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07sep11


Schoklender: la UIF ahora pide ser querellante en la causa


La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser parte querellante en la causa abierta contra el ex apoderado de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, por el manejo del dinero estatal que la entidad recibía para la construcción de viviendas sociales. Lo curioso es que el titular de la UIF, José Sbatella, es investigado por haber demorado un año en formular la denuncia contra Schoklender.

En efecto, en una causa paralela al expediente principal, el juez Sergio Torres, con impulso del fiscal Guillermo Marijuán, investiga una denuncia formulada por un abogado en la que se lo acusa a Sbatella por la demora en llevar a la Justicia las denuncias que un año antes habían hecho ante la UIF dos diputadas de la Coalición Cívica (CC) bonaerense, Elsa Quiroz y Maricel Echecoin.

Quiroz ya declaró como testigo y ratificó todo lo que había dicho, incluido que su denuncia había sido “cajoneada” y que hubo “complicidad” de la UIF con Schoklender y la Asociación Madres de Plaza de Mayo. El juzgado subrogado por Torres libró una serie de oficios para acumular información antes de decidir una eventual citación de Sbatella.

La denuncia de las diputadas de la CC fue lo que permitió abrir la principal investigación contra Schoklender, en manos del juez federal Norberto Oyarbide. El magistrado, quien mantiene la causa en un secreto de sumario que ya prorrogó cinco veces, analiza el pedido de la UIF de ser parte querellante. Fuentes judiciales estimaron que no habría formalmente ningún impedimento por cuanto en la otra causa está denunciado personalmente Sbatella y no la UIF como institución.

Ayer se incorporó a la causa el último dictamen del fiscal antilavado, Raúl Pleé, adelantado por este diario en su edición del martes. El fiscal considera que con los elementos que ya hay en la causa se podría llamar a declaración indagatoria a trece de los imputados por lavado de dinero. Sin embargo, según él, el delito en el que habrían incurrido los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, sería el de defraudación al Estado.

Entre otros datos novedosos, el fiscal incorporó a la causa los gastos de una exclusiva tarjeta de crédito que, con extensiones, usaban los imputados. Los gastos mensuales de Alejandro Gotkin, ex contador de las Madres y de la empresa Meldorek, ascendían a $ 100 mil, según dijeron fuentes judiciales a Clarín.

También ayer se presentó en Tribunales el diputado radical Hipólito Faustinelli, presidente de la comisión de Vivienda de la Cámara baja, quien pidió al juez Oyarbide que ordene una pericia sobre las viviendas construidas a través del programa Sueños Compartidos para establecer si fue “razonable” el valor abonado por el Estado por metro cuadrado.

Y el propio Schoklender volvió a pasar ayer por Tribunales. Pidió ver al juez y al fiscal Plee pero ninguno de ellos lo atendió. Schoklender dijo que mañana dará una conferencia de prensa para revelar documentos del caso.

[Fuente: Clarín, Bs As, 07sep11]

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