Carta abierta a S.E. el Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Con motivo del 50º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU.
Indice del documento
.Cumplimiento efectivo de todos los tratados internacionales de derechos humanos.
Creación de una Institución Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
Incorporación de la temática de derechos humanos en los planes educativos.
Consolidación del respeto del derecho a la vida.
Fortalecimiento del respeto del derecho a la integridad física y psíquica.
Reforzamiento del derecho a la libertad de conciencia.
Perfeccionamiento del derecho a la justicia.
Desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales.
Respeto de los derechos de los trabajadores.
Respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Organismos de derechos humanos firmantes.
Excmo. señor
Eduardo Frei Ruiz-Tagle,
Presidente de la República,
Palacio de la Moneda
PRESENTE
Estimado Señor Presidente:En el marco del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Organizaciones de Derechos Humanos que suscriben esta carta, conscientes de los significativos logros experimentados en este ámbito desde 1990 por los gobiernos democráticos y de la voluntad expresada de continuar avanzando, solicitamos a S.E. que el Gobierno adopte las siguientes medidas destinadas a fortalecer la vigencia de estos derechos:
1. Cumplimiento efectivo de todos los tratados internacionales de derechos humanos.
- El Estado chileno está en mora respecto de las reiteradas resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo han instado a anular el Decreto-Ley de Amnistía, que a dejado impunes las más atroces violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura.
Solicitamos, por tanto, al Gobierno que envíe un proyecto de ley en tal sentido lo que, por otra parte, sería plenamente congruente con los compromisos programáticos adoptados a este respecto por la Concertación.
- Asimismo, instamos al Gobierno a que se ponga al día respecto de los varios años de atraso de los envíos de sus informes relativos al cumplimiento de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
2. Creación de una Institución Nacional de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos.
Chile es el único país de Sudamérica que no posee instituciones nacionales de promoción y
protección de los derechos humanos, tal como ellas son definidas por Naciones Unidas. Este atraso
es doblemente lamentable si tenemos en cuenta que la dictadura que sufrimos dejó uno de los peores
legados del continente en materia de violaciones de derechos humanos.
Llamamos, por tanto, al Gobierno a concretar lo más pronto posible el envío al Parlamento de su anunciado proyecto de crear un Defensor del Pueblo y, mientras se tramite dicho proyecto, crear una Comisión Nacional de Derechos Humanos que, no obstante tener un carácter asesor, esté dotada de la mayor autonomía posible para convertirse en un órgano de mediación efectivo entre la población y las autoridades del Estado acerca del perfeccionamiento del respeto de esos derechos.
3. Incorporación de la temática de derechos humanos en los planes educativos.
- Sin perjuicio de intentar permear el conjunto de los contenidos y métodos pedagógicos con los valores de respeto de estos derechos, su envergadura y trascendencia hacen necesario que ellos sean incorporados como asignaturas específicas que se integren al conjunto del sistema educacional.
En consecuencia, llamamos al Gobierno a incluir, dentro del curriculum educacional, una asignatura de instrucción cívica y derechos humanos que permita que los niños puedan ir aprendiendo, desde el comienzo de su formación, el conjunto de hábitos, actitudes y valores que los capaciten para ser ciudadanos efectivamente democráticos, conscientes de sus derechos y respetuosos de la dignidad y derechos de los demás.
- Pedimos también al Gobierno, que así como lo ha hecho exitosamente en el caso de la Policía de Investigaciones, disponga la incorporación de los derechos humanos en el curriculum formativo de Carabineros, Gendarmería y de las Fuerzas Armadas.
4. Consolidación del respeto del derecho a la vida.
- Dado que este es el derecho humano más elemental, nos parece aberrante que subsista en nuestro país la pena de muerte. Teniendo en cuenta que han sido infructuosos, hasta ahora, los esfuerzos del Gobierno para conseguir del Parlamento su abolición, sugerimos que aquél efectúe una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de acuerdo con el artículo 64 del Pacto de San José)respecto a si la pena de muerte constituye una pena cruel y si puede considerarse una forma de tortura psicológica, así como son considerados convencionalmente los simulacros de ejecución.
- En este ámbito, llamamos al Gobierno a acelerar los trámites legislativos para lograr la ratificación por parte de Chile de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
- Felicitamos al Gobierno por sumarse al tratado internacional que elimina las minas antipersonales y lo instamos a que haga los esfuerzos para lograr su más pronta ratificación parlamentaria, de modo tal que se lleve a la práctica lo antes posible.
5. Fortalecimiento del respeto del derecho a la integridad física y psíquica.
- Considerando que este derecho no se encuentra todavía debidamente resguardado en nuestro país, celebramos la reciente aprobación de las leyes que establecen la obligación de la polícía de comunicar las razones de la detención y los derechos del detenido al momento de efectuarla; y que tipifican y sancionan el delito de tortura. Para que estas leyes adquieran mayor eficacia, sugerimos al Gobierno que lleve a cabo una campaña de información pública -particularmente a través de la televisión- sobre los derechos de los detenidos.
- En este sentido, proponemos además que se establezca legislativamente un servicio jurídico público que preste atención gratuita e inmediata a las personas detenidas, a fin de evitar interrogatorios policiales en ausencia de un abogado defensor.
- Celebramos también el reciente anuncio del Gobierno de enviar un proyecto de ley destinado a restituir la dependencia de Carabineros al Ministerio del Interior, como lo recomendó el Relator Especial de la ONU contra la Tortura y el propio Programa de la Concertación.
- Asimismo, sería fundamental para el esclarecimiento de los delitos de tortura y malos tratos, que ellos pasaran en toda circunstancia a la competencia de los tribunales civiles.
- En relación a los malos tratos que se producen durante el servicio militar, pedimos al Gobierno que cree comisiones independientes de profesionales (abogados, médicos, psicólogos) facultados para conocer las quejas e iniciar las acciones administrativas o judiciales que estimen pertinentes.
- Solicitamos también al Gobierno el envío de un proyecto de ley destinado a concederles medidas de reparación especiales a las personas que fueron víctimas de la tortura durante el regimen militar y que se les ocasionó daños físicos o sicológicos permanentes.
- Por último, llamamos al Gobierno a reconocer la competencia del Comité de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, para recibir y examinar quejas de individuos respecto de eventuales violaciones de aquella, haciendo para tal efecto la declaración que le faculta el Artículo 22 de dicha Convención.
6. Reforzamiento del derecho a la libertad de conciencia.
- Celebrando la iniciativa del Gobierno de establecer legislativamente la plena igualdad de derechos entre las diversas Iglesias y confesiones religiosas existentes en nuestro país, lo instamos a lograr su más pronta aprobación parlamentaria.
- Dado el carácter reconocidamente esclavista de la Colonia Dignidad que afecta especialmente a los niños, y de constituir de modo público y notorio una suerte de "Estado dentro del Estado", solicitamos al Gobierno que adopte las medidas destinadas a terminar inmediatamente con dicha vergüenza nacional y a proveer a sus víctimas del apoyo profesional para que puedan reinsertarse como seres humanos dignos y respetables en la sociedad.
- En cumplimiento de las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el propio Estado de Chile ha aprobado desde hace varios años, instamos al Gobierno a promover en nuestro país el establecimiento de un sistema legal que permita hacer efectiva la objeción de conciencia al servicio militar.
7. Perfeccionamiento del derecho a la justicia.
- Además de la anulación del decreto-ley de amnistía mencionado anteriormente, es fundamental la modificación sustantiva del Código de Justicia Militar de tal modo de restringir su competencia exclusivamente a delitos o faltas internas cometidas por militares en el ejercicio de sus funciones específicas.
- En los casos de agentes del Estado favorecidos con la impunidad de crímenes de lesa humanidad en virtud de la aplicación del decreto-ley de amnistía, demandamos al Gobierno que disponga, al menos, el cese inmediato de toda función pública de aquellos criminales.
- Teniendo en cuenta que en la mayoría de nuestros centros penitenciarios no existen las condiciones mínimas de dignidad para lograr la rehabilitación social y moral de las personas condenadas, instamos al Gobierno a efectuar las inversiones y medidas necesarias para cumplir con este deber.
- Encomiamos la participación de Chile en la Conferencia sobre la creación del Tribunal Penal Internacional efectuada recientemente en Roma, y pedimos al Gobierno que tome las medidas para que el Tratado respectivo sea lo más pronto posible ratificado por el Parlamento.
8. Desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales.
- Llamamos al Gobierno a suscribir y lograr la pronta ratificación del Protocolo de San Salvador sobre estos derechos, aprobado en el marco de la OEA.
- Debido a las graves carencias que sufren los sectores populares en materia de educación y atención de salud, solicitamos al Gobierno que efectúe los esfuerzos necesarios destinados a desarrollar sistemas públicos de educación y salud que proporcionen a toda la población, especialmente en este último caso a los grupos más vulnerables como niños y ancianos, un acceso efectivo a estos servicios esenciales.
- Urgimos al Gobierno a que se elimine de una vez por todas el sistema de cheque en garantía para las atenciones médicas de urgencia, dado que constituye una grave y flagrante violación al derecho a la salud y a la vida.
9. Respeto de los derechos de los trabajadores.
- Debido a que el modelo neoliberal individualista ha debilitado notablemente el movimiento sindical, instamos al Gobierno a persistir en sus esfuerzos por lograr profundas modificaciones a la legislación laboral en vigor, especialmente en lo relativo al fortalecimiento de la organización sindical, a la ampliación de las posibilidades de negociación colectiva y a una formulación que permita ejercer realmente el derecho de huelga.
- En este mismo sentido, llamamos al Gobierno a promover una reforma que incorpore el derecho al trabajo con una remuneración justa, o a un subsidio digno en caso de desempleo, y el derecho de huelga, dentro de los Derechos y Deberes establecidos por el Artículo 19 de la Constitución Política del Estado.
- Asimismo, pedimos al Gobierno que implemente una profunda reforma del sistema de las AFP que permita que las organizaciones de trabajadores desempeñen un papel clave en la administración de sus fondos y en lograr que los principios de justicia social estén efectivamente presentes en el diseño del sistema previsional.
- Encomiamos al Gobierno por los trámites que está efectuando para la pronta aprobación parlamentaria de los Convenios de la OIT sobre Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación (Nº 87), Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva (Nº 98), Abolición del Trabajo Forzoso (Nº 105), Edad Mínima de Admisión al Empleo (Nº 138) y Relaciones de Trabajo en la Administración Pública (Nº 151).
- Así también, dada la importancia de los derechos protegidos, instamos al Gobierno a suscribir y lograr la más pronta ratificación parlamentaria de los siguientes Convenios de la OIT: Inspección del Trabajo (Nº 81), Inspección del Trabajo (agricultura) (Nº129), Trabajo Nocturno (Nº 171), Agencias Retribuidas de Colocación (Nº 96), Prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes (Nº 128), Fijación de Salarios Mínimos (Nº 131), Representantes de los Trabajadores (Nº 135), Licencia Pagada de Estudios (Nº 140) y Servicios de Salud en el Trabajo (Nº 161).
- De acuerdo al mismo espíritu de adhesión efectiva a las normas de la OIT, requerimos del Gobierno el envío de los proyectos de ley que adecúen la legislación nacional a los Convenios ratificados por Chile dentro del plazo de un año desde su fecha de ratificación.
- Asimismo, en el marco del tripartismo que fundamenta la OIT, pedimos al Gobierno que promueva la creación de un Consejo Económico-Social de carácter nacional que permita una participación más efectiva de las organizaciones empresariales y sindicales en el diseño e implementación de las políticas y de la legislación económico-social del Estado y, a la vez, que garantice la institucionalización del diálogo social.
- En relación a la legislación laboral vigente consideramos de extrema urgencia restablecer las cláusulas que posibilitan el reintegro en el caso de los trabajadores despedidos arbitrariamente.
- En este plano nos parece también fundamental que -salvo en materias de suma necesidad- los establecimientos comerciales permanezcan cerrados los días domingo, de tal modo de asegurar el máximo disfrute universal del derecho al descanso dominical.
- Por último, celebramos que el Gobierno haya suscrito la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, y llamamos al Gobierno para que lleve adelante los trámites legislativos que permitan su más pronta ratificación, así como a desarrollar una política de migraciones que muestre un mínimo de retribución con países hermanos que recibieron a decenas de miles de chilenos en épocas recientes.
10. Respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- Teniendo en cuenta la gran deuda histórica que la sociedad chilena tiene respecto de nuestros pueblos originarios, demandamos del Gobierno un incremento sustancial de los recursos de la CONADI para lograr la restitución de tierras a las comunidades indígenas y el apoyo financiero y técnico para que puedan trabajarlas de modo efectivo.
- Asimismo, instamos al Gobierno a desarrollar realmente la educación bilingüe, de tal modo que los pueblos indígenas estén en condiciones de preservar y desarrollar su identidad histórico-cultural.
- Urgimos al Gobierno a que se cumpla plenamente con la voluntad de los pehuenches amenazados por el proyecto RALCO, de manera que se respete efectivamente el Artículo 13 de la8 Ley Indígena, y que si no existe una voluntad real de permutar su tierra, el proyecto RALCO no se lleve a cabo.
- LLamamos al Gobierno a que acelere los trámites legislativos para lograr la ratificación por parte de Chile del Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Nº 169).
- Así también, solicitamos que el Gobierno reconozca la competencia del Comité de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial para recibir y examinar quejas de individuos o grupos respecto de eventuales violaciones de aquella, haciendo para tal efecto la declaración que le faculta el Artículo 14 de dicha Convención.
Nos ponemos a disposición de S. E. para colaborar en lo que sea pertinente en el logro de estas medidas tan necesarias para el perfeccionamiento de los derechos humanos en nuestro país.
Santiago, 28 de julio de 1998.
Firmantes:
Elías Padilla Ballesteros -Presidente Amnistía Internacional Sección Chilena. |
Simona Ruy-Pérez Bravo - Directora Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) |
Jaime Castillo Velasco - Presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos. |
Fabiola Letelier del Solar - Presidenta Corporación CODEPU |
Claudio González Urbina - Secretario Ejecutivo Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) |
Carmen Garretón Merino - Secretaria Ejecutiva Fundacion, Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad |
María Eugenia Rojas Baeza - Secretaria Ejecutiva Fundación PIDEE |
Luis Cárdenas Vásquez - Presidente Corporacion Servicio Paz y Justicia SERPAJ |
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