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09ene04


Frente a la Comisión de ex PP y Tortura.


A partir de Noviembre del año recién pasado, ha iniciado sus labores la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura y, aunque ya hemos dado a conocer nuestra postura frente a esta Comisión, creemos necesario analizar algunos elementos y definir algunas tareas que nos permitan actuar en esta situación.

Todos los procesos que se llevan adelante por crímenes cometidos durante la Dictadura, tienen como condición necesaria, aunque no suficiente, la presencia y la palabra de las y los sobrevivientes. Ignorar o prescindir de nosotros, significa construir una memoria incompleta de los hechos. Los recuerdos y vivencias de los que compartimos el cautiverio, es el complemento necesario para construir Verdad y Justicia y es la razón más fuerte para exigir del Estado la Reparación Integral que la sociedad en justicia merece.

Si algo hace distintos a las y los sobrevivientes, es que no estamos intermediados por familiares, abogados, jueces ni organizaciones de DDHH, sino que nuestra voz habla por nosotros. Pero, sin ponernos la camiseta de exPP ni criticar a otras organizaciones, constatamos un mecanismo reiterado a lo largo de los años, de negación de nuestra

identidad social, de la validez de nuestra vivencia y de una mirada abarcadora e integradora de la historia que enfrente el fenómeno del Terrorismo de Estado, asumiendo que desaparecidas/os, ejecutadas/os, exiliadas/os, ex presas y ex presos políticos, somos parte de un mismo cuerpo social al que se pretendió exterminar y silenciar. Es por ello que nos interesa una reflexión profunda en torno a un problema que no es solo de justicia, sino que también es político e ideológico.

Nuestra experiencia de sobrevivientes.

Lo primero que es necesario reiterar, es que la condición de presa/o y torturada/o, la compartimos con todos los que hoy están desaparecidas/os; y es más, durante largos períodos también estuvimos desaparecidos para nuestras familias y ellas supieron también de presiones, amedrentamientos, allanamientos y, en muchos casos, extorsiones de todo tipo, al igual que todo nuestro entorno.

El momento inicial de la "libertad", luego de la detención significó, en la mayoría de los casos, compartir la sobrevivencia con los sectores sociales que sufrieron la Dictadura como una tortura permanente, que traspasaba los muros de los centros de detención, siendo ellos también prisioneros y víctimas de las políticas de Terrorismo de Estado.

En forma poco numerosa, pero significativa, ya durante la Dictadura fueron apareciendo los primeros testimonios de la represión y fue por nuestra boca y desde las marcas de cuerpo y mente, que el accionar clandestino del Estado tomaba formas, nombres, chapas, lugares, técnicas y tortura y quienes la experimentamos, fuimos poniéndolo en palabras. Pero su alcance fue siempre limitado, pues costaba reconocer un país en el que, día a día, las Fuerzas Armadas y de Seguridad secuestraban, hacían desaparecer, torturaban a mujeres y hombres de todas las edades, pertenencias sociales, militantes políticos, sociales y culturales.

Junto con las madres de detenidas/os desaparecida/os, la primera huelga de hambre realizada en el campo de prisioneros de Puchuncaví, fue el inicio de una serie de acciones de denuncia, en las que siempre las y los exPP estuvieron presentes. Por otra parte, las personas liberadas expulsadas al exilio, cumplieron un papel vital en la denuncia y acusación contra la dictadura, construyendo el movimiento solidario más grande de la década de los 70 y que sigue expresándose año a año, en el repudio al B/E Esmeralda y en el júbilo mundial que provocara la detención de Pinochet en Londres.

Si no había registro de las desapariciones, menos las hubo de las apariciones y, por tanto, el peso de la represión generalizada y el "por algo será", impedía socializar la aparición y la experiencia de prisión, quedando ésta reducida al ámbito familiar y de los afectos, que no siempre compartían la visión política del sobreviviente.

La incredulidad, la negación, las amenazas explícitas o encubiertas, muchas veces persisten durante los gobiernos "democráticos", con su secuela de amenazas contra quienes denuncian lo vivido y sufrido a manos del Terrorismo de Estado. El caso de los cuerpos lanzados al mar es un ejemplo de ello, pues sólo cuando unos cuantos involucrados en estos crímenes lo cuentan a la prensa, lo que las y los exPP habíamos detallado, casi paso a paso en Tribunales, organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, etc., fue considerado "verdad" o "revelaciones sorprendentes", incluso por parte de instituciones que guardan archivos de testimonios, dejando en claro el nivel de aceptación de nuestro vivencia como elemento formador de la verdad a nivel de la sociedad

Nosotros ya lo hemos dicho claramente: en esa maquinaria perversa que es el Terrorismo de Estado, TODOS SON RESPONSABLES, tanto el ejecutor, como el ideólogo, el parrillero y el guardia, el que golpea y el médico que revisa y cura, el psicólogo manipulador, el capellán que llegaba a confesar y el fiscal que procesaba.

Por eso nuestro testimonio se oculta o se niega, porque somos subversivos en tanto desenmascaramos a los responsables del Terrorismo de Estado y a los responsables de la impunidad que permite que este horror se repita.

En ese contexto, la libertad para los sobrevivientes era casi una condena a muerte en suspenso y, como conocedores y portadores del horror, quedaba en el aire otro elemento más sutil pero igualmente brutal: "aterroricen desde el terror vivido, multipliquen el miedo al contarlo". La represión clandestina para ser eficaz necesita ser difundida y una vía es la angustiada voz de las y los exPP. Entonces, muchas veces nos preguntamos ¿hablar o no hablar? Si hablo, cumplo con el objetivo de ellos, pero si callo ¿cómo poner fin, como denunciar el horror?

En muchos de los que se animaban a escuchar, la sospecha terminó siendo casi un reflejo: "Si está vivo, por algo será", cumpliendo así el segundo paso del opresor, dirigido al conjunto de la población: "Desconfíen de éstos, de sus sentimientos, que al final les pasó por provocar a las Fuerzas Armadas". Al mismo tiempo, la irracionalidad aparente de las desapariciones y muertes, que alcanzaba a dirigentes y bases, a militantes y simples ciudadanos, incorporaba la sospecha frente al sobreviviente: ¿cuánto entregó para salvarse?, desconfianza que alcanzaba también a las organizaciones, paralizando su actuar y al propio afectado que, sintiendo en la piel la duda de sus compañeros, muchas veces ha cargado por años la misma sensación de culpa por haber sobrevivido.

Combinados el aterroricen, con el desconfíen, el efecto buscado es la parálisis y la renuncia a cualquier lucha, a cualquier cuestionamiento, y esa es la base de la actual indiferencia y sensación de derrota.

La llegada de los gobiernos de la Concertación y, principalmente, el trabajo de la Comisión Rettig, agregó ingredientes a este proceso complejo, ya que los estrechos pasos dados en pos de la Verdad y la Justicia, se centraron en apoyar el valeroso y conmovedor trabajo de los familiares de las y los detenidos desaparecidos. La recepción de denuncias hechas por esta Comisión, multiplicó las presentaciones de las y los sobrevivientes, pues pensamos que aquella sería el ámbito donde registrar uno a uno los nombres de compañeras y compañeros caídos, con quienes compartimos prisión, y las identidades de cada uno de los responsables del Terrorismo de Estado.

Sin embargo, al dejar todo en manos de esta Comisión y la confidencialidad con que se manejó la información recopilada, terminó silenciando la voz de los declarantes y, asimismo, las identidades políticas y organizativas de las y los desaparecidos fueron sindicadas casi como la justificación de la tortura y muerte recibidas.

Nosotras y nosotros, enfrentados a la sobrevida, en un país aun controlado por el pinochetismo, muchas veces ocultamos u obviamos toda referencia a actividades ligadas a organizaciones revolucionarias, políticas, estudiantiles, etc., ya que la persecución y las listas negras, siguen siendo hoy una realidad en el mundo laboral.

Algunos -más de los que quisiéramos- se reciclaron rápidamente y de perseguidos pasaron a perseguidores, aportando a la naciente democracia, la destrucción de organizaciones políticas que, con su accionar, pudiesen desestabilizar el precario equilibrio conseguido en sus negociaciones con el poder económico y militar.

Las atrocidades conocidas a partir del Informe de la Comisión Rettig, generaron en la ciudadanía la percepción de que esa era "la Verdad" y la necesidad de avanzar en la solución del problema más dramático: las y los desaparecidos. Sin embargo, la separación que se hace entre "delitos de sangre" y "delitos políticos", permite separar entre sobrevivientes culpables y sobrevivientes inocentes, generando la existencia hasta el día de hoy, de presos políticos condenados a largas penas y un número significativo de compañeros en calidad de prófugos en rebeldía, viviendo en la clandestinidad, sin posibilidades de resolver su situación o disponibles para la derecha como moneda de cambio, para negociar la impunidad de los torturadores y asesinos.

Esta misma amenaza actúa sobre el conjunto de la sociedad con un mensaje de "no mires hacia atrás", "ahora estás limpio", es decir, nos olvidamos de "tus crímenes" (tu lucha contra la Dictadura), a cambio de no mirar hacia atrás para identificar al vehículo, al torturador, al sapo y tampoco debemos mirar hacia atrás, a esa vida de compromiso solidario, político y social, que los trajines de la rebeldía habían "manchado" y, menos aún, había posibilidad de volcar el saber acumulado durante el cautiverio en su totalidad.

En esta larga lucha por Verdad y Justicia, es innegable el comprometido e inteligente trabajo realizado por abogados y organizaciones de DDHH, que han llevado adelante la tarea junto a familiares y amigos de las y los compañeros caídos; pero esta labor sería imposible si no existiera la palabra y la presencia de los sobrevivientes que, con el emocionado recuerdo de los cientos de camaradas con quienes compartimos prisión, hemos reconstruído los rastros que denuncian la política de Terrorismo de Estado, que ocultó, destruyó pruebas, mintió a través de sus agentes y civiles cómplices y que hoy, amparados por el poder, disfrutan de la impunidad.

Reconstruir el terror y revivirlo para hacer Justicia, enfrentar cara a cara a los otrora omnipotentes torturadores, reconocer fechas, olores, ruidos, sensaciones, ha sido nuestra tarea en estos años pues, si callamos las y los sobrevivientes ¿qué memoria habrá? ¿quién acusará? ¿a quien se acusará? ¿quién rescatará para el futuro la mirada brillante tapada por la capucha, el obstinado y valiente silencio, el apretón en el hombro, el pan compartido, el nombre susurrado?

Omitidos, silenciados, borrados, las y los sobrevivientes seguiremos dando testimonio, construyendo Verdad y acusando a los asesinos, a pesar de todo.

Por eso no aceptamos saldar el tema de la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral a las y los sobrevivientes de la prisión y la tortura, con un pedido de disculpas que ya llegó tarde o la impresión de que esto es una fe de erratas que se sumará al trabajo de la Comisión Rettig.

Nuestra visión de la CNPPT

Esta Comisión, creada en Noviembre del año 2003, tiene por objeto:

"Determinar quienes son las personas que sufrieron privación de libertad y tortura por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de Septiembre del 73 y el 10 de Marzo del 90". Además, esta Comisión deberá proponer al Presidente, medidas de reparación "austeras y simbólicas" que pueden otorgarse a las personas reconocidas como prisioneras/as políticos o torturados. Para ello tiene un plazo de 6 meses para su funcionamiento.

Para nosotros es indudable que, junto con los objetivos oficiales, existen otros elementos que se espera conseguir, tales como acotar el universo de las y los exPP alrededor de los 50 mil, cifra ya anunciada por funcionarios, parlamentarios e, incluso, por alguna organización de exPP. Esta cifra seria "manejable" por el Ministerio de Hacienda, a la hora de definir cifras en el terreno de la reparación y puede motivar a algún dirigente de exPP, en la lógica de que "mientras menos somos, más tocamos".

Este universo acotado y "reparado", permite al Gobierno inhibir potenciales acciones civiles contra el Estado y crear condiciones para proponer mecanismos de impunidad para los militares procesados pues, en la medida que "todas las víctimas" estén reparadas, las cuentas están saldadas y solo queda "perdonar" a los torturadores y asesinos, para cerrar el tema de los Derechos Humanos.

Esta cifra significa, además, dejar fuera de calificación a una gran cantidad de exPP (sólo en el Estado Nacional, según prensa de la época, había casi 40 mil presos), lo que podría generar quiebres internos en las organizaciones, a separar aprobados y rechazados, situación evidente considerando las diferencias y debilidades existentes en las organizaciones de exPP.

La imagen del Gobierno en el terreno de los Derechos Humanos mejoraría notoriamente, al enfrentar la reparación del sector olvidado de las víctimas, sobre todo ante la posibilidad de que la Corte Interamericana de DDHH acoja la demanda de la Agrupación de exPP de la V Región y resuelva condenar a Chile por no reparar adecuadamente a las víctimas de la tortura.

Al definir un número preciso de "víctimas", se puede también establecer una simetría entre dos fuerzas: 50 mil exPP, 3.000 desaparecidos y, por otro, un grupo de uniformados ("no todas las FFAA"), que cometieron excesos. Con eso se deja al grueso de la población fuera de estos sucesos, abonando la falsa percepción de que la Dictadura y el Terrorismo de Estado le pasó a "otros" y, por tanto, la lucha por Verdad, Justicia y Reparación les son ajenas al pueblo; la responsabilidad de afrontar sus consecuencias, la exigencia de castigo, la necesidad de revertir la situación y luchar contra la impunidad, le corresponde a esos "otros", reeditando la teoría de los dos demonios: por un lado unos cuantos milicos locos y asesinos y, por otra, éstos que formaban parte de esa historia anterior al 11 de Septiembre y que "provocaron a las FFAA y les obligaron a dar el golpe".

También, al numerar a las y los exPP con una ficha que se elabora y entrega individualmente, se les aisla de su identidad política y pertenencia organizativa, como si el punto de arranque válido y aceptable, recién comienza en el momento en que los agentes del Estado Terrorista se apoderan de nosotros y no como resultado de nuestra condición de luchadores sociales.

Creemos que es nuestro deber continuar con la tarea de lograr Verdad, Justicia y Reparación Integral y, en ese camino, la existencia de esta Comisión hay que entenderla como un elemento más, sin minimizarla, pero tampoco con la idea de que después de ella se acaba todo. Pensamos que el resultado de la Comisión es recién el punto de arranque para generar una Ley de Reparación Integral y, aun así, el lograr una reparación económica, es un objetivo más de una larga lista de tareas que tenemos por delante y que no abandonaremos ninguna de ellas.

Los espacios que se abren para investigar el Terrorismo de Estado, generan también una movilización de las y los exPP que, independiente de sus motivaciones, terminan reencontrándose y haciéndose visibles en la sociedad. La masividad que se logre en la participación y la publicidad que demos a esto, debería obligar al Gobierno y a todos los sectores sociales a tomar postura frente a temas tan olvidados como el Terrorismo de Estado, Reparación, Verdad, Justicia, Castigo a los Torturadores e Impunidad.

Creemos, además, que la pelea hay que darle en todos los espacios, pues no estamos en condiciones de regalar frentes de lucha. Pero esto sólo tiene sentido si sirve para construir conciencia y organización popular y demostrar que la represión estatal y la impunidad son parte de la esencia misma del sistema; dos caras de la misma moneda.

Nuestra posición y acciones.

En primer lugar, valoramos la existencia de esta Comisión, en tanto permita denunciar y dimensionar los alcances del Terrorismo de Estado, realizando un catastro no sólo de las y los exPP, sino que de los Centros de Tortura, sus responsables, métodos, agentes, etc.

Con esta información, esperamos no solo construir una Verdad que se haga comprensible para el grueso de la población, sino que signifique un impulso a los procesos en curso y los que se pudieran iniciar para juzgar a los responsables y terminar con la Impunidad.

Más allá de las limitaciones que impone el Decreto de su creación, es la organización y el empuje que logremos en este proceso lo que será determinante y definirá finalmente el éxito de nuestra propuesta. Por ello, no nos interesa ser incluídos en esta Comisión, sino que nos declaramos Contraparte Social, para presentar nuestros testimonios, pero estar atentos a los aciertos y debilidades que existan en el desarrollo del proceso y haciendo una lectura profunda y crítica, según corresponda, de su Informa Final y, de ser posible, levantando nuestro propio Informe alternativo, al menos a nivel regional.

Lo primero será reiterar nuestra exigencia de Verdad y Justicia y nuestra Propuesta de Reparación Integral, asumiéndonos como Contraparte Social, lo que significa comparecer ante esta Comisión organizadamente, apoyando su trabajo en cuanto a catastro y recopilación de informción sobre Centros de Tortura y represores, vigilando que el trabajo de recopilación se efectúe con respeto a la dignidad de las y los exPP, con profundidad y transparencia y la debida publicidad de los resultados.

Ampliaremos el universo desde las y los sobrevivientes de prisión y tortura, a las organizaciones sociales y políticas, perseguidas y desarticuladas por la represión, a las Universidades y colegios intervenidos por los militares, a los familiares, a los jóvenes, a todo el pueblo perseguido que vivió y sufrió la Dictadura, el toque de queda, la represión, los allanamientos masivos, el despido, el abuso policial, porque el tema de la Reparación Integral es mucho más que definir una indemnización o una pensión; es reconocer por parte del Estado el daño sufrido por toda la población afectada por el Terrorismo de Estado y que es su deber ayudar a la reconstrucción del tejido social, la historia de cada organización, de cada gesto solidario y de resistencia que ayudaron a construir esa fuerza tremenda que terminó con la Dictadura, aún cuando esto exceda el mandato de la Comisión.

A partir de esa información, haremos querellas por cada Centro de Tortura, denunciando su existencia a través de actividades, exposiciones, funas, libros, videos, etc. Tomaremos contacto con organizaciones sociales de la zona para elaborar relatos de la represión en cada centro laboral, educacional, etc. para, en conjunto con ellos, acercar el problema a toda la sociedad.

Una vez terminada la labor de la Comisión Nacional de PP y T., impulsaremos nuestra Propuesta de Ley de Reparación Integral con más fuerza, proponiendo mecanismos de reparación social en los mismos lugares donde actuaron tanto las y los compañeros caídos como las y los sobrevivientes (plazas, calles, murales conmemorativos).

Propondremos líneas específicas de apoyo financiero en FONDART y otros, para experiencias de construcción de memoria histórica, edición de libros, financiamiento de memorias o investigaciones sobre el tema.

Impulsaremos la construcción de la "Casa de la Memoria", centro de formación y difusión de los Derechos Humanos, archivo de la memoria y lugar de encuentro de sobrevivientes y nuevas generaciones.

Mantener permanente contacto con la organización, asistiendo a las asambleas y movilizaciones que se acuerden.

Toda la tramitación en torno a la Comisión, hacerla a través de la Agrupación, tanto en la entrega de fichas como en el llenado y posterior recepción del material.

La AexPP hará llegar todo el material recopilado a la Comisión de PP y T regional, con quienes revisaremos que estén completas y, en los casos que corresponda, completaremos la información requerida.

No es necesario que las y los compañeros vayan a la Gobernación, ni menos que busquen intermediarios (ya sabemos de abogados que están cobrando por ayudar a hacer el trámite). En caso de conocer alguna situación de este tipo, recoja toda la información, nombre, dirección y denúncielo a la Dirección de la AexPP V Región.

Las y los compañeros de localidades alejadas, pueden reunirse y proponer fechas y lugares para que las personas de la Dirección lleven el material y eviten gastos de transporte y pérdidas de tiempo.

Tareas para el exterior.

Todo el material de la Comisión de PP y T, se puede bajar desde las siguientes paginas web:

www.comisionprisionpoliticaytortura.cl

www.comisionpresospoliticos.cl

www.comisiontortura.cl

También se puede retirar en el Consulado respectivo. Es una ficha especial para las personas que viven en el exterior, pero en las mismas páginas web, junto con la ficha, aparecen las instrucciones para solicitarla y entregarla nuevamente en el Consulado y/o Embajada.

Creemos que, en sintonía con lo que haremos acá, algunas ideas podrían ser asumidas para potenciar el trabajo. Sabemos que ustedes tienen una larga experiencia en sus respectivos países, de relaciones, contactos, actividades, etc. y no pretendemos imponer criterios, pero creemos importante compartir algunas cosas:

1. La confección de Fichas hacerla en lo posible grupalmente, y con énfasis en el relato, incluyendo datos como descripción de lugares, vehículos, personas, situaciones que puedan ser relevantes, nombres o chapas de torturadores, nombres de compañeras y compañeros con quienes compartieron prisión; rutinas del Centro de Detención, descripción del lugar, planos, hasta el tipo de comida puede ser material de mucha utilidad para posteriores querellas y, grupalmente, se logran mejores resultados en la reconstrucción de recuerdos.

2. Si en su país de acogida fue atendida/o por alguna institución, intente contactarla, solicite certificados, documentos y, de ser posible, incorpórelas a la denuncia. En lo posible, que hagan su propio informe de las secuelas detectadas en su recepción. Intente contactar a personalidades, organizaciones, etc., que puedan enviar notas, denuncias o su interés por el trabajo de la Comisión de PP y T y que soliciten el resultado del Informe Final. Lo mismo puede hacerse con el centro laboral o de estudios donde ustedes actúen

3. Conéctese con otras y otros exPP de su país de residencia, para coordinar la entrega de los sobres con las fichas en forma grupal y, en lo posible, con acompañamiento de organizaciones de DDHH u otras como las mencionadas más arriba, de modo que esto se transforme en un hecho político que pueda repercutir acá en Chile.

4. La ficha debe ser fotocopiada para mantener registro de lo enviado y deben solicitar comprobante de recepción. Las compañeras y compañeros que pertenezcan a nuestra Agrupación y no dispongan de suficientes elementos de prueba para presentar a la Comision, pueden contactarse con nuestra dirección electrónica: aeppv@hotmail.com, para complementar documentación.

6. En la ficha para exPP en el exterior, se les solicita designar a una persona residente en el país para que los represente; en este párrafo, las y los compañeros que integran nuestra Agrupación y lo deseen, pueden agregarnos como otro referente.

Sabemos que no todas y todos los exPP son parte de nuestra organización y que muchos ni siquiera están organizados. Pero creemos que estas ideas pueden ser asumidas por todas y todos los que sienten que nuestra lucha no se acaba con unos cuantos pesos y una disculpa; por ello, los llamamos a intercambiar ideas, tareas, formas de lucha, que nos permitan posicionarnos, hacernos visibles, cumplir nuestro papel de luchadores sociales. En la medida que coincidamos en tareas concretas, podremos avanzar en coordinaciones mayores y mejores.

Todas estas tareas significan un gran esfuerzo de organización y de recursos que no siempre existen. Por ello, cualquier aporte será bienvenido, siendo el más importante la comunicación y la coordinación.

Cuando se hace el inventario de quienes contribuyeron al enjuiciamiento de Pinochet y los demás torturadores y a la construcción de la Verdad sobre lo ocurrido, es justo que se señale como protagonistas a organismos de DDHH, abogados, jueces y periodistas, pero se omite a las y los sobrevivientes. Tampoco "aparecemos", somos desaparecidos sociales, quizá porque hay una tendencia a ignorar lo que parece conflictivo, cuestionador, no esperado, distinto. Hoy pareciera que estamos en el núcleo del conflicto, pero podemos ser blanco de la voluntad desaparecedora del Poder -aunque por vías distintas a las de la Dictadura-, ya sea por omisión en sus registros o con una indemnización que actúe como una lápida histórica.

Debemos estar presentes y activos para articular una respuesta social y colectiva. Ahí daremos el gran paso para existir y ser parte visible de la historia de nuestro pueblo.

Agrupación de Ex PP de la V Región (Chile)
Viernes, 09 de Enero de 2004
[Fuente: Publicado en Piensachile.com 10ene04]

DDHH en Chile

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Este documento ha sido publicado el 14ene04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
Equipo Nizkor - Torturadores y asesinos: Médicos de la muerte.
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13feb04


Torturadores y asesinos: Médicos de la muerte.


Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, psicólogos, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos.

La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlos.

Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpas Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros

Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los '90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia.

A esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una risis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú (ver recuadro).

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally".

Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986.

Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez.

Camilo Azar es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar.

Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

  • H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

  • Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

  • Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

  • Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

  • Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

  • Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 4508563.

  • Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

  • Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

  • Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

  • Camilo Azar Saba, Traumatólogo. Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576.

  • Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

  • Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.
    [Fuente: Julio Oliva García, El Siglo, Nº 1179, 13 de febrero 2004 vía piensachile.com]

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