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14oct05
Juicio político a dos camaristas por su actuación en la causa de Margarita Belen.
El Consejo de la Magistratura resolvió ayer suspender y someter a juicio político a dos camaristas federales del Chaco que hace dos años, en un controvertido fallo, ordenaron excarcelar a varios militares acusados por la Masacre de Margarita Belén, ocurrida en esa provincia durante la última dictadura.
La decisión del Consejo fue tomada en contra de los jueces María Fernández y Tomás Inda. Apenas sean notificados de la medida, estos dos magistrados serán suspendidos por 180 días en sus funciones. En ese lapso deberá realizarse el correspondiente juicio ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, único órgano autorizado para destituirlos o ratificarlos en sus cargos tras el juicio.
El tercer miembro de la Cámara Federal de Resistencia, Diómedes Rojas, también firmó el cuestionado fallo y por eso también fue denunciado, pero como falleció, el proceso en su contra se tornó abstracto.
El expediente había sido abierto por denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
"Los jueces fueron suspendidos por haberse apartado intencionalmente del derecho aplicable para colaborar directamente con la estrategia de la defensa, destinada a conseguir la libertad anticipada de los imputados por la inapropiada vía del habeas corpus y paralizar la investigación", dijo ayer el CELS en un comunicado.
Tanto Fernández como Inda fueron acusados por el Consejo por las presuntas causales de destitución de "mal desempeño" de sus funciones y "mala conducta", según el dictamen de comisión aprobado ayer por el plenario del cuerpo.
El CELS también había acusado a Inda porque él era juez al momento de los hechos y, según el organismo, nos los investigó.
La Masacre de Margarita Belén ocurrió el 13 de diciembre de 1976 cerca de esa localidad chaqueña, cuando un grupo de al menos 22 detenidos a disposición de la dictadura fueron víctimas de un fusilamiento en el marco de un supuesto traslado de cárcel.
Los responsables militares de aquel operativo —encabezados por el teniente coronel Jorge Larrateguy— fueron procesados y encarcelados por el juez Carlos Skidelsky, pero luego quedaron en libertad por el controvertido habeas corpus aceptado por los camaristas.
Por esta misma causa, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, exoneró recientemente a una secretaria de la fiscalía federal chaqueña, Ana María Torres, que había participado en este caso como fiscal "ad-hoc".
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 14oct05]
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