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17dic08


Siemens reconoce ante la SEC que Menem, Corach y Franco recibieron sobornos a cambio de contratos


El gobierno de los Estados Unidos señaló ayer al ex presidente Carlos Menem y a dos de sus máximos colaboradores, Carlos Corach y Hugo Franco, como los destinatarios de por lo menos 2,6 millones de dólares en coimas que abonó la multinacional alemana Siemens para obtener el contrato para la confección de los pasaportes y documentos de identidad.

La acusación contra el ex mandatario, su ministro del Interior y su director de Migraciones fue hecha por la Comisión Nacional de Valores norteamericana (SEC, por sus siglas en inglés) , al detallar ante el juez federal Richard Leon los actos de corrupción que cometió la corporación alemana en el mundo.

En el caso de la Argentina, la SEC también afirmó que Siemens pagó 6 millones de dólares en "sobornos adicionales a funcionarios del nuevo gobierno", y que esos pagos se extendieron entre 1998 y 2004, aun cuando deja implícito que no abarcó a funcionarios de los presidentes Eduardo Duhalde o Néstor Kirchner, sino que serían pagos "atrasados".

Con la firma de cinco de sus abogados, la SEC fue mucho más allá de lo que informaron el Departamento de Justicia y Siemens, un día antes, en su presentación conjunta ante la Corte. Allí aludieron a un "ex presidente, un "ex ministro", un "ex funcionario" y varios "agentes" y "consultoras" en el cobro de sobornos que superaron los US$ 150 millones.

Con jurisdicción sobre la compañía alemana, ya que opera en Wall Street, la SEC explicó que "entre 1998 y 2004 Siemens pagó más de US$ 40 millones en coimas a altos funcionarios del gobierno de la Argentina en un esfuerzo por asegurarse un proyecto de US$ 1000 millones para producir los documentos de identidad".

Aunque no alude a Menem, Corach ni a Franco por sus nombres, su señalamiento es directo: "Entre 1998 y 1999, ejecutivos de Siemens, incluyendo el entonces CEO regional de la compañía en la Argentina, autorizaron a que se pagaran US$ 19 millones a consultores para coimas. Al menos US$ 2,6 millones fueron transferidos de las cuentas de esos consultores al presidente de la Argentina, el ministro del Interior y el titular del Control de Inmigración para obtener el contrato".

El escrito, de 38 páginas, incluye varios capítulos con los delitos cometidos en otros países. El dedicado a la Argentina es el séptimo y expone que cuando asumió el presidente Fernando de la Rúa, su gestión anunció que cancelaría el contrato. "En un esfuerzo por evitar esa posibilidad, Siemens pagó US$ 6 millones en coimas adicionales a funcionarios de la nueva administración", señala la SEC. Pero, "a pesar de sus pagos", aclara, "de todos modos el contrato fue cancelado en mayo de 2001".

Durante los siguientes cuatro años, la situación se complicó para la compañía, que comenzó a recibir "reclamos de pagos y amenazas a sus ejecutivos en la Argentina" por incumplir el pago de coimas comprometidas, pero que interrumpió dada la cancelación del contrato. Aun así, y dada la presión, "Siemens pagó más de US$ 23 millones para satisfacer esos reclamos".

La decisión de desembolsar esos pagos se definió en la cúspide de la firma. A tal punto que involucró a un miembro del directorio ejecutivo central en Alemania y su máximo ejecutivo en la Argentina (su CEO) y su máximo referente financiero en el país (CFO), cuyos nombres obvió la SEC.

Pese a la contundencia y gravedad de las acusaciones, ni la sede central de la compañía en Alemania ni su filial en la Argentina precisaron sus nombres ante la consulta de LA NACION por razones legales. Esos ejecutivos, según los archivos de esos años, serían: Uriel Sharef, Mathias Kleinhempel y Marcelo Etcharrán.

Los tres ejecutivos de la multinacional, según la SEC, se reunieron en Estados Unidos, en 2003, con "el principal intermediario para negociar los términos del pago", que de acuerdo con los datos aportados un día antes por el Departamento de Justicia podría ser el empresario Carlos Sergi.

De allí en más, según el relato de las autoridades norteamericanas, Siemens concretó el pago de US$ 9,5 millones "a través de libros de un proyecto de transmisión [de la compañía] en China sin vínculo [con la Argentina]".

Allí no se acabaron los desembolsos espurios. "Otros pagos fueron hechos a través de cuentas bancarias norteamericanas basadas en facturas ficticias por servicios inexistentes, en conexión con el proyecto de los documentos de identidad y otros proyectos en la región, incluyendo a un ex ministro y miembro del Congreso argentino."

Para la corporación alemana, sin embargo, los delitos cometidos en la Argentina fueron parte de una cultura laboral. "En total, Siemens pagó sobornos de manera directa o indirecta a funcionarios extranjeros en conexión con al menos 290 proyectos o ventas individuales en relación con negocios en Venezuela, China, Israel, Bangladesh, Nigeria, la Argentina, Vietnam, Rusia y México", expuso la SEC ante el juez. Sus subsidiarias y empleados norteamericanos, señaló, también fueron cómplices activos.

En el caso del capítulo argentino, no obstante, el nudo comenzó a desatarse en Alemania, a partir de la investigación interna de la compañía y el trabajo de la Fiscalía de Munich. Desde aquel país trascendió, meses atrás, una lista con iniciales de algunos coimeros, como "CC" (US$ 9,75 millones); "HF" (la misma cifra); "CS" (US$ 7,5 millones) y "CM" (con US$ 16 millones).

Siemens abandonaría el juicio en el Ciadi

Las revelaciones por el caso de los DNI podrían desembocar en un alivio económico superior a los 200 millones de dólares para la Argentina: fuentes vinculadas al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) indicaron ayer a LA NACION que la multinacional alemana Siemens habría solicitado la "suspensión" del arbitraje que mantiene con el Estado argentino desde 2002 por el polémico contrato.

De concretarse la suspensión, quedaría sin efecto el emplazamiento que el tribunal fijó para que la Procuración del Tesoro aporte antes del 9 de febrero las pruebas sobre corrupción en la operatoria.

El objetivo de la Procuración es anular el laudo arbitral que el 6 de febrero de 2007 le reconoció a Siemens una indemnización por US$ 217 millones, que la Argentina apeló meses después.

Ahora, un escrito conjunto presentado ante la Corte Federal de esta capital por abogados de la compañía y del Departamento de Justicia aporta un indicio sobre la posibilidad de que Siemens abandone el pleito.

[Fuente: La Nación, Bs As, Arg, 17dic08]

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