Como lo admite el propio Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,
Herman Arias Gaviria, las Convivir no son asociaciones de carácter meramente
informativo, ni las armas que han sido autorizadas a emplear son tan sólo para
defensa personal, Pero a los colombianos se les vende otra historia.
EQUIPO DE ALTERNATIVA
Poco a poco se ha creado en la mentalidad colectiva, adobada por las declaraciones del alto gobierno, la impresión -falsa- de que las Convivir sólo pueden usar armas de corto alcance. En realidad, las normas autorizan la utilización de armas de largo alcance y de uso restringido, bajo el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad creada en 1994 durante la administración Gaviria y adscrita al Ministerio de Defensa.
En el idílico lenguaje oficial, las Convivir, como las define el Superintendente Herman Arias Gaviria, son "servicios especiales de vigilancia, que operan en zonas de alto riesgo, para devolver la tranquilidad y convertirse en aliados de la fuerza pública. Se crean unas redes de información que permiten denunciar los hechos de alteración del orden público".
Según Arias Gaviria, ya se han aprobado 507 y están en proceso de aprobación unas 70. Algunas, dice, funcionan con una persona y otras hasta con 300: "depende de la zona, el área, el riesgo y capacidad que tengan", explica el "zar" de las Convivir.
Hijo de José Manuel Arias Carrizosa -quien por muchos años estuvo a la cabeza del gremio de los grandes productores de banano de Urabá (Uniban)- y hermano del gerente de una empresa de seguridad privada (Fábrica Nacional de Blindajes), Arias se ufana, porque las Convivir nacieron cuando él llegó a la Superintendencia. Para él, las Convivir "son más que todo una actitud frente a los problemas de inseguridad del área rural". Reconoce, sin embargo, que llamarlas "cooperativas" es una confusión idiomática, porque no necesariamente lo son, y afirma que, en todo caso, las conforman ciudadanos de bien.
El Ministro del Interior, Horacio Serpa, en intervención ante el Senado de la República,
explicaba que las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada -Convivir-, habían sido
autorizadas por el gobierno "para que los ciudadanos pudieran cumplir una actividad de
cooperación con la Fuerza Pública, en el propósito de brindar mejores márgenes de seguridad
a los colombianos, particularmente en las zonas rurales... No pretende el gobierno de ninguna
manera estimular el paramilitarismo Son organizaciones que no pueden tener ningún carácter
punitivo, que si están armadas solamente pueden tener armas de defensa personal... su misión
fundamental es la de información a la autoridad".
Pero la realidad es otra. Desde que nacieron han sido definidas como "Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada'', según el Decreto 356 de 1994. El artículo 39 del mismo Decreto define un "Servicio Especial" como "aquel que en forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objeto exclusivo de proveer su propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público, que requieren un nivel de seguridad de alta capacidad.
Parágrafo: Se considera especial un servicio de vigilancia y seguridad privada, cuando debe emplear armas de fuego de uso restringido y actuar con técnicas y procedimientos distintos a los establecidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada, debiendo obtener aprobación del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional".
La norma es clara. Desde un comienzo las Convivir han estado autorizadas para el uso de armas ofensivas, no sólo defensivas. Y el gobierno lo ha sabido desde siempre. El propio Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Herman Arias Gaviria, lo estableció mediante la Resolución 368 de 1995, que lleva su firma, al especificar que están regidas por los artículos 39, 40 y 41 del decreto citado.
La inocente misión que en sus declaraciones públicas las autoridades les asignan a las Convivir de "informar al ejército sobre personas sospechosas, y prestar un invaluable servicio a las autoridades en forma oportuna sobre situaciones de orden público", no ha sido creíble en el país ni entre las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos. A pesar de que Arias Gaviria ha expresado que "las Convivir son esencialmente desarmadas y excepcionalmente armadas", Alternativa pudo comprobar que lo excepcional es que tengan sólo armas de defensa personal.
Como consta en las actas del Comité Consultor de la Superintendencia (ver cuadro 1), de enero a diciembre de 1996 esta entidad aprobó para las Convivir la compra de 422 subametralladoras, 373 pistolas 9 mm, 217 escopetas de repetición, 17 ametralladoras Mini-uzi, 70 fusiles, 109 revólveres 38 largo y 41 armas de uso restringido que pueden ir desde fusiles Galil hasta ametralladoras M-60, lanzacohetes, granadas de fragmentación, rockets y morteros, cifras más que apreciables para 60 Convivir. Si en verdad lo que se busca es, como lo anuncia el programa impulsado por el Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, "Bienestar, progreso y paz con la red Convivir ", la tenencia de semejante cantidad de armamento con su respectiva munición significa un enorme potencial de violencia y dista mucho de ser una contribución a la paz.
Arias Gaviria admite que la Superintendencia otorgó estas autorizaciones, salvo en el caso de los fusiles, que niega hayan sido aprobados a alguna Convivir. En opinión del Superintendente, la diferencia entre defensivo y ofensivo no radica en el calibre o el alcance de las armas, sino en la realización o no de acciones defensivas u ofensivas. Y para él, las Convivir son puramente defensivas frente a la subversión. En el caso de los fusiles, considera que "de manera puntual, a algunas Convivir se les debería aprobar. Pero, bueno, el país no está en esa tónica ni se han aprobado. Ninguna tiene". Sin embargo, las actas indican lo contrario: fueron aprobados 70 fusiles.
El "padre" de las Convivir", Herman Arias, es enfático al afirmar que se deben multiplicar. "Es un esfuerzo importante que ha mostrado sus resultados. Hay zonas del país que con este proceso de inteligencia se han rescatado de las manos de los criminales y las personas han recuperado su capacidad y su actividad sobre sus predios y lugares de trabajo. La gente está contenta conque no vengan a extorsionarla y matarla".
Pero ante las cifras sobre armamento de las Convivir, y siendo tan fácil su creación, ¿cómo se puede calificar esa red de organizaciones dotadas y capacitadas para manejar armas de largo alcance y de uso restringido?.¿Para qué una cooperativa conformada por ciudadanos de bien, cuya principal función es la de informar a las autoridades, necesita este tipo de armas y en esa proporción? ¿Qué clase de información se pretende dar con una ametralladora, un fusil o una Mini-uzi? ¿Quién está autorizado o en capacidad para adiestrar a miembros de la población civil en el uso de esas mismas armas? ¿Para qué necesita, por ejemplo, la Convivir Guayacanes 20 mil cartuchos para pistola 9 mm? ¿Qué tipo de control se ejerce sobre el uso de esos pertrechos? ¿A quiénes y a cuántos se les otorga el permiso de porte o tenencia de las armas de largo alcance? Si por reglamentación las Convivir no pueden ofrecer capacitación, entonces, ¿en dónde se puede hacer polígono para fusil, ametralladora o Mini-uzi?
Si en verdad se trata de campesinos pobres y desprotegidos, que se ven obligados a asociarse para defenderse de la arremetida de los violentos, particularmente la guerrilla, como nos ha vendido la idea la propaganda oficial, ¿cuánto cuesta el mantenimiento de un ejército irregular de esta magnitud?.
Haciendo un cálculo aproximado de la inversión que se reporta -sólo en armas sin sus respectivas municiones-, la cifra es desproporcionada: 31.802 millones de pesos (ver cuadro 3). A lo anterior habría que adicionarle la inversión en equipos de comunicación, vehículos, sueldos del grupo de coordinación, mantenimiento de personal adiestrado, capacitación y todo lo que se puede derivar de una actividad como ésta, costos que difícilmente podrán asumirla "indefensos campesinos".
Las Convivir, por su carácter privado, no pueden ser auxiliadas por el Estado. Un cálculo timorato de 19 hombres-arma por cada Convivir arroja un número de 9.633 hombres armados que pertenecen al actual ejército "Convivir". Entonces es válida la pregunta: si son organizaciones de carácter eminentemente privado, como las define la Ley, ¿quiénes en este país están en condiciones de patrocinar el incalculable costo de su sostenimiento? ¿De dónde sale todo el dinero para el montaje de este monstruo o aparato, ese ejército de mercenarios?
Más inquietante aún es saber que la Superintendencia para la Vigilancia y Seguridad Privada no cuenta sino con 40 inspectores, encargados de "vigilar y controlar" a las 507 Convivir y a las 300 empresas de vigilancia privada aprobadas en el país. Lo curioso es que a estas últimas no se les autoriza sino un arma de corto alcance por cada tres vigilantes. El propio Arias Gaviria admite que el control no es el ideal: "Hay que sumarle 1.300 departamentos de seguridad, o sea que son como unos 1.600 servicios de vigilancia, además de las Convivir. Como 2.600 servicios de vigilancia en total. La Superintendencia no da abasto y tiene que hacer un gran esfuerzo. Hay un problema presupuestal, que he puesto en conocimiento de mis superiores, para poder desarrollar de una manera clara mi actividad, que es la de vigilar la seguridad privada en todos los órdenes".
Lo cierto es que la labor pacificadora asignada a las Cooperativas de Seguridad no se siente por ninguna parte. Ejemplo de ello es la martirizada región antioqueña. Desde su creación, el aumento de la violencia allí demuestra lo contrario (ver Alternativa 5) y su control se salió de madre hace mucho tiempo. Frente a este estado de cosas, el Gobierno, sabedor de su rabo de paja en cuanto a derechos humanos, quiere hacerse el de la vista gorda a través de las declaraciones de sus voceros, que tratan de presentar las Convivir como la panacea frente a la violencia.
Resulta igualmente ambiguo que, según el artículo 39, las Convivir son de carácter "expreso, taxativo y transitorio". Mediante la Resolución 368, la Superintendencia les da licencia inicial por dos años y tiene potestad para prorrogarla, lo que en la práctica las convierte en permanentes. ¿Y en qué queda convertido el carácter "expreso, taxativo y transitorio?"
Así mismo, durante su presentación en sociedad, se vendió la idea de que las Convivir tendrían una operatividad restringida al "área donde se van a desarrollar los trabajos que requieren protección especial" (art.40). Pero como puede consultarse en el acta de la Superintendencia, con fecha del 17 de octubre del año pasado, a la Convivir Asecol Ltda., a la vez que le aprueban la compra de 15 subametralladoras y 3 pistolas 9 mm, la Superintendencia le da el sí a la solicitud de licencia para funcionar como "empresa asesora, consultora e investigadora" . Eso quiere decir que está autorizada para vender servicios tales como adiestramiento en el manejo de armas, guardaespaldas, capacitación, etc. ¿Cómo debe entenderse en definitiva su función ¿Es una asociación de autodefensa local o se dedica a vender unos servicios especializados, pudiendo desplazarse a cualquier parte, lo que lleva implícito un contrasentido?. Preguntado sobre el asunto, el Superintendente no pudo demostrar, con las actas en la mano, que ello no fuera así ni explicar la contradicción.
Además de toda la turbiedad jurídica con que operan, que les permite moverse como ruedas sueltas, surge otra incongruencia. Si las Convivir están integradas por población civil, ello implica una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario, cuyas normas son de obligatorio cumplimiento por parte de Colombia, según el Protocolo II de Ginebra.
Allí se reglamenta que la población civil no puede hacer trabajo de información para ninguno de los bandos de un conflicto, por considerarse que ello es una acción netamente militar. Por lo tanto, quien lo haga debe vestir un uniforme y no ocultar su condición de combatiente. Y si se supone que las Convivir no pueden estar al lado de los paramilitares, las autodefensas o la guerrilla, al involucrar a civiles en labores de este tipo, así sea sólo como informantes o como actores armados en una zona de alto riesgo, se está faltando gravemente al Protocolo suscrito por el país.
Todo eso es posible gracias a la debilidad y anarquía de la administración central. No existe una posición definida ni una estrategia clara por parte del gobierno para enfrentar a la subversión ni a todos los ejércitos de justicia privada que se van multiplicando: autodefensas, paramilitares, milicias y grupos de limpieza social. La Tercera Cumbre de las Autodefensas fue bien elocuente frente a esta situación: "El desprestigio de la administración Samper plantea una magnífica coyuntura para acrecentar nuestra labor de combatientes de la lucha subversiva".
Las denuncias sobre atropellos y abusos llegan a diario a las oficinas de las ONG de derechos humanos, pero no se emprende ninguna acción concreta por parte de la autoridad competente. Por ejemplo, desde marzo de 1996 se conoció un comunicado que difundieron públicamente las llamadas "Cooperativas Rurales de Seguridad del Norte del Cauca". Dentro de los objetivos que se trazan, dicen lo siguiente: "3. Construir redes de información locales que nos permitan recopilar la inteligencia suficiente para suministrar a las autoridades antiguerrilleras de cada región, para que éstas la lleven a feliz término; 4. Eliminar físicamente a las personas de la siguiente lista, reconocidos delincuentes por nuestros informantes locales" (aparecen los nombres de cien personas, con la ubicación de la región a la que pertenece). Y terminan diciendo: "Continuaremos informando a la población de nuestros operativos y de los nombres de otros peligrosos elementos en nuestra lista".
Hasta el momento, de esa lista ya han sido asesinadas diez personas. ¿Dónde está la acción de control de la Superintendencia de Vigilancia para la Seguridad Privada, la acción efectiva de los gobernadores, del ejército, de la policía, como consta en las actas del Comité Consultor de la Superintendencia y de las autoridades competentes?
Todo esto puede semejar una pesadilla o una jugada de imprevisibles consecuencias para un país que parece destinado a soportar todas las formas de violencia conocidas e imaginadas. Frente a esto, resultan ominosas las expresiones exaltadas del Superintendente Arias en torno al armamentismo y en defensa de las Convivir. Recobra más actualidad que nunca la lección del ya clásico aprendiz de brujo que, en aras de ser poderoso, desencadena fuerzas que más tarde no acierta a controlar, hasta ser arrollado por el huracán destructivo que ha creado.
Entre muchas de las competencias de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada está ordenar "que se suspendan las prácticas que tiendan a establec
er competencia desleal", imponiendo sanciones a quienes no cumplan, según el artículo 4 del Decreto 2453 de 1993.
Sin embargo, pese a reconocer el Superintendente que mediante circular emitida por su despacho se fijan unas tarifas para 1997, algunas empresas cobran los servicios por debajo de lo estipulado. Entre infinidad de casos, Granc
olombiana de Seguridad, una de las empresas más grandes del país (la cual, entre otros clientes, presta sus servicios al Banco Ganadero de Bogotá), ofrece tarifas de casi 200 mil pesos por debajo de lo acordado por cada vigilante de 24 hora
s.
La respuesta de Arias Gaviria a Alternativa es que cuando una empresa incumple, es multada y sancionada. Pese a ello, hasta la fecha la empresa en mención no cuenta con ninguna amonestación por este concepto. Sin emb
argo, la mayoría de las empresas pequeñas, sin igual capacidad económica ni de infraestructura, se quejan porque a ellas no se les perdona la más leve infracción, llegando a ser sancionadas con multas hasta de 80 millones de pesos
por una situación similar.
Algo parecido sucede en otras regiones. Según el mismo artículo del decreto mencionado, otra función de la Superintendencia es "dirigir, coordinar y ejecutar las funciones de inspección, control y vig
ilancia de todos los servicios de seguridad privada que se desarrollen en el territorio nacional". Al indagar por qué una empresa como Seguridad Rey, de Girardot, lleva tres años sin hacer a
portes al Seguro Social, el Sena o la Caja de Compensación -aunque lo descuente del salario de sus vigilantes, sin que la Superintendencia haya actuado- la respuesta del doctor Arias fue: "Supongo que se detectará, pero no puedo estar manda
ndo una visita cada quince días a Girardot, porque no tengo sino tres oficinas: Bogotá, Bucaramanga y Medellín, donde usted puede comprobar que funcionan muy bien". Claro que se le demostró que,
precisamente en Bogotá, se infringe otra norma reglamentada, como es que el color de los vehículos para vigilancia debe ser habano. Pero las empresas HES y GYS utilizan carros azules y blancos, y se desplazan libremente sin ninguna sanció
;n. Si la Superintendencia no tiene capacidad para llevar el control de las empresas de vigilancia sino en tres ciudades, ¿cómo puede pretender fiscalizar con 40 inspectores la labor que viene de
sarrollando un ejército armado como el de las 507 Convivir diseminadas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional?
Otra conducta poco clara de la Superintendencia es la relacionada con la expedición de credenciales para "prestar servicios de asesoría, consultoría e investigación en seguridad privada, en forma remun
erada a terceros". En la actualidad se vienen entregando tanto a personal en servicio activo como a miembros en ejercicio del propio Comité Consultor, quienes se las han autoexpedido. Ellos son:
Ernesto Rueda Puyana, Claudia Acevedo, Armando Entralgo Merchán, Coronel Álvaro Jiménez Entralgo, Mayor Hernando Orozco Castro, Mayor Luis Guillermo Guevara Rubiano. Mientras que en algunos casos a oficia
les retirados se les han rechazado por no cumplir lo reglamentario, que es aguardar un año después de su retiro, los generales Serrano Cadena y Montenegro Rinco ya poseen su credencial para vende
r estos servicios. El primero aclaró a Alternativa que no lo había solicitado y que de pronto la utilizaría cuando fuera retirado.
Arias argumenta que la ley no impide que se les entregue esas credenciales. Pero el artículo 78 del decreto 356 dice que "Los miembros de las fuerzas Militares y de l
a Policía Nacional en servicio activo, los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional, del Departamento Administrativo de Seguridad y de la Superintendencia de Vigilancia, no
podrán ser socios, ni empleados de servicios de vigilancia y seguridad privada".