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16abr21


Characayo, a Palmasola; 7 indicios y la venia de Arce sellaron su detención


Al menos siete indicios y la venia del presidente del Estado, Luis Arce, consumaron la aprehensión y posterior detención preventiva del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo y del exdirector general de Desarrollo Rural Hiper García por la extorsión de 380 mil dólares a una persona que tramitaba el saneamiento de tierras en Santa Cruz.

En la audiencia cautelar realizada ayer, la jueza cuarta Anticorrupción, Claudia Castro, determinó para Characayo la detención preventiva por cinco meses en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, y para García en la cárcel de San Pedro, de La Paz.

La Fiscalía los imputó por concusión, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias y cohecho pasivo propio, luego de haber sido aprehendidos en flagrancia cuando cobraron un adelanto de 20.000 dólares, en una banca de El Prado paceño, la noche del martes.

Venia de Luis Arce

"El sábado, (en Santa Cruz) de manera personal recibí una denuncia (…). (Después) yo me comunico con el presidente de nuestro Estado y le informo que existen funcionarios que estarían extorsionando a gente de nuestro departamento, él me dice: 'caiga quien caiga, investigue hasta el final'. Continuamos la investigación y gracias a nuestro grupo de Inteligencia (…) anteayer (se verificó que) nuestro exministro de Desarrollo y Tierras recibe una coima de 20.000 dólares", reveló ayer el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en entrevista con la red Unitel.

En esa línea, según la denuncia presentada ante la Fiscalía y los reportes policiales, luego de la autorización del presidente Arce el primer elemento que complicó la situación de Characayo y su colaborador fueron los diferentes mensajes que intercambiaron por la aplicación de mensajería WhatsApp con las víctimas.

El hecho de que aún existe una irregularidad en la entrega de títulos de terrenos por parte del Ministerio de Desarrollo Rural y el Instituto de Nacional de Reforma Agraria (INRA), que ya estaban saneados en favor de un familiar de la denunciante, Dareen Schmidt, se constituye en el segundo elemento.

Según la denunciante, García pidió 380 mil dólares para el saneamiento de un predio (El Triunfo II), ubicado a cuatro kilómetros del municipio San Ramón, en Santa Cruz. El informe de la Policía menciona que García pedía una comisión de 80.000 dólares, además de 100 mil para Characayo y 200 mil dólares más para funcionarios del INRA.

En tercer lugar están los tres pedidos de reuniones que García hizo a la víctima y su abogado, Óscar Salvatierra, a fin de concretar el trato. El primero de esos encuentros debía realizarse en Santa Cruz, el segundo en el despacho del entonces ministro y el tercero en el departamento de Characayo, en la zona de Sopocachi.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Alberto Aguilar, informó que el reporte preliminar de los efectivos de Inteligencia señala que ante la negativa de las víctimas para reunirse en el departamento de Characayo y al pedir como una forma de garantía la presencia de la autoridad para la entrega del dinero, García organizó un cuarto encuentro en el Café Alexander, de El Prado paceño, el martes por la noche.

Allí, luego de una breve conversación, García les quitó sus celulares para evitar ser grabados y los llevó a una banca de El Prado, donde se presentó Characayo sin su escolta policial, con barbijo, encapuchado y un buso deportivo. El cuarto elemento que implica al exministro, según el mismo reporte, es la conversación de aproximadamente 15 minutos que sostuvo con Schmidt y Salvatierra.

Como quinto indicio está la declaración de las víctimas, que sostienen que en ese momento entregaron los 20.000 dólares en manos de Characayo, quien a su vez puso el dinero en la mochila de García. El momento en que ambos se retiraban fueron aprehendidos por efectivos de la Felcc.

En la audiencia cautelar, como sexto indicio, la Fiscalía presentó un desdoblamiento de las conversaciones de texto que García mantuvo con Characayo para concretar la cita con las víctimas el martes por la noche. Por último, según el ministro Del Castillo, existe una denuncia realizada por el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, sobre todos estos hechos.

"Vamos a continuar con este trabajo y felicitamos la actitud que tiene actualmente nuestro director nacional del INRA", afirmó Del Castillo en la misma entrevista. De acuerdo con un reporte de la agencia ANF, el ambientalista Leonardo Tamburini dijo que los pedidos de destitución de Núñez, hechos por el sector de los Interculturales (al que pertenece Characayo) se debían a que el director del INRA no era del MAS y porque no avalaba el avasallamiento de tierras en la Chiquitania.

Del Castillo afirmó que existen otras dos autoridades del Ministerio de Desarrollo y Tierras comprometidas en esta "red de corrupción", que serán procesadas según avancen las investigaciones a cargo de la Fiscalía.

La jueza Castro informó ayer que las conversaciones de texto presentadas por la Fiscalía fueron observadas por la defensa de los imputados, por lo que ella sólo tomó en cuenta dos elementos para determinar la probabilidad de autoría. Se trata del acta de requisa, que señala el hallazgo de los 20.000 dólares en la mochila de García, con quien fue aprehendido Characayo.

El otro elemento que fue tomado en cuenta es la declaración de Salvatierra, que ahora sólo será considerado como testigo principal y no como abogado de Schmidt, a fin de no invalidar el pliego de imputación.

Al proceso se sumaron como parte querellante, además de las víctimas, los viceministerios de Transparencia y Desarrollo Rural, cuyos representantes apelaron, junto a los fiscales, el fallo de la jueza, para solicitar que la detención preventiva sea de seis meses y no de cinco, debido a la complejidad de la investigación en este caso.

García pidió $us 200 mil para dirigentes de San Julián

La denuncia presentada por las víctimas de extorsión por el saneamiento de la propiedad denominada Triunfo II, ubicada a cuatro kilómetros del municipio de San Ramón, en Santa Cruz, dice que el exdirector de Desarrollo Rural Hiper García les pidió también 200.000 dólares para repartirlos entre los dirigentes de San Julián.

"(García dijo que) deberíamos pagar 200 mil dólares para los dirigentes de los movimientos sociales de la localidad de San Julián, para que dejen de hacer presión social, en la que pedían que sean declaradas tierras fiscales y repartirlas entre ellos", se lee en parte de la imputación que se presentó contra García y el exministro de Desarrollo y Tierras Edwin Characayo.

El documento señala que García había tenido el primer contacto con las víctimas en diciembre de 2020 y que luego de mostrarles las irregularidades, éste perdió contacto con estas personas hasta el 5 de abril, cuando se presentó en Santa Cruz con un funcionario del Ministerio de Agua y Medio Ambiente.

En ese encuentro, García afirmó que tenía amistad con los dirigentes de San Julián y con un exdirector del Instituto de Reforma Agraria de Santa Cruz.

En esa oportunidad, García les dijo que "necesitaba colaboración económica" y que además de los 200 mil dólares para los dirigentes, necesitaba otros 200 mil dólares para los técnicos del INRA y 100 mil dólares más para el ministro Characayo.

Los denunciantes afirman que García les dio esas cifras al señalar que no le importaba cómo obtuvieran los montos, pues el precio de los predios del Triunfo II eran más altos y generaban gran producción. Según la misma imputación, luego las cifras se modificaron y García quedó en aceptar 380 mil dólares, 80.000 de los cuales eran para él.

[Fuente: Por Carlos Quisbert, Página Siete, La Paz, 16abr21]

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