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07ago11


El caso Zaffaroni y el riesgo institucional


l caso del juez Eugenio Raúl Zaffaroni está poniendo a prueba la vieja atracción argentina por la piromanía institucional. Zaffaroni, que ha cometido serios errores éticos, forma parte de la quizás única institución del Estado, la Corte Suprema de Justicia, con prestigio social y con reconocimiento internacional. El propio magistrado es uno de los penalistas argentinos con mayores pergaminos académicos dentro y fuera del país, aun cuando su visión del derecho es muchas veces polémica. La gestión de Zaffaroni sobre sus propiedades privadas ha sido, al menos, descuidada, y sus primeras explicaciones fueron ciertamente muy superficiales.

La mezcla de un juez de la Corte con prostíbulos, en un país donde los prostíbulos están prohibidos desde hace siete décadas, será siempre materia de atracción periodística. Lo será en la Argentina y en cualquier país del mundo, sobre todo en los de las regiones con democracias más avanzadas. Este es un ángulo de la información que a Zaffaroni le cuesta comprender. Pero ¿qué hubiera sucedido en los Estados Unidos, en Francia o en Gran Bretaña si una noticia parecida involucrara a uno de sus principales jueces? Debe existir, sí, un límite: ninguna información justifica, desde ya, el acoso permanente a una persona por parte de medios periodísticos .

Otro aspecto del conflicto es su ideologización, la decisión de unos y otros de encender una nueva hoguera de particiones políticas. El mismo juez ha contribuido a ello aceptando hablar sólo con los medios que creen en las bondades del kirchnerismo, como si fueran los únicos que le ofrecen seguridades de antemano. También desde los defensores de Zaffaroni se aludió a supuestas simpatías políticas de la ONG La Alameda, que fue la organización que denunció que en las propiedades del juez se ejercía la prostitución. Importan poco las ideas de esa ONG; lo que interesa es constatar si su denuncia fue cierta o no. Zaffaroni aceptó el jueves, ante sus colegas de la Corte, que en cinco (no en seis) de sus 15 propiedades existía intercambio de sexo por dinero.

Nada vincula directamente a Zaffaroni con un delito ni el caso actual complica su actuación como juez de la Corte. Es lo que han dicho los colegas suyos del máximo tribunal del país, y es cierto, pero tales certezas son relativizadas cuando entran a jugar valores éticos. No es necesario, en efecto, que un juez cometa un delito; su actitud puede ser reprochable por la sola desidia con que trató sus asuntos personales.

Los principios de ética de Bangalore legislan sobre la actitud que deben observar los jueces. Llevan el nombre de la ciudad de la India donde se suscribió el acuerdo, firmado por los países de Europa, Asia y América, y establece, incluso, restricciones personales, no aplicables al ciudadano común, para preservar la corrección de los magistrados.

Zaffaroni se mostró el jueves ante el plenario de la Corte como un hombre abatido y desbordado por los acontecimientos. Esto me ha superado, aceptó. No todos los miembros del tribunal actuaron de la misma forma. Carlos Fayt fue el único que se interesó por la versión de Zaffaroni; Fayt tiene un afán permanente para pedir explicaciones allí donde las explicaciones son difíciles, arduas y mortificantes. Carmen Argibay ha dedicado gran parte de su vida pública a luchar contra la trata de blancas y contra cualquier negocio que convierta a la mujer en una mercancía. No puede estar de acuerdo con la levedad con que Zaffaroni enfrentó su drama. Enrique Petracchi estuvo en Europa hasta horas antes de la reunión de la Corte; necesitaba tiempo para conocer los pormenores del caso.

Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda estuvieron más preocupados en apartar a la Corte del escándalo que en otra cosa, aunque también se manifestaron más cercanos a Zaffaroni. Reconocen en él a un gran jurista, aunque no siempre coincidan con sus posiciones, y destacan sobre todo su condición de buena persona. Es incapaz de hacerle daño a nadie , dijo uno de ellos. Aunque no lo digan ni en reserva, todos ellos temen que el caso estropee el prestigio alcanzado por la Corte en los últimos años. La noticia fue muy difundida en el exterior, donde la Corte argentina es especialmente valorada.

Zaffaroni no agregó ante sus colegas mucho más que lo que ya había dicho en público. Pero precisó algunos detalles: tiene un poder otorgado hace muchos años a una persona para que administre sus propiedades; también puede mostrar un acuerdo con la inmobiliaria para que alquile sus propiedades y cobre los alquileres. No sabía quiénes eran sus inquilinos. Usted debe mostrar algunos papeles , le aconsejó un importante legislador opositor.

La recriminación que puede hacérsele, en tal caso, es que, como juez de la Corte, no haya elegido a una inmobiliaria seria (la que alquiló en su nombre carecía hasta de los papeles esenciales) y que no le haya dado instrucciones precisas sobre cómo debían ser los inquilinos de un alto magistrado de la Nación. "Un juez deberá informarse sobre sus intereses personales y fiduciarios-financieros", dicen precisamente los principios éticos de Bangalore.

Las respuestas de Zaffaroni a las denuncias públicas reconocieron tres etapas. La primera no careció de frivolidad: Este escándalo me permitirá echar a los inquilinos sin ir a un juicio , dijo en sorna. La segunda fase correspondió a su victimización. Quieren debilitarme psicológicamente para provocar mi renuncia , se quejó. Sólo en el tercer período entró a responder las preguntas abiertas por las revelaciones sobre sus propiedades. El final debió ser el principio. El caso que lo envuelve no merecía ni la trivialidad ni su conversión en víctima. Debió, simplemente, aclarar en qué medida había sido tocado por una ráfaga de mala racha, cuánto era, en fin, lo que conocía y cuánto lo que desconocía.

El propio juez abrió una trinchera cuando se cobijó sólo bajo el paraguas de los medios oficialistas. La Corte no se lo agradeció, porque esos mismos medios denunciaron luego que la supuesta campaña contra Zaffaroni era un disparo contra el tribunal. Ningún periodista del país vinculó nunca el caso de Zaffaroni con el resto de la Corte. Zaffaroni rechazó hasta ahora todos los reportajes pedidos por los medios periodísticos independientes.

Al conflicto le está faltando una noción del equilibrio. El juez ha desmentido que esté trabajando con el Gobierno en un proyecto de reforma constitucional. Hay que creerle. Llama la atención, sin embargo, que haya hecho declaraciones reformistas cuando el reformismo podría convenirle al kirchnerismo si la Presidenta lograra su reelección. También ha profundizado la ideologización del problema en las últimas horas. De todas maneras, debe subrayarse que Zaffaroni no mantuvo reuniones con funcionarios nacionales en los días recientes.

¿Cómo resolver el caso, atrapante de por sí, que vincula a un juez con prostíbulos? ¿Cómo, cuando todos resaltan el enorme bagaje intelectual del magistrado, su prestigio internacional y su pertenencia al único cuerpo respetado de la República? La política no puede pedirle la renuncia a un juez. Ese fue un error de Ricardo Alfonsín. En todo caso, la política puede abrir el proceso de un juicio político.

No obstante, Zaffaroni podría hacer su propio aporte si él mismo fuera voluntariamente a dar explicaciones a las comisiones de diputados de Juicio Político o a la de Asuntos Constitucionales. Ningún político opositor lo desmerece ni está interesado en su derrumbe personal ni quiere que el caso forme parte de la campaña electoral. Zaffaroni necesita que una instancia institucional lo evalúe y que acepte públicamente sus explicaciones.

Un final digno. Eso es lo que el caso requiere para que el juez y la Corte sigan siendo lo que han sido.

[Fuente: Por Joaquín Morales Solá, La Nación, Bs As, 07ago11]

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