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22feb09


Aparecen nuevas dudas sobre pagos a Catler


De los $us 3,3 millones desembolsados desde YPFB a las cuentas de Catler-Uniservice sólo quedan $us 600.000, porque el resto del dinero fue sacado por los representantes de esta empresa y entregado a otras personas, según reveló el informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y difundido ayer por la ministra de Transparencia, Nardy Suxo.

Los destinatarios del dinero son las mismas personas implicadas en el asesinato del empresario Jorge O'connor D'Arlach, el 27 de enero, y los retiros fueron realizados con minutos de diferencia, dijo la ministra.

En la lista de receptores del dinero de YPFB figura incluso el hermano del prefecto de Tarija, Pablo Fabián Cossío Cortez, que retiró $us 2.490 a nombre de una empresa de turismo, Nómada SRL. Pero los principales ‘clientes’ del banco eran Mario Ángel Cossío Mc Galem, que retiró $us 165.150 en total; Luis Fernando Córdova se apersonó también en tres oportunidades y retiró $us 280.000, y JorgeO'Connor D'Arlach que retiró $us 830.000 en total.

De los $us 3,3 millones entregados a Catler-Uniservice, los retiros suman $us 2.628.792 y queda en las cuentas $us 671.208. La ministra Suxo afirmó que el principal socio de la empresa, Miguel O'Connor D'Arlach intentó retirar ese dinero de las cuentas que tiene la empresa en el Banco Unión, para ello utilizó dos cheques firmados por su fallecido hermano Jorge.

De acuerdo con la explicación, la supuesta ‘encargada de compras’ de Catler Uniservice, Hilda Soto Cabello, se presentó en una entidad bancaria privada y entregó dos cheques que tenían la firma del empresario asesinado, pero los mismos fueron retenidos porque la cuenta ya había sido congelada.

El primer cheque era por $us 500.000 y el otro por Bs 60.000, los que debían ser entregados por el Banco Unión y traspasados a las cuentas que tiene Miguel en esa entidad.

Por esas razones, ambos serán convocados a la Fiscalía, donde deben explicar por qué utilizaron la firma de su fallecido hermano, además de realizar un examen grafológico para ver si no es falsificada.

Suxo reiteró que el socio principal de Catler-Uniservice debe ser investigado porque en la revisión de cuentas que realizó la UIF se estableció que Miguel O'Connor tiene un certificado de Depósito a Plazo Fijo de un millón de dólares. “Cómo puede tener una persona de 33 años tanto dinero, y en una sola cuenta, además de otras”, cuestionó.

El fiscal Edward Mollinedo afirmó, en la audiencia contra Santos Ramírez, que Miguel O'Connor dijo en sus declaraciones que el dinero que sacaron el 27 de enero del Banco Unión "era para hacer un pago", pero no señaló a quién.

Suxo también dijo que la UIF certificó que la cuenta en Alemania y que presuntamente pertenecía a Santos Ramírez, se trata de la cuenta de la empresa Gulsby, cuya central de operaciones se encuentra en ese país y que la principal filial está en EEUU; por eso explicó que el traspaso de los $us 35.070.000 entregados a esa empresa se realizó a través de una transferencia al banco Conmmer Bank en el país europeo.

Ramírez está recluido en la posta

El ex presidente de YPFB Santos Ramírez es el detenido preventivo 711 y fue ubicado inicialmente en la sección ‘guanay’ junto con la población carcelaria, pero al mediodía fue pasado a ‘la posta’, donde están detenidos los adversarios políticos del MAS como Leopoldo Fernández y los miembros de la banda que asesinaron a Jorge O'Connor, Luis Fernando y Ernesto Córdova, y los otros miembros de la gavilla.

Entretanto, sus abogados iniciaron los trámites para la reconsideración del fallo, aunque en el juzgado no se los recibieron. El abogado Albo Lacaze dijo que esperan que la juez reconsidere su dictamen porque se demostró que no existen cargos graves contra su defendido.

Pero ahora las miradas están dirigidas a los miembros del directorio de YPFB porque ellos conocieron de cerca la labor que estaba realizando Ramírez y no informaron a sus ministerios, a los que representaban.

La defensa de Ramírez prepara una lista de testigos para que declaren a su favor.

[Fuente: El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 22feb09]

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