momento no es otra cosa que el momento más crucial de estas investigaciones, como quiera que es en esta etapa cuando se allegan las pruebas que posteriormente se presentarán ante los jueces competentes para el juzgamiento correspondiente.

El método de permitirles a los testigos negociar abre la posibilidad de que la investigación permita avanzar con verdaderos 'dientes', incluso hasta el punto -utópico en nuestro país- de que se conozcan los verdaderos responsables -aun en el más alto nivel- de semejantes abusos de poder.

[Fuente: El Herado, Editorial, Barranquilla, 20ago10]

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small logoThis document has been published on 08Feb11 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.