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12sep11


Consulta no será encuesta por Tramo II, definirá amortiguación ambiental


El Ministro de la Presidencia, Carlos Romero, manifestó ayer que la consulta a las 64 comunidades del TIPNIS no será una encuesta que defina si están o no de acuerdo con la dirección del tramo II que pasa por el parque nacional para unir la carretea Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

"La consulta no es una encuesta, no se reduce a decir si están de acuerdo con el camino o no, o si están de acuerdo con y uno trazo. No es una suerte de encuesta por la complejidad del problema que implica factores técnico-geológicos, factores ambientales, factores socio-culturales, socio-económicos", manifestó en entrevista con medios estatales.

Romero dijo que tiene que ser una consulta no sólo para identificar las amenazas que eventualmente puedan cernirse sobre el territorio y sobre las comunidades con la construcción de la carretera, sino también identificar las potencialidades para neutralizar las amenazas y fortalecer las potencialidades que significan diseñar un plan de desarrollo integral.

Ratificó la oferta de ocho bases de un acuerdo que pasan por el reconocimiento del carácter estratégico de la construcción de la carretera; definición de parámetros de los estándares que deben ser tomados en cuenta para la identificación de impactos ambientales y los dos anteproyectos de ley para la protección del parque y el desarrollo integral del parque.

Adicionalmente se ofertó la definición conjunta del procedimiento de la consulta, las características, los sujetos y el objeto de la consulta que acompañarían ese proceso, además de otras mesas para tratar el resto de las demandas.

Precisó que la consulta no será dirigida a los cocaleros y actores externos sino quienes ejercen el derecho titular de la territorialidad, por tanto, está dirigido a las comunidades que habitan el tramo II.

El Gobierno está dispuesto a aceptar que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el Defensor del Pueblo y otros que los indígenas designen, observen el proceso de consulta que el Gobierno garantiza en su transparencia.

Recordó que las críticas iniciales venían del por qué no se había hecho antes la consulta y la respuesta es que simplemente no había objeto, tal como existe ahora en torno al tramo II, a donde será dirigido el proceso de consulta previa de acuerdo a la legislación para que las 64 comunidades, la mayoría mojeñas, yucararés y chimán del Isoboro-Sécure, den su opinión.

[Fuente: Jornada, La Paz, 12sep11]

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