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DERECHOS


30sep03


La complicidad del poder económico con la dictadura: el caso Mercedes Benz.


Prólogo.

La memoria es historia de la vida, y vida de la memoria, como bien lo señalara Fray Bartolomé de las Casas. Los pueblos transitan caminos entre el dolor y la resistencia y van tejiendo la historia de vida, con sus alegrías y tristezas, aciertos y errores. Muchas veces la vida de los pueblos se ve marcada por la tragedia, como durante las dictaduras militares en todo el continente latinoamericano y en particular en la Argentina. La importancia de la memoria, no es quedarse en el pasado, nos debe iluminar el presente y encontrar los caminos para generar el futuro.

La tragedia en Argentina con miles de muertos y desaparecidos fue marcada por la impunidad jurídica a través de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Sin embargo la resistencia social no se detuvo, los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas de la represión continuaron su incesante búsqueda de Verdad y Justicia, a pesar de todas las dificultades y del tiempo que trata de matar la memoria; como de las complicidades y omisiones.

En la Argentina, como en todo el continente latinoamericano, los pueblos vivieron bajo el imperio del terror de las dictaduras militares impuestas a través de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, gestada en la Escuela de las Américas en Panamá y en las Academias Militares de los Estados Unidos.

Utilizaron métodos aberrantes para imponer el terror a la población como el secuestro y desaparición de personas, torturas, cárceles y asesinatos, que fueran aplicadas por tropas francesas en Argelia, y de los EE.UU. en Vietnam, violando toda norma jurídica tanto nacional como internacional.

Las fuerzas armadas por si solas no pueden imponer dictaduras a los pueblos sin la complicidad interna de sectores civiles, empresariales y religiosos, que buscaron justificar la escalada de violencia por razones ideológicas, políticas y económicas, para sustentarse en el poder.

En el breve informe presentado sobre la "Complicidad del Poder Económico con la Dictadura: El caso Mercedes Benz", se pone en evidencia lo antedicho, o como bien lo señala el mismo: "La coyuntura existente en la República Argentina en la década del 70 brindaba el marco propicio para que los grandes intereses económicos pudieran sacar provecho sin importar los medios, convirtiéndose en muchos casos, en colaboradores del Estado ante una sistemática violación de los derechos humanos".

Varias empresas actuaron con total y absoluto desprecio a la vida humana, privilegiaron sus intereses económicos por sobre el pueblo; como la complicidad de dirigentes sindicales entre los que se menciona a José Rodríguez, dirigente de SMATA, y de empresas como la Mercedes Benz, y la complicidad de dirigentes políticos, entre los que se menciona a Carlos Ruckauf, entre otros.

No puedo dejar de señalar a la Empresa Ledesma de la Provincia de Jujuy, que utilizó los camiones de la empresa para el secuestro de personas.

Estos hechos ponen en evidencia la complicidad de quienes debieran salvaguardar la vida de los trabajadores, y terminaron siendo cómplices abiertos o encubiertos de la dictadura militar. Todo opositor era objeto de sospecha, cuando no acusado de subversivo y pasible de ser detenido y desaparecido.

A varios años de esa etapa siniestra, las heridas continúan abiertas, como bien lo señala Eduardo Galeano, en las Venas Abiertas de América Latina.

Hoy las instancias en el país están cambiando; se ha logrado la nulidad de las leyes de impunidad de Punto Final y Obediencia Debida, la decisión política del gobierno aceleró el reclamo de siempre de los organismos de derechos humanos.

Falta sin embargo la decisión de la Corte Suprema de Justicia de determinar la nulidad absoluta de las leyes de impunidad y poder avanzar en el país en los juicios de crímenes de lesa humanidad.

La búsqueda por la Verdad y la Justicia a continuado todos estos años, los familiares de las víctimas, al ver negados sus derechos con la implantación de la impunidad jurídica en la Argentina; han recurrido a la Justicia en Alemania, Francia, España, Italia, Suecia.

En Alemania se constituyó la "Coalición contra la Impunidad", para llevar a cabo los juicios, radicando los familiares una causa en la Fiscalía de Nuremberg, a quienes he acompañado en sus derechos.

Al salir a la luz los acontecimientos vividos en la Argentina a través de los testimonios de los familiares de alemanes desaparecidos; muchos accionistas alemanes de la empresa DaimlerChrysler, han reaccionado y reclamado una comisión de investigación para determinar las responsabilidades.

Debe quedar en evidencia que la búsqueda de la verdad y la justicia no es buscar venganza, ni revanchismos, ni intereses políticos que atenten contra la ética y los valores humanitarios. Los crímenes de lesa humanidad no deben quedar impunes. Es necesario avanzar en lograr que la justicia determine las responsabilidades de quienes fueron cómplices de la dictadura militar.

La Empresa DaimlerChrysler, Mercedes Benz en Argentina, debe asumir su responsabilidad y trabajar para la clarificación y búsqueda de la Verdad; es el mejor de los caminos a seguir. Vanos como un paso positivo la formación de una comisión investigadora que permita determinar las responsabilidades de quienes fueron cómplices de la dictadura militar Argentina.

El informe presenta un análisis de los hechos, los aspectos jurídicos y testimonios; como informes sobre la desaparición de personas.

La pérdida de vidas humanas es la tragedia mayor que aún duele a las conciencias. Uno de los hechos que señala el informe debe llamar la atención de los accionistas de Mercedes Benz Daimler-Chrysler. La empresa era una de las más importantes del país y proveedora del Ejercito Argentino, quien compraba los camiones Unimog. La empresa se vio beneficiada utilizando el régimen de seguro de cambio y los avales. Los costos de dichas operaciones fueron asumidos por el Estado Argentino y hoy forman parte de su deuda externa. El informe hace referencia al Dr. Alejandro Olmos, según consta en la Causa No.14.467, señalando que la empresa Mercedes Benz se vio favorecida en la suma de 92 millones de dólares.

Las responsabilidades de la empresa Mercedes Benz, como de varias otras empresas, cómplices de la dictadura militar, deben ser investigadas y sancionadas de acuerdo al derecho y las leyes vigentes en Alemania o en la Argentina.

Familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos, organizaciones de las iglesias, vienen trabajando por restituir los derechos de Verdad y Justicia.

La memoria es historia de la Vida y Vida de la memoria.

Reparar el daño hecho a la sociedad es comenzar a vislumbrar nuevas esperanzas.

Un antiguo proverbio sefardí dice:

"La hora más oscura, es cuando comienza el amanecer".

Adolfo Pérez Esquivel
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2003

"La complicidad del poder económico con la dictadura: el caso Mercedes Benz".

Introducción.

1 - Fuente: CONADEP

El actual contexto mundial permite que empresas de alcance global tengan una importante injerencia sobre las responsabilidades de los Estados frente a los derechos humanos. Asuntos relacionados con el medio ambiente, la salud, las prácticas de empleo y el sostén de regímenes corruptos y autoritarios, entre otros, suelen estar íntimamente ligados al accionar de dichas empresas. A la mayoría de estos casos los encontramos en los países con menor desarrollo, donde las necesidades básicas están insatisfechas y las instituciones son "por lo general" débiles.

La coyuntura existente en la República Argentina en la década del '70 brindaba el marco propicio para que los grandes intereses económicos pudieran sacar provecho sin importar los medios, convirtiéndose en muchos casos, en colaboradores del Estado ante una sistemática violación de los derechos humanos. Luego del golpe de Estado de marzo del 76, la política económica del gobierno de facto se caracterizó por un fuerte aumento en el presupuesto militar y por un incremento sin precedentes de la deuda externa, generando al mismo tiempo una aguda crisis social y el enriquecimiento de un reducido grupo de privilegiados proveedores del Estado cercanos al poder. A estas circunstancias hay que agregar que el ejercicio del derecho a huelga se vio enérgicamente prohibido, otorgándole a los empresarios la tranquilidad suficiente para desarrollar políticas de ajuste ignorando los derechos de los trabajadores. Aquel trabajador que se atreviera a luchar por sus derechos, corría el riesgo de ser simplemente denunciado por las direcciones de las empresas como activista de izquierda, lo que equivalía a su condena a muerte. Aproximadamente el 30% de obreros desaparecidos,1 fueron obreros de la industria nacional. El sustento ideológico de este accionar queda reflejado en el decreto secreto 504/77 del ejecutivo nacional, el cual estipulaba que: "El ejército actuará en acuerdo con los órganos estatales en estas áreas sobre las empresas industriales y estatales, para neutralizar las situaciones conflictivas surgidas entre empresarios y trabajadores, que han sido provocados por la subversión o pudieron ser utilizados por esta, para evitar de esta manera agitaciones subversivas y acciones de las masas, aportando eficazmente al funcionamiento del aparato productivo del país."

Como uno de los complejos industriales más grandes e importantes del mundo, el consorcio Daimler - Chrysler tiene una significativa presencia en muchos países entre los que se encuentra la Argentina, donde ha desarrollado una intensa actividad desde 1951. La filial local de esta empresa (Mercedes Benz Argentina, en aquella época) está siendo hoy objetada por su accionar durante la nefasta dictadura militar que sufrió nuestro país entre 1976 y 1983. Así es, distintos procesos judiciales se están llevando a cabo en la Argentina y en Alemania simultáneamente. Los mismos intentan probar la connivencia de la empresa en el secuestro y desaparición de al menos quince de sus empleados de la planta de González Catán durante el transcurso de los años 1976 y 1977.

Tanto en el ordenamiento interno como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, nuestro derecho a una efectiva búsqueda de la verdad se presenta inseparable de nuestro derecho a la justicia. Así entonces la determinación de la verdad se constituye como un fin inmediato de todo proceso judicial, convirtiéndose en el medio para alcanzar el más amplio derecho a la justicia. La impunidad ante las violaciones de los derechos humanos nos afecta a todos, el combatirla nos va a permitir evitar nuevos quebrantamientos de esos derechos. La obtención de justicia para las víctimas y la condena de los culpables, incluidos sus cómplices y colaboradores, son factores primordiales para lograr una efectiva protección y promoción de los Derechos Humanos. Cabe aclarar que los delitos como las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la detención arbitraria prolongada, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y comprometen ampliamente al Estado responsable a reparar los daños causados.

LOS JUICIOS.

En Alemania.

En septiembre de 1999 es radicada en la fiscalía de Nuremberg una causa judicial contra los dos ex - miembros de la junta militar que aún vivían y que ejercían el mando en los primeros años del proceso, el entonces Comandante en Jefe del Ejército Jorge Rafael Videla, y el entonces Comandante en Jefe de la Armada Emilio Eduardo Massera; también contra el entonces gerente de producción de la fábrica situada en González Catán, el ciudadano alemán-argentino Juan Rolando Tasselkraut y contra otros responsables de la empresa en la filial argentina.

La demanda fue iniciada por el abogado berlinés Wolfgang Kaleck en representación de la Dirección Federal de la Asociación Republicana de Abogados y Abogadas (RAV). La denuncia pena por asesinatos, secuestros y lesiones graves fue rechazada por la fiscalía solo en la causa contra los directivos de la casa central de Daimler - Chrysler en Untertürkheim, Alemania, abriendo un sumario contra los demás demandados. En diciembre de 2002 el abogado alemán solicitó la captura internacional de Tasselkraut.

La competencia de la justicia germana radica en la nacionalidad alemana del acusado Tasselkraut (principio de personalidad activa, según el código alemán). De acuerdo con el abogado W. Kaleck "desde el comienzo la idea era que no se tratara de casos individuales ni de excesos de unos militares, sino de un proyecto político económico... tuvimos que empezar por casos individuales porque la Justicia alemana no está acostumbrada a este tipo de causas". La causa lleva el número 407 Js 41063/98.

El caso no solo ha motivado la intervención de la justicia alemana, además ha provocado la reacción de un grupo de accionistas del gigante industrial. La entidad que los agrupa, la "Asociación de Accionistas Críticos de Daimler - Chrysler" (KADC), junto con la "Coalición contra la Impunidad", organismo que impulsa en Alemania un proceso penal contra las dictaduras argentina y chilena, han solicitado a la dirección del consorcio automotor en una asamblea general, que preste toda su colaboración a la fiscalía de Nuremberg, y que nombre una comisión para determinar las responsabilidades que pudo tener la empresa sobre los hechos denunciados. La propuesta incluía el nombramiento del Premio Nobel de la Paz (1980), Adolfo Pérez Esquivel, para encabezar la investigación. De igual modo reclamaron una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el pago del rescate por un directivo que fuera secuestrado por montoneros, y que dejara fundadas sospechas sobre el paradero del dinero.

La petición fue finalmente aceptada en abril de 2002. Daimler - Chrysler rechazó la propuesta de nombrar a Pérez Esquivel como "no objetivo" y también al obispo alemán luterano, Helmut Frenz, durante años secretario general de "Amnistía Internacional". La empresa decidió impulsar la creación de una Comisión de investigación, con el objetivo de determinar las responsabilidades que le habrían cabido a los ejecutivos de la firma, en la desaparición de un grupo de sindicalistas de la filial de la Mercedes Benz en la Argentina, durante el transcurso de los años 1976 y 1977. La mencionada Comisión estará presidida por el jurista alemán Christian Tomuschat, quien detentará la responsabilidad de averiguar la presunta colaboración de la empresa con el gobierno de facto en la violación de los derechos humanos. La responsabilidad de la compañía consiste ahora en permitirle a la Comisión indagar en sus archivos y recabar información de sus directivos. Si bien no existe límite de tiempo, se estima que la investigación durará entre uno y dos año.

También el poderoso sindicato alemán que aglutina a los trabajadores de Daimler - Chrysler, IG Metall, se expresó al respecto firmando una resolución de protesta sobre las responsabilidades de la empresa en la desaparición de los obreros en la Argentina. "Es evidente que los directivos de la Daimler Benz AG colaboraron con la dictadura argentina para entregar a delegados obreros de la empresa al terror", manifestó el apoderado de IG-Metall en Stuttgart, Juergen Stamm.

En Argentina.

En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, por resolución NQ 18/98 del 21 de abril de 1998, vista la presentación efectuada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de dicha ciudad ante la Cámara Federal de La Plata, dio comienzo el Juicio por la Verdad.

Los aberrantes crímenes del terrorismo de Estado acaecidos durante el último proceso militar en la Argentina, motivaron un sin número de denuncias efectuadas por los familiares de las víctimas. Fue entonces la Cámara Federal de la Capital quien en cumplimiento del Dto. 158/83 se avocó al juzgamiento de los delitos consumados por los miembros de las tres primeras juntas de la dictadura, para lo cual requirió la remisión de todas las causas relacionadas con las violaciones a los derechos humanos. Por este motivo se enviaron desde la jurisdicción de La Plata muchas causas conformes al caso.

La gran mayoría de las causas no fueron analizadas. La Fiscalía solo seleccionó ciertos casos y basándose en ellos, en diciembre de 1985, la Cámara Federal dictó sentencia condenando a los acusados. Este hecho, sumado a la sanción de las leyes 23.492 (de Punto Final) y 23.521 (de Obediencia Debida) cerraron en principio toda posibilidad de reabrir las causas ignoradas.

Ahora bien, si estas leyes de pseudo amnistía, añadidos a los decretos de indulto para los genocidas y al principio de non bis ídem, según el cual dos órganos no pueden ocuparse de un caso relativo a las mismas personas, las mismas cuestiones y los mismos motivos de la acción, imponen un verdadero obstáculo para procesar y sancionar penal mente a los responsables, sigue siendo imperturbable la obligación del Estado de indagar y revelar la verdad a los familiares de las víctimas y a la sociedad toda. En tal sentido se expidió la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal en la causa "Lapacó Carmen Aguiar de s/presentación en causa Nro. 450" diciendo: "El derecho a la verdad, en este caso, no significa otra cosa que la obligación por parte del Estado de proporcionar todos los mecanismos que están a su disposición para determinar el destino final de los desaparecidos entre los años 1976 y 1983. Es así, la obligación del Estado de reconstruir el pasado a través de medios legales que permitan descubrir la realidad de lo sucedido y de esta manera dar una respuesta a los familiares y a la sociedad, es incuestionable desde el punto de vista de la finalidad perseguida por el procedimiento penal".

Esta obligación del Estado de descubrir y divulgar la verdad referida a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar, no es imperativa a ninguno de sus tres poderes en particular, mientras se le dé cumplimiento. Pero ante la inacción manifiesta del poder político toca a la justicia darle real ejecución. Es al Poder Judicial a quien debe corresponder garantizar en última instancia los derechos de las personas. Deberíamos entender aquí por Poder Judicial al conjunto de jueces, fiscales, abogados y fuerzas de seguridad que, en toda sociedad que se precie de democrática, deben indefectiblemente estar al servicio de la Constitución. También es al Poder Judicial a quien atañe la tarea de incorporar de forma efectiva las normas internacionales al derecho interno. En tal sentido debemos tener presente que la Argentina es un Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que su órgano de interpretación, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha expresado que las leyes de amnistía son incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado. De igual modo cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció mediante el informe 28/92 la incompatibilidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y de los decretos de indultos con la Convención Americana de Derechos Humanos, exhortando al gobierno argentino a esclarecer los asesinatos y desapariciones forzosas.

Por todo lo arriba expuesto es que la Cámara Federal de La Plata dio curso a la causa iniciada por la A.P.D.H. de La Plata, incluyendo a la de los desaparecidos de la Mercedes Benz, con el solo fin de hacer efectivo el derecho a al verdad, sin que las resultantes de la investigación sean homologables a un proceso penal.

Por otra parte, y siguiendo la misma finalidad de lograr justicia para los damnificados, familiares de operarios desaparecidos, presentaron durante el pasado año ante la Justicia Federal una querella por asociación ilícita y homicidio, involucrando al ex ministro, ex diputado, ex vicepresidente, ex gobernador y ex canciller Carlos Ruckauf, al secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) Joffi Rodríguez, a ex directivos de la automotriz y a los responsables militares. Los demandantes están patrocinados por el abogado Ricardo Monner Sans. La denuncia penal quedó radicada en el Juzgado Federal NQ 3 que subroga Rodolfo Canicoba Corral, y se funda en la investigación desarrollada por la periodista alemana Gabriela Weber, en la cual se involucra a los acusados en distintas maniobras tendentes a "terminar con la subversión" en las fábricas.

Pero la búsqueda de respuestas por parte de los familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas de la Mercedes Benz comenzó mucho antes. A fines del año 1979, y por la inacción manifiesta de las autoridades ante sus demandas particulares, se le envió a los dirigentes del SMATA ya los dirigentes de la Conducción Única de Trabajadores Argentinos (CUTA) una petición para que reclamen ante quien corresponda, el esclarecimiento de las desapariciones de sus seres queridos. De igual modo, a seis años de producidas las primeras desapariciones, y con el objeto de lograr la solidaridad de los trabajadores germanos para con los familiares de las víctimas en su incesante demanda de justicia, un grupo de esposas de los obreros desaparecidos se dirigió al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para que interponga sus buenos oficios ante la organización que agrupa a los trabajadores de la sede central de la empresa en Stuttgart y ante la Central Obrera de la República Federal de Alemania.

Las Víctimas.

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Este documento ha sido publicado el 08dic03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights