Paz, bienestar social, reforma agraria y soberanía nacional
Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos.
IX Foro Nacional por los Derechos Humanos
Celebrado en Bogotá los días 8, 9 y 10 de junio de 2000
CONVOCATORIA
NOVENO FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
8, 9 y 10 de junio de 2.000
Biblioteca Luis Ángel Arango
Santa Fe de Bogotá
Lema : Paz Nacional, Bienestar Social, Reforma Agraria y Soberanía .
I. Antecedentes
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos fue constituido en el primer Foro Nacional de
Derechos Humanos realizado en Bogotá los días 30 - 31 de marzo y 1 de abril de abril de 1.979, como respuesta de
distintos sectores de la sociedad colombiana a la suspensión arbitraria de las libertades públicas,
aplicación de
medidas represivas violatorias de los derechos humanos por parte del gobierno del Presidente Julio Cesar Turbay
Ayala, en desarrollo del denominado "Estatuto de Seguridad Nacional", con el cual se prosiguió el desconocimiento
de los derechos fundamentales de las grandes mayorías nacionales, a la vez que se estimuló el incremento de la
confrontación armada en el país.
El Comité cumplió 21 años de fundado. Hemos realizado ocho Foros, cuya importancia se ha expresado en
la
respuesta popular contra las violaciones a los derechos humanos, la presencia internacional, el profundo estudio de
los problemas nacionales, el pluralismo de los participantes en la lucha por objetivos comunes hizo que el Foro
Nacional de Derechos Humanos se constituyera como la máxima instancia consultiva y programática, donde se
examinan la situación de los derechos humanos en cada momento histórico, los principales problemas nacionales,
las alternativas de solución; se establecen las orientaciones de trabajo del Comité para un período
determinado y se
elaboran propuestas que son presentadas a diversas instancias del Estado y a las organizaciones sociales del país,
buscando contribuir en la solución de diferentes conflictos.
La negación de los Derechos Humanos en Colombia :
La oficina de estadística oficial ha manifestado que existen en la actualidad entre 16 y 21 por ciento de
trabajadores
cesantes, sin contar la cantidad de estudiantes y escolares que no gozan de las fortunas necesarias para una
educación continuada.
Forman una vasta corriente de opinión los desplazados de sus hogares y sitios de trabajo por la expulsión de
que
son víctimas, sobre todo por grupos de autodefensa, y que forman una corriente humana de más de dos millones de
personas. Los refugiados andan en todas partes del país y viven a la intemperie, sin trabajo ni remuneración de
ninguna especie. Ellos viven como pueden pues no hay en Colombia una entidad contra el desamparo y la
indigencia.
En 1998 una entidad internacional, el Tribunal de Opinión Pública formado por civiles y religiosos
católicos
celebraron en Barrancabermeja una sesión oficial por el asesinato en esa ciudad de veinticinco personas cuyos
cadáveres fueron ocultados. La sentencia tuvo el carácter de un voto unánime para ventilar este
asunto. El caso
más patente de abandono de una región colombiana es del Juradó en Urabá, cuyos habitantes han
protestado por la
inseguridad reinante en la región. El desamparo de la población ha sido tal que muchos habitantes resolvieron
adoptar la nacionalidad panameña y pasar la frontera de esta nación.
Otro de los temas centrales de la inseguridad de las personas en Colombia es del sector obrero y campesino.
Cuando se registra en el país la existencia de una rata de desocupación que hemos anotado anteriormente, ello
equivale a plantear el desamparo de una vasta clase social, falta de remuneración adecuada por el trabajo urbano y
campesino.
Tanto más es justificada esta reclamación por el alza de salarios de un 15 % mensual para los altos empleados
públicos del Estado y congresistas, con un porcentaje inferior para los trabajadores de baja categoría. La gran
mayoría de asalariados han sido afectados por la congelación de salarios de la política oficial.
A la insuficiencia de salarios se añade la falta de garantías de estabilidad de los trabajadores urbanos y
rurales. A
ello se añade que numerosos trabajadores y empleados del sector privado se vean despedidos por la situación
económica del país.
Esta inmensa crisis del sector obrero y campesino de Colombia debido a la insuficiencia en la remuneración del
empleo lleva a la organización de continuas manifestaciones públicas de protesta del gremio laboral en el
país.
En Colombia se registran masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, atentados, amenazas contra
dirigentes sindicales, comunales, políticos, profesores universitarios y defensores de los derechos humanos.
Ejemplos terribles han sido las masacres de Mapiripán, la Gabarra y El Salado. Existen secuestros de ciudadanos
nacionales y extranjeros sin conexión ninguna con la profesión política de sus miembros, con el deseo de
extraer
grandes sumas de dinero por parte de los autores de este delito. Es así como en 1.999 el grupo insurgente ELN
efectuó el secuestro de un avión de pasajeros que cubría la línea entre Bucaramanga y
Bogotá, lo mismo que a
todos los asistentes a una iglesia de la ciudad de Cali y por último a unos ciudadanos que practicaban el deporte de
la pesca cerca de Barranquilla. Ninguno de estos hechos suscitó proceso alguno.
Los crímenes atribuidos a los escuadrones de la muerte están en auge, en medio de la inacción de las
autoridades
que dicen perseguirlos. Los informes sobre Derechos Humanos señalan la complicidad de sectores de las fuerzas
militares y de policía con el paramilitarismo como una de las mayores causas de la impunidad en Colombia.
Los colombianos relacionados con la investigación de los derechos humanos fueron objeto de una muerte violenta.
Es así como el asesinato afectó a Héctor Abad Gómez y Jesús María Valle, directores
de la Seccional de Derechos
Humanos en Medellín. El abogado Josué Giraldo, presidente del Comité del Meta, asesinado en
Villavicencio. Así
mismo el abogado Eduardo Umaña Mendoza quien atendía casos de reclamación de índole
político. El
Vicepresidente de la CUT Jorge Ortega, lo mismo que el profesor de la universidad nacional Jesús Antonio
Bejarano, los investigadores de Derechos Humanos del CINEP en Bogotá Mario Calderón y Elsa Alvarado y por
último, el más sonado de estos casos de homicidios fue el del conocido humorista Jaime Garzón. Numerosos
dirigentes sindicales y líderes comunitarios han sido muertos en el marco de luchas sociales legítimas.
El senador Hernán Motta Motta y la exconcejal de Bogotá, Aída Abella, miembros del
Comité Permanente, debieron
asilarse en Europa por amenazas a sus vidas. Conviene añadir a la lista el caso del periodista Francisco Santos de
la redacción de "El Tiempo" autor de un movimiento de rechazo de la guerra con mucho éxito en sus constantes
manifestaciones con el grito de "No Más" quien fue objeto de amenazas que lo obligan a abandonar el país junto
con el presentador de televisión, Fernando González Pacheco.
Un mensaje del Instituto Internacional de Prensa publicado en Medellín por el periódico "El Mundo" del 14 de
marzo
del 2.000 nos dice que Colombia, Rusia y Sierra Leona son los países con más grave balance en los Derechos
Humanos. Según este informe publicado en Viena "una vez más Colombia con 7 víctimas de personas que
trabajan
para los medios de comunicación, apareció como el país más peligroso de América Latina. La
muerte y la
difamación volvieron a azotar la profesión "16 periodistas fueron secuestrados y posteriormente
liberados".
El informe al cual nos referimos anteriormente afirma que "muchos otros fueron amenazados, acosados o atacados
físicamente por funcionarios corruptos, traficantes de droga y otros elementos criminales que tratan de impedir que
los medios de comunicación ejerzan su profesión".
Hemos previsto la designación de cuatro ponentes destinados a la ordenación del trabajo de este Foro a
saber:
1. Augusto Ramírez Ocampo: Ponente del primer grupo de trabajo. La primera Comisión
está destinada a
examinar la Agenda de Paz en discusión entre el gobierno y los grupos insurgentes ; a considerar las denuncias de
las violaciones de los derechos humanos ; al estudio y solución de los continuos asesinatos y secuestros de
personas ; al sabotaje al oleoducto Caño Limón - Coveñas y a las torres de conducción
eléctrica primordialmente en
Antioquia ; al continuo ataque de las poblaciones colombianas por la guerrilla ; y al cese de los ametrallamientos
nocturnos de áreas urbanas por el llamado "avión fantasma" de la Fuerza Área Colombiana. Ello sin contar
las
infracciones individuales a los derechos humanos.
2. Luis Eduardo Garzón - Presidente de la CUT: Ponente de la segunda comisión. La segunda
comisión está
destinada al estudio y solución de los problemas que afectan a los obreros urbanos y campesinos por lo que hace a
sus condiciones de trabajo lo mismo que a la cesantía y pensión de jubilación, lo mismo que a los efectos
de las
medidas en curso acordadas por el Estado con el Fondo Monetario Internacional. Esta comisión estudiará con base
en la ponencia respectiva, los motivos por los cuales se han registrado múltiples huelgas y paros de obreros y
campesinos del país.
3. Darío Fajardo Montaña : Ponente de la tercera comisión.
Expondrá el problema agrario en el país y la
necesidad de contemplar una redistribución de la propiedad y un nuevo ordenamiento del territorio acorde con un
proyecto nacional para el desarrollo del agro, en función de la paz con justicia social.
4. Alfredo Vázquez Carrizosa - Presidente del Comité permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos
presentará a la consideración del Noveno Foro por los Derechos Humanos un proyecto de Reforma Agraria, basado
en la propiedad del Estado sobre la tierra y los adjudicatarios de los fondos deberán cultivar productos destinados al
consumo en el país, con exclusión de la coca y la amapola. Este proyecto se destina a los territorios de las
antiguas
intendencias y comisarias, o sea, Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Putumayo Urabá y Vichada.
5. Ricardo Vargas, Ponente sobre el tema de la Lucha Antinarcóticos, Derechos Humanos y
Paz. Tratará las
implicaciones de la actual política frente a las drogas en su incidencia en el proceso de búsqueda de la paz y
su
significado para los derechos humanos, el medio ambiente y la biodiversidad.
Los ponentes podrán reunirse, previamente al IX Foro, con organizaciones, grupos y personas interesadas en
aportar a la discusión. Los participantes en el Foro en nombre propio de las organizaciones que representan,
podrán
presentar ponencias sobre los temas propuestos.
