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30jun10

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Carta enviada por la APG IG al Presidente Evo Morales con relación al derecho de consulta y al conflicto con Repsol YPF E&P Bolivia SA.


Entre Ríos, 30 de junio de 2010

A la atención del Señor
Presidente de la República de Bolivia
D. Juan Evo Morales Ayma
Palacio de Gobierno

Estimado señor Presidente:

Por la presente queremos informar a su Excelencia de dos demandas concretas de nuestra Comunidad como continuidad a la carta entregada a Ud. el 23 de marzo de 2009 y de la que nunca hemos recibido respuesta.

1) Informamos a Ud que en nuestra TCO se han aprobado 20 licencias ambientales dentro de varios contratos de operación. Estas licencias comenzaron el 04 de abril de 1997 y tenemos conocimiento que la última se ha expedido el pasado 05 de febrero de 2010. Estas licencias han sido otorgadas a Repsol YPF E&P Bolivia SA, a excepción de tres concedidas a la empresa nacionalizada Transredes SA.

Todas esas licencias, señor Presidente, han sido otorgadas, así como los contratos de operación, sin que en ningún caso se haya cumplido con el "derecho a consulta" que nos corresponde como organización indígena reconocida legalmente, pero, además, violando expresamente el derecho de propiedad que nos corresponde como TCO reconocida legalmente.

2) Informamos a Ud. que ni las empresas, ni el Estado han cumplido nunca con la ejecución del contrato firmado oportunamente por la APG IG y la empresa Maxus SA y que corresponde a la operación del pozo X1, por lo que dicha licencia es nula de pleno derecho.

Sin embargo, el 10 de abril de 2008 el Ministerio de Medio Ambiente levantó un acta administrativa al constatar que la empresa Repsol YPF E&P Bolivia SA no presentó la licencia original correspondiente a la licencia otorgada a la empresa Chevron el 04 de abril de 1997; dicho procedimiento administrativo derivó en un proceso judicial que, según informaciones recogidas por nuestra organización, se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema.

La APG IG considera que, una vez más, se han violado nuestros derechos en la medida que, no sólo no se nos informó en el momento oportuno de dicha inspección a una explotación que está dentro de nuestra propiedad, sino que, además, hasta la fecha, jamás se nos notificó en forma legalmente eficaz de la existencia de este expediente administrativo.

Consideramos que esta actuación administrativa viola en forma flagrante nuestros derechos y tenemos elementos suficientes para creer que la única finalidad del mismo es obviar deliberadamente el cumplimiento de las obligaciones económicas dimanadas del contrato de la APG IG con la empresa Maxus SA y de la que Repsol YPF E&P Bolivia SA es jurídicamente responsable a todos los efectos desde el momento en que adquirió los activos y obligaciones de la mencionada empresa.

3) Informamos a Ud que en el año 2007 sufrimos un intento de fraude por parte de Repsol España SA que, en su momento, informamos fehacientemente a los ministros de Hidrocarburos y al Vicepresidente del Estado Plurinacional. Hasta la fecha nunca hemos recibido respuesta alguna sobre esta cuestión por parte de funcionario alguno, debiendo nuestra organización hacer frente a esta cuestión sin contar con auxilio judicial alguno por parte del Estado boliviano.

4) Informamos a Ud. que hace aproximadamente 50 días hemos tenido una vez más un intento fallido de negociación por parte de funcionarios de YPF SA que fungen como representantes de Repsol YPF E&P Bolivia SA sin que hayan aportado hasta el momento los poderes que justifiquen dicha representación, a pesar de haber sido requeridos en este sentido por nuestro departamento jurídico, siendo además que ni siquiera han respondido por escrito en forma legalmente fehaciente.

5) En fecha 28 de abril de 2010 hemos recibido una carta de YPFB SA en la que oficialmente se nos informa que dicha empresa no reconocerá jurídicamente a la APG IG y que los problemas con empresas petroleras en nuestra TCO son unilaterales, o sea, que YPFB no prestará cooperación ni auxilio judicial u operativo alguno a nuestra organización dentro de las distintas licencias y contratos de operación que existen actualmente en nuestra TCO.

Esta carta incumple además el acuerdo que figura en el acta de fecha 09 de abril de 2010 y según el cual se nos enviarían los extractos de las actas de deliberación que, sobre este punto, se presume que llevó a cabo el Directorio (término sinónimo de Consejo de Administración) de YPFB SA, por lo que debemos presumir que dicha deliberación nunca se llevó a cabo y la resolución está adoptada por el señor Carlos Villegas, quien funge como Presidente Interino con plenos poderes de dicha empresa.

6) Informamos a Ud que en la misma situación de falta de cumplimiento de la legalidad nos encontramos con relación a la inscripción registral de la escritura definitiva de la TCO Itika Guasu, o sea, respecto del territorio original de origen que es propiedad de nuestra comunidad, no habiendo recibido nunca respuesta alguna a nuestras pretensiones que respetuosamente expresamos en forma documental en diversas oportunidades a funcionarios de diverso nivel jerárquico del INRA y del Vice Ministerio de Tierras. Es por lo que nos encontramos en total indefensión, toda vez que todas las inscripciones realizadas jurídicamente en nuestra TCO se han efectuado sin información fehaciente a nuestra organización, por lo que consideramos que las mismas son nulas de pleno derecho conforme a la legislación del Estado boliviano desde 1951 hasta la fecha.

7) Informamos a Ud. que nunca hemos recibido respuesta a nuestras demandas de regularización del funcionamiento del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas y de que se nos informara en forma fehaciente de los documentos que oportunamente solicitamos en el año 2008 para conocer en derecho las diferentes resoluciones adoptadas hasta la fecha por dicho organismo, que fue creado luego de nuestras movilizaciones de 2005.

Estimado señor Presidente, estos hechos que se encuentran documentados con todas las formalidades jurídicas necesarias por nuestra parte, nos llevan a notificarle que consideramos agotadas las vías administrativas y legales con relación al Gobierno que Ud preside y al propio Estado boliviano y que exigiremos la depuración de responsabilidades que consideremos necesaria.

Demás está decir, señor Presidente, que estamos profundamente decepcionados por la actuación de los funcionarios de su Gobierno y por su propio comportamiento, y que nos duele como comunidades indígenas el abandono y falta de auxilio de todo tipo en que nos encontramos.

Reciba señor Presidente nuestros saludos,

Florentino Zeballos
Presidente a.i. - APG IG

Benildo Vaca
Resp. RRNN - APG IG

Gregorio Barrientos
Resp. Educación - APG IG


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